TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis (apro).- A cinco años del desplazamiento forzado de un grupo de 21 personas, la mayoría mujeres y niños, así como la desaparición forzada de un indígena, las autoridades gubernamentales mantienen en la vulnerabilidad los derechos de este grupo tseltal de los Altos de Chiapas.
Desde hace cinco años, un grupo que ha crecido ahora a 21 personas, se mantienen en un albergue improvisado esperando que las autoridades municipales, estatales y federales gestionen su retorno al poblado de Banavil, municipio de Tenejapa, de donde fueron expulsados y donde también sufrieron la desaparición de Alonso López Luna.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (Frayba) documentó en abril de 2012, que la familia de Alonso López Girón, tuvo que salir de sus casas por las agresiones de integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la misma comunidad de Banavil, esto el 4 de diciembre de 2011.
En aquella ocasión, cerca de 50 personas, con palos y armas de fuego rodearon el lugar y sacaron a golpes a Alonso López Luna, de quien se desconoce su paradero. Ese mismo día, Lorenzo López Girón recibió un primer disparo del lado derecho del pecho y luego otro proyectil a la altura de la ingle, por lo cual fue trasladado al hospital de Las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, donde fue detenido por policías estatales, con la acusación de lesiones calificadas.
Ante amenazas de muerte y por temor de daños en su integridad, la familia se desplazó de manera forzada a San Cristóbal de Las Casas, donde actualmente sobreviven en condiciones inhumanas y precarias, sin posibilidades de rehacer su proyecto de vida ni los medios necesarios para el sustento diario.
“Especialmente preocupante es la situación de las mujeres, niñas y niños, quienes carecen de alimentación adecuada y servicios de salud, así como de educación. El 21 de febrero de 2013, a consecuencia de padecer vulnerabilidad en desplazamiento forzado, la niña Antonia López Girón murió a la edad de 11 años”, dijo el Frayba.
Este centro señaló que ha realizado constantes intervenciones públicas y privadas ante distintas instancias de los gobiernos de Chiapas y Federal, para exigir se atiendan las demandas de las familias desplazadas forzadas de la comunidad de Banavil.
En reunión con autoridades federales, el 7 de marzo de 2016, solicitó se designé una comisión de especialistas por parte de las instituciones del estado, para una búsqueda e investigación minuciosa y urgente en los alrededores del lugar de la agresión, donde se presume que pueda estar el señor Alonso López Luna; accionar mecanismos interinstitucionales en los tres niveles de gobierno, para generar las condiciones del retorno definitivo con seguridad; así como cumplir con la reparación integral de daños a las víctimas del desplazamiento forzado de Banavil.
Sin embargo, a la fecha no han dado seguimiento a los compromisos adquiridos por los gobiernos del estado de Chiapas y federal, al contrario han actuado de manera ineficiente, con nulos resultados en la investigación de los hechos del día 4 de diciembre de 2011 y sin justicia en las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante los cinco años del desplazamiento forzado.
“Lo anterior trae como consecuencia la impunidad que ubica en riesgo a la vida, integridad y seguridad personal a las personas desplazadas a quienes no se les ha garantizado sus derechos humanos y, por consiguiente, el acceso a la justicia”, expuso el Frayba.
En tanto, exigió que se realicen las investigaciones serias, prontas y expeditas para dar con el paradero de Alonso López Luna, con la colaboración de peritos de la Procuraduría General de Justicia.
Que se genere condiciones para el retorno con seguridad de las actualmente 21 personas desplazadas forzadamente, así como garantizar las tierras y sus derechos colectivos como integrantes del pueblo indígena tseltal. Que se garantice los derechos a la vida, integridad y seguridad personal de las y los integrantes de las familias desplazadas forzadas de Banavil.
Demandó también que se cumpla con la reparación integral de daños de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y por los robos y daños de sus casas, con base a la denuncia penal ante la Fiscalía Indígena de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas.
Que se proteja los derechos humanos e indígenas de las personas desplazadas, especialmente de niñas, niños y mujeres, debido a las condiciones de vulnerabilidad y que se implementen medidas de no repetición de los hechos.
