BOGOTÁ (apro).- El 2016, año de la firma y el inicio de la implementación de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, fue un año negro en materia de homicidios, atentados y desapariciones de líderes comunitarios en Colombia.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante el año fueron asesinados 117 dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, uno cada tres días en promedio. Además, 46 fueron víctimas de atentados, cinco desaparecieron y 350 fueron amenazados.
Las cifras son mucho mayores que las registradas en 2014 y 2015, y esto se explica justamente porque 2016 fue el año en que las FARC comenzaron a dejar los territorios que históricamente habían ocupado y hay muchos grupos criminales –entre ellos neoparamilitares y caciques regionales de extrema derecha— que buscan apoderarse de esos espacios.
Este fenómeno representa una amenaza para la paz y pone en riesgo la transformación de las FARC en un partido político legal.
Una de las principales preocupaciones de esta guerrilla, que comenzó su reincorporación a la vida civil en diciembre pasado y que deberá terminar su desarme entre mayo y junio próximos, es precisamente la seguridad de sus integrantes una vez que terminen de dejar las armas.
Por ahora, las tropas de la organización insurgente están en proceso de concentración en 26 zonas del país que estarán resguardadas por las Fuerzas Militares colombianas, pero esos puntos dejarán de funcionar en junio próximo y miles de guerrilleros se reincorporarán a la vida civil, la mayoría de ellos en áreas rurales en las que actúan diferentes bandas criminales con alto poder de fuego.
Para el dirigente de la organización humanitaria Somos Defensores, Carlos Guevara, el asesinato de líderes comunitarios se puede convertir “en el talón de Aquiles” del proceso de paz con las FARC, porque la intensión de los actores armados que están ejecutando esos crímenes es callar e intimidar a dirigentes que exigen derechos relacionados con la implementación de los acuerdos con esa guerrilla.
Fuerzas oscuras
Los principales autores de estos homicidios son los remanentes de los grupos paramilitares de extrema derecha que se desmovilizaron la década pasada. Uno de ellos se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia, pero el núcleo de esa organización es el Clan del Golfo, el principal cartel colombiano de las drogas. Otros, como las Águilas Negras, podrían ser fachadas de pistoleros al servicio de caciques regionales.
La realidad es que en Colombia, en especial en las regiones, hay muchos intereses políticos, económicos y criminales que temen perder poder con los acuerdos de paz o que se disputan rentas delincuenciales –como producción de coca, extorsiones y minería ilegal— que quedaron sin control con la salida de las FARC de los territorios que fueron escenario del conflicto armado con esa guerrilla.
Para Indepaz, una ONG que dirige el economista, exministro de Salud y exguerrillero del M-19 Camilo González Posso, los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos tienen como finalidad el desplazamiento de las comunidades, la apropiación de territorios, la defensa a megaproyectos mineros y energéticos y el control político en las regiones.
Más de 30 organizaciones sociales colombianas son hoy perseguidas de manera sistemática, lo que genera una gran preocupación y un reclamo al Estado “para que reconozca el fenómeno paramilitar existente y les garantice la vida a los líderes y defensores de derechos humanos”, señala Indepaz, que identifica a los autores de esos crímenes como “fuerzas oscuras” que responden a “una mentalidad contrainsurgente que no se ha desactivado”.
El repunte de homicidios de activistas comunitarios, defensores de derechos humanos y dirigentes izquierdistas hace recordar el exterminio de la Unión Patriótica en los años 80 y 90, cuando paramilitares, pistoleros de terratenientes y miembros de las Fuerzas Militares y la policía asesinaron atres mil 186 militantes de ese partido político de izquierda surgido en 1986 de un fallido proceso de paz con las FARC.
Por lo pronto, los líderes de las FARC que coordinan el proceso de desarme de sus tropas ya cuentan con esquemas de protección en los que participan guerrilleros y policías.
Tan importante es el tema de la seguridad y protección de los insurgentes que se reincorporen a la vida civil, que durante las negociaciones de los acuerdos de paz, las cuales se realizaron durante cuatro años en La Habana, el gobierno y la guerrilla crearon una subcomisión que se encargó de ese tema y de elaborar una estrategia de lucha contra el paramilitarismo.
Esa subcomisión estuvo encabezada por el exasesor de seguridad del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, el general Oscar Naranjo, por parte del gobierno colombiano, y por Pablo Catatumbo, por parte de las FARC.
Y precisamente Naranjo se convertirá en las próximas semanas en vicepresidente de Colombia –en reemplazo de Germán Vargas Lleras, quien deberá renunciar antes de mayo para poder postularse a la Presidencia en los comicios de 2018–, con el encargo específico de vigilar la correcta implementación de los acuerdos de paz con las FARC, en especial en el ámbito de la seguridad y protección de los guerrilleros que se incorporarán a la vida civil.
