CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- Nadia Alejandra Muciño Márquez fue asesinada en 2004 por su pareja, Bernardo López, y su cuñado Isidro, ‘El Matute’, enfrente de sus hijos de cinco, cuatro y dos años de edad.
A 13 años del crimen, ninguno ha recibido sentencia, no hay peritos disponibles para validar el asesinato y el Estado aún no responde a la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos (CIDH) en qué situación se encuentra el caso.
El crimen cometido el 12 de febrero de aquel año en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, durante el gobierno de Arturo Montiel, fue denunciado por Antonia Márquez, madre de Nadia, pero desde que inició la investigación, estuvo llena de irregularidades.
Tras levantar el cuerpo de Nadia del cuarto de baño de su casa, con una soga al cuello colocada por los asesinos, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) determinó que se había suicidado.
En octubre de 2010, ante el nulo avance en las investigaciones, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), junto con la familia de la víctima, presentaron una denuncia ante la CIDH.
En agosto de 2016, la organización internacional otorgó un plazo de tres meses al Estado mexicano para que informara sobre la situación del caso. Hasta el momento, vencido el plazo, el gobierno no ha dado ninguna respuesta, asegura en entrevista Viviana Muciño, hermana de Nadia.
La CIDH pidió al Estado dar a conocer las acciones que se realizaron ante las denuncias previas que Nadia interpuso contra Bernardo, en 2003, cuando el hombre la golpeó y privó de la libertad durante seis días. También demandó que se revisara la investigación contra Isidro ‘El Matute’, quien fue puesto en libertad el 5 de febrero de 2010 por los magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, “al no acreditarse el cuerpo del delito”.
Desde ese año, los magistrados adscritos a esa Sala, Alfonso Velásquez Estrada, Gloria Guadalupe Acevedo Esquivel y Rodolfo Antonio Becerra Mendoza, cuentan con una demanda por dictar ese fallo, que aún sigue en pie.
Lo mismo ocurre con la denuncia en contra de los exfuncionarios de la PGJEM, Emmanuel Vilchis Sandoval, Armando Lozano Coronel, Michel Aceff Sánchez, Jorge Riego Vázquez y José Escárcega Hernández, por las irregularidades y posibles delitos cometidos en la investigación del homicidio de Nadia.
“Sabemos que los tiempos de la Comisión son muy tardados, pero era la única opción que nos quedaba, porque no podíamos dejar que el asesino de mi hermana estuviera libre. Esperamos que la Comisión diga que este juicio no se llevó bien y se tiene que volver hacer”, comenta Viviana.
Juego perverso
La madre de la víctima, María Antonia Márquez, quien se ha convertido en investigadora y activista a raíz del asesinato de su hija, no ha dejado en ningún momento de reclamar justicia, y en 2005 logró que se ampliaran las investigaciones para comprobar que Nadia no se suicidó, sino que fue asesinada por su pareja.
Pero desde 2012, cuando fue detenido, a Bernardo López no s ele ha dictado sentencia, dado que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México aún no cuenta con los peritos necesarios para dictaminar que Nadia no cometió suicidio. “Me dijeron que tendrá que pedirlos a la Secretaría de Salud, y nosotros le estamos pidiendo al Tribunal que sea una especialista, no necesitamos cualquier doctor o doctora”, resalta la entrevistada.
Hasta el momento, la familia ha asistido a seis audiencias y faltan dos con peritos especializados en medicina legal y criminalística para dictaminar la sentencia. No obstante, el Tribunal sigue difiriéndolas por la falta de personal, además de que tres peritos han renunciado al caso sin que reconozca el motivo.
“Seguimos en lo mismo, es un cansancio que se sigan difiriendo las audiencias. Ya llevamos 13 años de lucha constante que tenemos con el Estado mexicano. Se tocan puertas, no te hacen caso, te mandan de un lado para otro. Mi mamá lo que dice es que la Procuraduría tiene un juego perverso, ellos lo que quieren es el cansancio de todos los familiares para abandonar el caso”, lamenta la hermana de la víctima.
De acuerdo con familiares y abogados, el caso de Nadia es una muestra de las anomalías que persisten en las averiguaciones. Y es que desde el momento en que las autoridades de la PGJEM recogieron el cuerpo, omitieron recaudar las pruebas del crimen, no resguardaron los objetos de la escena, tampoco hicieron una inspección completa del lugar y mucho menos tomaron fotografías, sólo del cuerpo de Nadia.
Al marcharse del lugar donde se cometió el asesinato, las autoridades no cerraron la puerta, ni se aseguraron de resguardarlo.
El 26 de febrero de 2004 regresaron a la casa para hacer una ampliación de la inspección ministerial, pero no pudieron ingresar porque la chapa había sido cambiada y varios objetos quemados.
Viviana asegura que su familia no dejará de luchar hasta encontrar justicia para su hermana. “No podemos dejar que al menos el nombre de mi hermana se quedé así. No podemos dejar que digan que mi hermana se suicidó, porque no fue así. Queremos que esas personas que la asesinaron sean condenadas. No puede ser que ellos queden libres y hagan lo mismo con otras personas”.
Comenta que los hijos y la hija de Nadia tienen ahora 18, 17 y 15 años de edad, respectivamente, y ninguno recibe el beneficio de alguna beca y tampoco tienen seguridad social, por lo que la abuela y otros familiares cubren el costo de las terapias que reciben desde que atestiguaron el asesinato de su madre.
“Hay que buscar el apoyo de organizaciones para que ellos estén bien. Esperemos que sigan con la universidad”, dice Viviana.
En 2011, María Antonia vendió su casa en el municipio de Nicolás Romero, bajo la promesa de que se le entregaría un crédito para una vivienda, pero nunca recibió los recursos y tuvo que cambiarse tres veces de domicilio, ante las amenazas que recibió de la familia de Bernardo López.
María Antonia sigue con sus trabajos de costura y bordado con que se gana la vida, y sigue luchando por hacerle justicia a Nadia. Su otra hija, Viviana Muciño, es ahora integrante del Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México (Mexfem), que monitorea los casos de feminicidio en la entidad y acompaña a familiares de las víctimas.“No quiero ni una asesinada más, ni una Nadia más”, apunta.
El Observatorio informó que en 2016 se reportaron 263 casos de posibles feminicidios en el Estado de México, y en lo que va del año han contabilizado 17.
