CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Artículo 19 reveló que siete de cada diez agresiones contra la libertad de expresión en México fueron perpetradas por agentes del Estado. Y éste, agregó, no cumple con su obligación de investigar para coadyuvar a sancionar a los responsables de los crímenes de periodistas.
Asimismo, reafirmó su postura en contra de cualquier tipo de espionaje o intrusión extralimitada e infundada por parte del Estado para recabar información masiva de las personas usuarias de redes sociales, en menoscabo de su derecho a la privacidad o cualquier otra intrusión que resulte en la restricción de derechos humanos.
“Lo anterior no exime al Estado Mexicano de su responsabilidad de investigar con debida diligencia y en el marco del debido proceso, y recabar información que coadyuve a dar con los perpetradores de las amenazas en redes sociales”, puntualizó en un informe difundido este miércoles.
Precisó que de los 58 casos de agresiones contra periodistas en los que se tienen indicios claros, siete de cada diez fueron perpetrados por agentes del Estado.
Y destacó que ante el cúmulo de 88 agresiones perpetradas durante el tercer semestre de 2016 –que se suman a las 218 del primer semestre– “se debe resaltar que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (FEADLE) sólo ha atraído tres casos, lo cual impide subsanar la falta de acceso a la justicia de estos crímenes en el ámbito local”.
En el mismo sentido, la FEADLE ha abierto solamente 21 averiguaciones previas durante los nueve primeros meses del año, lo que refleja un déficit de su labor en cuanto a la obligación del Estado de investigar para coadyuvar a sancionar a los responsables de crímenes que vulneran la libertad de expresión, sostuvo.
La organización resaltó que en el sexenio en curso de la administración de Enrique Peña Nieto –el más violento para la prensa en México–, los asesinatos de periodistas siguen aumentando. “La cruenta cifra de siete asesinatos de periodistas durante 2015 ha sido superada en los primeros nueve meses de 2016”.
Al cierre de septiembre de 2016, más de un periodista fue asesinado por mes, haciendo un total de 10 ejecuciones en lo que va del año, sostuvo.
Durante el tercer trimestre fueron asesinados Pedro Tamayo, reportero de Tierra Blanca, Veracruz; Agustín Pavia, locutor de Huajuapan, Oaxaca, y Aurelio Cabrera, reportero y director de un medio de Huachinango, Puebla. En ninguno de estos tres casos documentados por Artículo 19, la FEADLE ha ejercido su facultad de atracción para investigar los homicidios en contra de los periodistas.
“La impunidad imperante por parte de las autoridades en México para investigar y castigar a los responsables materiales e intelectuales en estos casos envía un mensaje de permisibilidad de la violencia extrema, así como de desprecio hacia la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a acceder a la información plural”, subrayó.
Sostuvo que además de la censura, las amenazas intentan desviar el flujo de información en las redes sociales. De esta manera, en vez de que la información relevante y que originalmente busca ser difundida por ciudadanos, periodistas, caricaturistas, bloggers, comunicadores y ciudadanos llegue al público, los agresores buscan que dicha información pase a segundo plano al “saturar” el espacio digital con la difusión de mensajes verbales y audiovisuales violentos.
Estos mensajes se caracterizan por una extrema violencia en mensajes de odio que incluye violencia homófoba y de género, y echan mano de una narrativa asociada a la violencia normalizada que padecen miles de mexicanos a lo largo del país.
En términos psicosociales, las amenazas en redes sociales tienen un efecto profundamente inhibitorio de la libertad de expresión, ya que en varios casos logran que efectivamente las víctimas de amenazas se autocensuren, acotó.
En suma, las amenazas en el espacio digital minan las redes como un espacio de pluralidad y disidencia crítica. “Esto es grave debido a que se trata de un espacio digital que se ha vuelto tan relevante para el flujo de información y el debate democrático, y en algunas ocasiones constituye uno de los espacios de difusión y expresión para voces que han sido históricamente marginadas o que no tienen acceso a difundir sus posturas a través de grandes medios”.
De acuerdo con Artículo 19, los patrones y tendencias de las amenazas analizadas en su documento no se plantean como concluyentes, “por lo que de ninguna manera se puede afirmar que esos patrones son representativos del cúmulo de agresiones en redes sociales”.
Asimismo, consideró relevante continuar este tipo de análisis para entender a cabalidad las agresiones en las redes sociales, y con ello dar luz sobre nuevas formas para revertir estas violencias y garantizar el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información en el espacio digital.
“Sin duda, la novedad de este tipo de agresiones realza la necesidad de continuar indagando en las lógicas detrás de las amenazas y sus impactos primarios tanto en quienes las sufren, como en los impactos secundarios para quienes no llegan a recibir la información censurada”.
En este sentido, agregó, también hace falta indagar qué actores e intereses políticos y económicos están entreverados para agredir con la intención de censurar información de interés público en los espacios digitales.
Y destacó que la impunidad en casos de agresiones en el espacio digital se suma al clima existente para crímenes y violaciones en contra de la libertad de expresión en México. “La ausencia de justicia impide que se brinden garantías de no repetición, lo que representa un caldo de cultivo para que este tipo de amenazas se incrementen en el corto plazo”.
Al respecto, “y ante el advenimiento del proceso electoral de 2018, es crucial que el Estado mexicano garantice que la ciudadanía tenga plena libertad para difundir y recibir información plural en el espacio digital”, sostuvo.
Remató: “Los ataques a través de las redes sociales representan una forma más en la que se violenta la libertad de expresión y se persigue a los periodistas en México. Esta tendencia va en aumento sin encontrar por parte del Estado formas efectivas de protección y de procuración de justicia”.
Agentes del Estado, responsables de siete de cada 10 agresiones contra periodistas: Artículo 19
