CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la abstención de toda la bancada de Morena y protestas de la Asamblea de Barrios afuera de la sede, la Asamblea Legislativa capitalina aprobó la Ley de Vivienda, aunque ésta podría quedar sin efecto con la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México.
La discusión de la ley estaba prevista para septiembre pasado, pero por falta de acuerdo, quedó congelada. El propósito de la ley es
beneficiar a personas en compras, construcciones y arrendamientos de vivienda.
Además, de acuerdo con el dictamen, pretende garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada y frenar la “expulsión” de capitalinos que no pueden costear una casa o una renta.
De acuerdo con un comunicado de la Asamblea, esta ley “abrió la puerta a la sociedad organizada fundamentalmente a las diversas expresiones del Movimiento Urbano Popular (MUP), las que de manera propositiva argumentaron la inoperancia de esta toda vez que será desplazada por la Primera Constitución de la Ciudad de México”, según dijo la diputada de Morena, Ana Juana Ángeles Valencia.
En tanto, Fernando Zárate Salgado del PVEM, alertó que esa legislación “conlleva graves riesgos de inconstitucionalidad en casos como el cobro de la plusvalía, ya que viola el principio de certeza jurídica consagrado en la Constitución Federal, además de que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México analiza no aplicar cobros adicionales por concepto del valor agregado a los propietarios de inmuebles”.
Además, dijo, deja en condición vulnerable a los potenciales adquirientes de vivienda nueva en desarrollos habitacionales catalogados como de “Interés Popular” o de “Interés Social”, pues sólo fija los precios mínimo y máximo, expresados en Unidades de Cuenta, pero no especifica las condiciones, dimensiones ni características técnicas en que se deberá otorgar la vivienda.
Al razonar su abstención, la legisladora Ángeles Valencia argumentó que esa ley “dista de ser la ideal porque al menos tiene seis observaciones que demuestran su inoperancia”. Y Argumentó que carece de sentido aprobar una nueva Ley de Vivienda antes de la Promulgación de la Primera Constitución de la Ciudad de México, pues pueden existir normas que se contrapongan a dicha Constitución.
Ángeles Valencia comentó que en el artículo 75 se habla de la participación del Instituto de Vivienda (Invi) en conjunto con bancos, colaboración que resultaría “lesiva para los beneficiarios porque se desatiende el concepto de interés social al bursatilizarse la actividad de dicho Instituto por la presencia de agentes financieros ajenos al organismo social”.
Bajo ese esquema de financiamiento estructurado, agregó, “se permite a la empresa o institución bancaria dar liquidez a activos no líquidos u obtener recursos del mercado de valores dando valor presente a los ingresos futuros de los mismos, encarecería el valor de las acciones de vivienda y por lo tanto dejaría de ser de interés social”.
Por ello, urgió a precisar el “uso inteligente de los conceptos de interés popular y social, de los que sólo debe prevalecer el social para evitar confusiones y contratiempos burocráticos cuyas diferencias conceptuales, además, cambian el precio de una vivienda”.
Además, destacó la poca claridad del capítulo de Vivienda en Renta, pues “no queda claro” el papel del Invi para el fomento de ese tipo de vivienda. Tampoco aclara en qué consisten los estímulos e incentivos para el fomento; y es que, dijo, este organismo no puede financiar la producción o inversión privada de vivienda conforme al artículo 75 de dicho proyecto de Ley.
Por último, añadió que la descripción de los conceptos que se utilizan para representar a la población vulnerable, a la de jóvenes y de estudiantes “son confusos y poco aportan para que estos grupos sociales de personas accedan a los beneficios que se plasman, tal como ocurre con la población indígena, catalogado como vulnerable cuando su condición social es otra en el contexto urbano de la Ciudad de México”.
