El caso Nochixtlán va a la CIDH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la investigación del caso Nochixtlán, la Procuraduría General de la República (PGR) mantiene el sistema inquisitivo “pervirtiendo” las reglas del Nuevo Sistema Acusatorio Adversarial. Pretende transformar la tragedia colectiva del pasado 19 de junio en esa población de Oaxaca en un evento que tiene como únicos responsables a un par de policías estatales no identificados, evadiendo intencionalmente la responsabilidad de la Policía Federal y de los mandos que dieron la orden de disparar.

Ante las violaciones al debido proceso, el próximo viernes 17 las víctimas solicitarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el caso Nochixtlán se tipifique como crimen de lesa humanidad, debido a que el Estado con “dolo eventual” ejerció una fuerza “desmedida” al ingresar armado a una población, sin justificación alguna, puesto que su objetivo de liberar las carreteras lo había logrado 15 minutos antes. El saldo fue de ocho muertos y más de 100 heridos.

A poco más de ocho meses de los hechos, la PGR no ha realizado el levantamiento de todos los peritajes necesarios ni ha tomado la declaración de las víctimas, las únicas que se encuentran en el expediente corresponden a las de los familiares de los fallecidos, por lo que formuló su teoría del caso basada sólo en los testimonios de los policías.

“Omisión impropia”

Juan Antonio Araujo Riva Palacio, abogado de las víctimas, en un documento enviado el pasado 30 de diciembre a Raúl Cervantes, titular de la PGR, expone que la investigación de la PGR está disociada de las huellas y evidencias de la verdad. Y le exige que en términos técnicos se reconduzca la investigación con apego a los principios del sistema acusatorio adversarial y que la teoría del caso adoptada por la Procuraduría se amplié al “dolo eventual” y a la “omisión impropia” del Estado.

Demanda que la Procuraduría a su vez exija al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) todos y cada uno de los informes previos, concomitantes y posteriores con que cuente en relación con los hechos y el operativo realizado en Nochixtlán, Oaxaca.

En el escrito firmado por 55 de las víctimas le señala: “En términos de los acuerdos alcanzados por usted el miércoles 14 de diciembre del 2016, con Jan Jarab, Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, exigimos que se nos reconozca el carácter de víctimas del crimen de Lesa Humanidad, como consecuencia del operativo planeado y ejecutado el 19 de junio de 2016”.

En entrevista con Proceso, Araujo, quien forma parte del bufete de abogados de Víctor Carrancá, explica: “En el escrito le avisamos al procurador que en el Nuevo Sistema de Justicia Adversarial existe la teoría del caso, de la fiscalía y la de la defensa, que la de las víctimas es que es un crimen de lesa humanidad y que en la de la PGR faltan las víctimas, porque en las carpetas de investigación existen las diligencias ministeriales relacionadas con el testimonio de los policías”.

Explica que todo indica que el gobierno federal quiere culpar a dos policías estatales de los disparos, incluso Raúl González, presidente de la CNDH, declaró que quienes iban armados eran los estatales, a pesar de que la Policía Federal era la que llevaba el mando.

“La PGR quiere eludir las declaraciones de los policías que están en el expediente y quiere vincular sólo a la Policía Estatal”, dice. “Es un acuerdo intergubernamental, con el objetivo de diluir el problema y bajar la responsabilidad, lo que digo es que si en la mesa operativa estaban representantes del Cisen, Segob, CNS y PF, la responsabilidad en términos de omisiones –se lo dije al procurador– son mucho más altas, no pueden argumentar que un policía estatal incumplió los protocolos y disparó. No quieren que parezca como lo que es: un crimen de Estado.

–¿Por qué la PGR no ha incluido la declaración del delegado del Cisen Ernesto Salcedo?

–Porque la línea de investigación de ellos es que hay un policía estatal que haciendo uso excesivo de la fuerza mata a unos chicos en un operativo bien llevado. Yo digo que no, que hay una intencionalidad del operativo mismo de poner un hasta aquí tajante al levantamiento magisterial y utilizaron la oposición del pueblo, sin valorar que estaba muy concurrido por personas de otras poblaciones porque era día de “plaza” y además era Día del Padre. La cadena de mando se quiere cortar con los mandos bajos, pero una investigación a fondo nos llevará a la persona que ordenó el operativo.

El abogado pide analizar las omisiones penales y el dolo eventual, dos figuras técnicas previstas en el Código Penal que, asegura, la PGR se niega a investigar: “Las omisiones penales son omisiones impropias, como el dejar de hacer, por ejemplo si no impidieron que los policías llevaran armas o por el contrario, las acciones, si ordenaron que las portaran. En el caso de la instrucción precisa del desalojo fue decisión de la Policía Federal a nivel México, no de Gabino Cué”.

Por su parte, el defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, quien acompañará a las víctimas ante la CIDH, señala que la policía logró romper el bloqueo carretero que mantenían los pobladores a los 15 minutos de la intervención y sin dañar a la población; sin embargo no ha logrado explicar por qué se realizó un despliegue de fuerza armada que llegó hasta el centro de la comunidad y a una colonia de la que tuvieron que huir varios menores.

“Entonces, Gabino Cué argumentó que había maestros disidentes e integrantes de otras organizaciones beligerantes confundidas entre la población; sin embargo, hay más de 100 heridos y ocho muertos, pero ninguno de ellos es maestro ni militante de alguna organización social o política.”

Además de lo señalado por Araujo, para Peimbert el delito de lesa humanidad se configura porque documentos oficiales de médicos y enfermeras denunciaron que elementos de inteligencia de la Policía Federal les prohibieron atender a los heridos civiles. Además, porque desde un helicóptero arrojaron gases lacrimógenos sobre las instalaciones del hospital comunitario de Nochixtlán, que ocasionaron intoxicación en los enfermos y casi provocan la muerte de un neonato.

Acepta que lo de Nochixtlán fue un ataque y una acción de respuesta de legítima defensa por parte de la población, pues es un derecho constitucional.

“Podemos contar innumerable cantidad de violaciones identificadas desde el momento en que se hace el operativo: cómo se diseña, la falta de racionalidad y de progresividad. La policía está preparada para actuar con racionalidad, no caer en una provocación que haga desmedida su intervención. Si una persona te ataca con piedras no es racional que tú lo ataques con balas de alto calibre, como sucedió en Nochixtlán.”

 

 

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