No al despojo en Ensenada

Ciudad de México -Con 20 votos a favor y 3 en contra, el día de ayer, el Congreso del Estado de Baja California aprobó el dictamen 137, que le otorga al municipio de Playas de Rosarito la posesión de más de 168 kilómetros cuadrados, que representan más de 16 mil hectáreas que históricamente habían sido del municipio de Ensenada, en un acto irresponsable en donde se vislumbran altos niveles de corrupción, señaló la vicecoordinadora de proceso legislativo del PAN en San Lázaro, Eloísa Talavera Hernández.

Recordó que con la constitución de Playas de Rosarito como municipio en 1995, deliberadamente y atendiendo intereses económicos particulares, se delimitó incorrectamente los límites con Ensenada, iniciando así una batalla jurídica que ha durado más de 20 años y 7 legislaturas locales.

Talavera Hernández explicó que en esos años, la extensión territorial del municipio de Tijuana, de donde se desprendió el territorio de Playas de Rosarito, era de 1584.479 kilómetros cuadrados, en donde se definieron para el nuevo municipio, una extensión de 513.32 metros cuadrados, lo que debería de concluir aritméticamente en que el polígono territorial de Tijuana debió de haber quedado en 1071.159 kilómetros cuadrados.

Sin embargo refirió, como la delimitación se hizo hacia el sur, en colindancia con el municipio de Ensenada, en el decreto territorial de esos años se estableció para el municipio de Tijuana una extensión de 1239.49 kilómetros cuadrados, despojando a Ensenada de cerca de 17 mil hectáreas o 168 kilómetros cuadrados de territorio.

La legisladora acusó a la actual legislatura de prestarse a un juego -altamente corrupto- en donde hace unos meses, del mismo Congreso Estatal, específicamente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales que preside el perredista Roberto Dávalos Flores, se extraviaron 8 cajas con documentales históricas y técnicas presentadas por el Grupo Interdisciplinario para la defensa de Ensenada.

“No es posible que del Congreso del Estado se extravíen cajas con documentales, que finalmente no son utilizados para que los legisladores valoren todas las probanzas técnicas e históricas y se confabulen para atender intereses económicos multimillonarios en detrimento del pueblo ensenadense” enfatizó.

Como Ensenadense, dijo, y como legisladora federal, no puedo ser cómplice por omisión, así que todo un equipo jurídico está preparando ya un amparo que buscaremos sea ciudadano y lo llevaremos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender a ultranza lo que nos corresponde.

La vicecoordinadora de su fracción, le exigió al gobierno municipal a iniciar una Controversia Constitucional para enfrentar lo que calificó como un artero despojo al pueblo ensenadense.

Puntualizó que lo que buscan es capitalizar esa extensión territorial por parte de los intereses de Hugo Torres para incluirla dentro de la metropolización de Tijuana e incrementar de manera exponencial el valor inmobiliario de la tierra, al estar en un terreno de frente de mar que podría ser capitalizado enormemente por intereses ajenos al bien común.

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