MONTERREY, NL (apro).- El despacho de abogados de Roberto Martínez regresó al ayuntamiento regiomontano 7.5 millones de pesos que desembolsó la anterior alcaldesa panista Margarita Arellanes para que la defendiera, junto con otros exfuncionario, cuando dejara su función en el municipio, dio a conocer el actual edil priista Adrián de la Garza Santos.
Por esta erogación Arellanes Cervantes fue vinculada a proceso el 5 de julio pasado por una juez de control, quien la encontró probable responsable del delito de ejercicio abusivo de función.
De la Garza aclaró que, pese al reembolso, el municipio insistirá en que se le siga el proceso penal a quien fuera presidenta municipal de Monterrey en el trienio 2012-2015.
“El día de hoy se terminó de finiquitar ese asunto en particular, fue entregado el cheque correspondiente, fue recibido, depositado el monto exacto de lo erogado en el contrato. Pero hay que ver que primero es la restitución del dinero y que no nos estamos desistiendo de las acciones penales”, explicó De la Garza al terminar la sesión de cabildo de este martes.
El alcalde priista, quien era procurador estatal en el pasado sexenio, explicó que tras la reparación del daño esperará que el juez de control determine la cantidad precisa que debe ser pagada y, si está por debajo de lo que se entregó, el ayuntamiento reclamará el faltante.
También consideró que el reembolso fue “un muy buen acuerdo” para el municipio, pues de otra forma tendría que esperar a que terminara el proceso, que podría alargarse un tiempo considerable por recursos de amparo a los que podría apelar la parte acusada.
El edil explicó que la cantidad recuperada ingresará al fondo general del municipio y será el tesorero el que asigne esa cantidad a obras relacionadas con servicios públicos, que son prioritarias para la ciudad.
Luego de ser acusada por pagar indebidamente al despacho de abogados, Arellanes se defendió mediante la tramitación de una serie de juicios de amparo para evitar que la Fiscalía Anticorrupción promoviera su vinculación a proceso.
Finalmente, el 14 de noviembre anterior un juez federal concedió la protección a la exalcaldesa, junto a su exsíndico segundo Irasema Arriaga Belmont, al determinar que habían sido indebidamente juzgadas por el Código de Procedimientos Penales del estado, cuando debió ser procesada por el Código nacional.
Esto significa que todo el procedimiento que se le siguió deberá ser repuesto pero con nuevas reglas, en fecha que aún no ha sido establecida.
