CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Detrás de los feminicidios, las historias de las víctimas revelan la ineficiencia gubernamental.
El pasado 30 de mayo, el cuerpo decapitado de Diana Berenice Aldana Lugo, flotaba en el río Atoyac, muy cerca del exclusivo sector de la Angelópolis, en Puebla. Había pasado varios meses desde que ella denunció el hostigamiento, las amenazas y la violencia que padecía a manos de su expareja, Jesús Hernández quien, por no aceptar volver con él, terminó cortándole la cabeza.
No se sabe si hubo análisis de riesgo, valoración de la peligrosidad del agresor o un plan de seguridad para Diana Berenice. Pero lo que sí se sabe es que, como ocurre con la mayoría de los casos de mujeres asesinadas por odio de género, ante el anuncio de su muerte, en Puebla sólo le ofrecieron ayuda psicológica.
Alicia Leal Puerta, una de las pioneras en la creación de refugios para mujeres víctimas de violencia e impulsora de la red de ese tipo de centros operados por la sociedad civil, lleva años insistiendo en la prevención –no de folletería, talleres y capacitaciones en las que se gastan recursos, cuyos resultados son intangibles— a través de los albergues-refugio, con atención multidisciplinaria para las mujeres y sus hijos.
Desde antes de que hubiera leyes en México con enfoque de género y programas y partidas presupuestales para hacer frente a la violencia normalizada contra las mujeres en amplios sectores de la población, Alicia Leal creó uno de los primeros refugios en México, ubicado en Monterrey, Nuevo León.
Era 1996 y desde entonces, ninguna refugiada ha visto comprometida su integridad ni ha muerto después de acceder a ese esquema de protección.
Hasta este siglo, no había ninguna disposición que protegiera a las mujeres de la violencia a pesar de que desde 1998 el Estado Mexicano suscribió la Convención Belém do Pará, aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1994 para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
Fue hasta el 2000 cuando las políticas de prevención se adoptaron en México, considerando el apoyo económico a los refugios administrados por la sociedad civil.
Los albergues para mujeres administrados y operados por la sociedad civil son recomendados conforme a parámetros internacionales, pero aun cuando empezaron a ser objeto de financiamiento gubernamental, éste es limitado a sólo 10 meses al año, siempre y cuando se avalen mediante concurso de proyectos ante la Secretaría de Salud, que administra la partida, lamenta Leal.
En los últimos meses, los feminicidios ha acaparado la atención pública por el número de casos y la brutalidad de los perpetradores. Los gobernadores de los estados suelen ser reticentes a admitir el problema y se niegan a emitir la llamada Alerta de Género, pero aun en los casos en que ésta se activa, los feminicidios continúan.
El caso más notable es el del Estado de México donde, de 2012 a la fecha, se han registrado cerca de 13 mil asesinatos de mujeres. Ya con la Alerta de Género activada en 11 municipios, los feminicidios siguen en esa entidad, pues no obstante el subregistro de casos, el aumento es patente en cifras oficiales, como recordó al reportera Rosalía Vergara en el portal informativo de proceso.com.mx el pasado 26 de octubre:
“La Procuraduría General de Justicia del Estado de México reconoce de enero al 23 de septiembre del presente año, sólo 56 feminicidios y 176 homicidios dolosos de mujeres, lo que implica 9 feminicidios más en relación con el mismo periodo del año anterior”.
Prevención deficiente
Para Alicia Leal, en las diferentes instancias de gobierno que pueden atender a una víctima de violencia tendrían que hacer un análisis de riesgo, valoración de peligrosidad del agresor y un plan de seguridad, pero eso no ocurre. De ahí se deriva que, aun cuando ya denunciaron y que hasta puede haber Alerta de Género, los asesinatos de mujeres siguen.
Desde siempre, el ministerio público y las agencias gubernamentales suelen desestimar las denuncias. Un ejemplo:
El 16 de mayo, Jeremy Martínez Martínez discutió con su pareja, Francis Janet, porque su hija de siete meses lloraba y debieron salir de una reunión social en el centro de Monterrey. No era la primera vez que por esa pareja había reportes de violencia, pero nada pasó.
Jeremy intentó golpear a Janet, mientras ella sostenía a la pequeña en sus brazos. Fue su otra hija de cuatro años quien relató que su padre, antes de arrojar a la bebé al suelo y matarla a pistones, gritó “tenía que ser otra pinche vieja”. Clara la motivación de género.
“Eso nos causa indignación y frustración porque sabemos que se pueden prevenir y podemos bajar el número si el Estado mexicano coadyuvara de una forma más contundente, para fortalecer el trabajo que se hace en los refugios”, dice Leal.
