Bacanuchi, Son. (apro-cimac).- Los habitantes de esta población recordaron el ecocidio cometido hace dos años por la minera Buenavista del Cobre , filial de Grupo México, con el derrame de metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora.
Este ejido perteneciente al municipio de Arizpe cuenta con alrededor de 200 habitantes, cuenta María Clara al tiempo que prepara café en su casa.
Bacanuchi es un lugar en donde las mujeres tienen un lugar preponderante como protagonistas de las decisiones. María Clara López Rodríguez es comisaria municipal y María Rosa Vázquez, secretaria del comisariado ejidal.
“Mi función es ver que todo esté bien en el pueblo, resolver los problemas y si hay cualquier situación, solucionarla y si es más grave, llevarla a Arizpe, para que allá determinen qué hacer”, dice María Clara.
Un grupo norteño ameniza la comilona que prepararon las mujeres para agasajar a los visitantes procedentes de la capital sonorense y de los poblados vecinos de Ures, Baviácora, Arizpe, Aconchi, entre los cuales se encuentran algunos corresponsales de medios nacionales e internacionales. Todos ellos llegaron aquí con el fin de dar cuenta de cómo se encuentra una de las poblaciones más afectada por el derrame de 40 millones de litros -40 mil metros cúbicos- de solución de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora.
“Mataron una vaca para la comida para todo el pueblo y para las visitas”, festinan las mujeres.
Para llegar a este poblado, hay que cruzar una brecha que une a Arizpe con Bacanuchi, en donde los deslaves, las piedras a medio camino, y los estragos en el suelo producidos por la época de lluvia, hacen que los carros más que ir por una carretera o camino vecinal, vayan sorteando una suerte de escalones, vados y bancos profundos de fango fresco, donde los vehículos se atascan en medio de la nada.
Frente a los visitantes están las mujeres, las de Baviácora, las de Ures, las de Aconchi, pero, sobre todo, las de Bacanuchi, las menos vistas por ser las más aisladas. Karen Francisca Peña Laguna, joven madre que ha vivido las afectaciones de la contaminación en sus niños, a quienes ha atendido en forma particular en Cananea, Sonora. “Jugaron con nuestra salud y con la de nuestros niños, y eso no se vale”, lamenta.
María Cristina Salinas, de Bacanuchi, dice que cuando ocurrió el derrame ella tomó agua contaminada. Desde entonces, padece problemas respiratorios y de movilidad.
Esperanza García Martínez, también de Bacanuchi, pidió a los medios que realmente digan lo que está sucediendo con la economía del lugar, y que no se callen como lo ha hecho “ese señor Peña Nieto”. Denunció que no han tenido atención a su salud y que el fideicomiso anunciado para abrir pozos nuevos e instalar plantas potabilizadoras, no lo han cumplido.
“Se perdió mucho en agricultura, en ganadería, el dinero que les dieron del fideicomiso, los 15 mil pesos ya se acabó. Hay personas mayores que viven con el programa “70 y más” y cuando les quedan veinte pesos se ven en la disyuntiva de comprar comida o comprar un garrafón de agua”, refiere.
Francisca García Enríquez, de La Estancia de Aconchi, refrenda que Bacanuchi no está solo, que está apoyado por los siete municipios del río Sonora y sus localidades.
“No es posible que el gobierno no pueda obligar a la empresa a instalar las plantas potabilizadoras a 2 años de la tragedia. La mina se lleva toda el agua y las ganancias”.
Francisca García recuerda que llegó a Bacanuchi en 1981, provenía de Nogales y se casó con un ejidatario. En ese entonces, añade, era un pueblo alegre, pintoresco, con aguas cristalinas y con una gran variedad de animales. “Pero el derrame vino a destruir la salud, el ambiente, la economía, una desgracia”, dice.
Rosa María Vázquez nació y creció en Bacanuchi, donde la vida era tranquila y honesta hasta antes del 6 de agosto de 2014, cuando las aguas del río que antes eran cristalinas y se podían beber, fueron cambiadas por un color marrón, espeso, que todo quemaba a su paso.
Recuerda cómo hasta dos días después del derrame “gente desconocida” recolectaba muestras. Fue hasta entonces que les avisaron que el agua estaba contaminada.
Les prometieron 33 plantas potabilizadoras de agua, sólo existe una y únicamente funciona tres horas al día porque no está pagada la luz y funciona con un generador de diesel que ellos mismos deben pagar.
Sin embargo, todas coinciden en que Bacanuchi está en pie, unido y dispuesto a luchar.
La agrupación Grupo Poder acompaña, jurídicamente, a los pobladores; recientemente anunció el primer logro jurídico al obtener un amparo en un juzgado de Arizona, que obliga a GM a transparentar la información sobre la verdadera situación del envenenamiento del Río.
También ha capacitado a los comités de cuenca de cada pueblo, para que se organicen y utilicen las herramientas ciudadanas para la lucha que esperan ganar contra lo que ya llaman “monstruo”, refiriéndose al Grupo México.
