Baja California dolida

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Nunca habíamos visto una Baja California tan dolida  como en estos últimos años cuando tantas y tantas familias se han visto lastimadas por el  crimen, la delincuencia,  la drogadicción y la  falta de espacios educativos para sus hijos.

Ya son décadas de números rojos para nuestro estado y aunque se presuman fuentes de empleo y grandes inversiones en educación basta voltear a nuestro alrededor para darnos cuenta de que las estadísticas oficiales no reflejan la realidad.

A los golpes que el gobierno federal le ha asestado a nuestra entidad, desde la homologación del IVA hasta los gasolinazos, se suman  el descuido y el afán de hacer negocios desde los gobiernos estatales y municipales.

Tijuana ostenta el nada honroso primer lugar en consumo de drogas duras de todo México, y este flagelo se traduce en una cifra alarmante de ejecuciones, de robos y secuestros, muchos de los cuales se cometen con el encubrimiento de las Policías y la complacencia de las autoridades civiles que también se han visto beneficiadas.

La violencia se ha extendido hasta a los municipios que antes eran más tranquilos como Tecate y Rosarito y Tijuana no sale  de las advertencias de Estados Unidos que aconsejan no  visitar esta frontera  y ya somos blanco  hasta una alerta de Gran Bretaña que recomienda a sus ciudadanos no viajar  por la alta incidencia delictiva.

Pero las ejecuciones no son el único flagelo pues nuestras familias enfrentan otros problemas graves :  aumentan los polígonos de pobreza, se disparan las pesquisas por las niñas extraviadas, se registran altos niveles de violencia contra menores y Tijuana ocupa  el primer lugar de los municipios con violaciones a derechos de los niños en toda la entidad.

El gobierno de Francisco Vega presume que a la educación se destina la mayor parte del presupuesto del estado, pero olvida decirnos que buena parte de estos recursos va a parar a los colegios particulares propiedad de sus amigos, pues otorga becas a estudiantes que no tuvieron cupo en preparatorias públicas, y  a quienes se les cobran colegiaturas parciales por las materias que las escuelas públicas no imparten.

Un ejemplo que no debemos olvidar es que funcionarios estatales  como Jesús de la Rosa Anaya se robaron cheques de becas Progresa por 2 millones de pesos, y aunque la procuradora Perla del Socorro Ibarra dijo que había avances, el caso se dejó en el olvido y hasta se removió a la funcionaria que lo denunció, como para advertir que no se destapen las cloacas.

Al ex alcalde de Ensenada, Gilberto Hirata Chico, se le denunció por el desvío de recursos federales por 26 millones de pesos destinados a la educación y el deporte.

Otro De la Rosa, solo que este es Daniel, mantiene asolada a la población con los secuestros, extorsiones y siembra de droga que su Policía, la Estatal Preventiva, y no resulta casual que los 9 años en que Daniel de la Rosa ha estado al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California sean los mismos 9 años en que nuestra entidad se ha sumergido en un baño de sangre.

Preguntémonos si esta es la Baja California que queremos, la Baja California que nos merecemos, un estado que siempre se caracterizó por su empuje y su fortaleza, una entidad que nunca le ha cerrado la puerta a los migrantes nacionales y extranjeros que aquí encontraron oportunidades de trabajo y desarrollo sin que por ello recibiera apoyo alguno del gobierno federal.

Paradójicamente, cada vez que a Tijuana, a Rosarito, a Ensenada, Tecate o Mexicali le va mal, surge un nuevo rico de las filas de los gobiernos priistas o panistas que estrena casa, centro comercial, casino  o negocio mientras la mayoría de nuestras familias vive  a oscuras, sin policías ni cámaras de seguridad, que sufren el robo de lo más elemental.

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