Aunque la mayor parte de los marcos normativos hasta hace pocos años subestimaban la violencia intrafamiliar, poco a poco se fue asimilando el entendimiento del problema hasta incursionar en la materia penal. Aun así, de acuerdo a Leal Puerta, la conducta de los ministerios públicos es igual en distintas regiones del país.
En el fondo –afirma–, hay criterios de atención en los ministerios públicos basados en que la mujer no está clara en lo que dice y cae en inconsistencias. También suelen desalentar a las denunciantes minimizando la agresión, recomendándoles que resuelvan el conflicto pues se trata del padre de sus hijos al que quiere encarcelar y en fin, subestimando las agresiones.
“Esas son las conductas que siguen justificando la violencia contra las mujeres, la asimilación de que su esposo de alguna manera tendrá un por qué y una razón para golpearla. El problema es que no ponen la seguridad de las mujeres en primer lugar, que el agresor no tenga acceso a ellas”.
Otra afirmación frecuente en el ministerio público es que después de hacer la denuncia, las víctimas no regresan a ratificar. La justificación cae por su propio peso, pues de acuerdo con la entrevistada, en muchos casos el agresor se entera de la denuncia, somete a la mujer y se incrementa el riesgo para ella y sus hijos.
“Muchas veces me dicen los agentes del ministerio público que están promoviendo la denuncia. Eso está bien, pero debe hacerse con cuidado, pues en muchos estados no se tiene capacidad para atender a la cantidad de víctimas que llegan, para darles protección y seguridad, que es lo más importante”.
Acciones erráticas
La recomendación internacional es que los refugios para mujeres víctimas de violencia sean de la sociedad civil. Pero en México, gobiernos estatales y municipales han decidido operarlos a pesar de los riesgos que ello implica para las refugiadas.
La única vez que el refugio de Alternativas Pacíficas fue vulnerado y sus refugiadas expuestas, ocurrió el 30 de septiembre de 2008, cuando la juez de lo familiar, Luz María Guerrero Delgado, irrumpió acompañada de un contingente policiaco para forzar la convivencia de dos niños con su padre, de quien ellos, como su madre recibieron amenazas de muerte. Violando la confidencialidad del refugio necesaria, pues muchas veces los agresores son influyentes, o inclusive, policías y funcionarios, el episodio carecía de precedentes en el registro nacional.
Como esa ocasión, las autoridades pueden hacer uso desmedido de la fuerza, ordenar relaciones familiares aun estando las familias en riesgo. Por ello, un gobierno no debe operar los refugios. Para Alicia Leal, que los estados y municipios pretendan hacerlo es convertirse en juez y parte.
Aun peor. Entre los casos de refugios operados por sociedad civil que debieron cerrar por inseguridad se cuentan los casos de Ciudad Acuña, Coahuila y Cancún, Quintana Roo. El estado fue incapaz de brindar seguridad a los responsables de los albergues y prefirió operarlos por su cuenta.
Para el presupuesto de este año, el gobierno de Enrique Peña Nieto contempló 220 millones de pesos para subvencionar refugios. Sin embargo, esos recursos no son sólo para la sociedad civil porque también hay refugios operados por gobiernos estatales y municipales, a pesar de que eso no es recomendable bajo criterios internacionales.
La afirmación inclusive está normada tanto por la mencionada Convención Belem do Pará, como por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la NOM 046 de la Secretaría de Salud. Es en esta última donde se instruye la canalización de mujeres víctimas a refugios, pero de acuerdo con Alicia Leal, hasta el año pasado sólo 5% del personal de la Secretaría de Salud conocía la Norma.
“Si la violencia sigue normalizada, es difícil que un servidor público comprenda –si además está saturado– que en sus manos está la vida de una mujer y de sus hijos”, dice la entrevistada.
Este 25 de noviembre, México llegará al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con una alarma generalizada en el país por los feminicidios, pero también con un subregistro que hace imposible dimensionar la problemática.
Por lo anterior, se han activado alertas de género pero con todo y eso, los actos de violencia no paran. Por ello, Alicia Leal insiste en la necesidad de fortalecer la prevención con mayor apoyo a los refugios.
“Hay serios cuestionamientos por la forma y resultados que da la Alerta de Género, pues se sigue asesinando a las mujeres. Creo que tendríamos que reflexionar por qué las siguen matando aun con alerta, y el por qué las dependencias de gobierno no tienen capacidad de respuesta. Lo definitivo es que no podrán tenerla sin la coadyuvancia de la sociedad civil organizada”, concluye.
