El Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, logró aplazar la aprobación del plan de trabajo de la comisión parlamentaria responsable del juicio político a que será sometida.
La comisión fue convocada por primera vez desde que el pasado 12 de mayo el pleno del Senado decidió instaurar el proceso que puede llevar a la destitución de Rousseff y tenía previsto aprobar un cronograma para el trámite parlamentario.
Sin embargo, el grupo del PT solicitó más tiempo para analizar los plazos propuestos por el senador Antonio Anastasia, instructor del caso, a fin de estudiar si garantizan el más amplio derecho a la defensa que asiste a la mandataria suspendida.
Aunque algunos parlamentarios de la nueva base oficialista, que respalda al presidente interino, Michel Temer, se plantaron contra el pedido del PT, el presidente de la comisión, Raimundo Lira, lo consideró “reglamentario” y aceptó aplazar la decisión.
El cronograma propuesto por Anastasia, que ahora será discutido la semana próxima, plantea que la primera presentación de la defensa de Rousseff, que ese caso podría ser hasta por escrito, sería hecha el 1 de junio.
Posteriormente, serán citados testigos tanto de la defensa como de la acusación y Anastasia, en su papel de instructor, elaborará un informe que será sometido a la comisión y que, de ser aprobado, pasaría al pleno del Senado, que lo votaría entre los días 1 y 2 de agosto.
Si el informe se inclina por la destitución de Rousseff y recibe el visto bueno de una mayoría simple entre los 81 senadores, tomaría la palabra el Tribunal Supremo de Justicia, que debería convocar al pleno de la Cámara alta para una única sesión en la que se decidiría la suerte de la mandataria.
