CAMPECHE, Cam. (apro).- El Congreso local habilitó hoy a sus comisiones especiales para atender la denuncia por responsabilidades administrativas que presentó ante ese órgano la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en relación a su Recomendación 63/2016 por prestación indebida de la función de seguridad pública y acceso a la justicia.
El resolutivo de 50 hojas, fechado el 16 de diciembre de 2016 y firmado por el ombudsman Luis Raúl González Pérez, está dirigido al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas; al presidente municipal de El Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, y al presidente del Congreso, Ramón Méndez Lanz.
La Recomendación enlista las violaciones a los derechos humanos, prestación indebida en la función de seguridad pública y omisiones en la procuración de justicia durante la toma del Palacio Municipal de El Carmen que comandó el entonces líder municipal del sindicato de burócratas, José del Carmen Urueta Moha, el 20 de octubre de 2015.
El motín fue reforzado por contingentes del Sindicato de los Tres Poderes enviados de los municipios de Campeche, Escárcega y Champotón por su dirigente estatal, Juan Carlos González. La movilización se prolongó más de 24 horas, durante las cuales los manifestantes retuvieron en el interior del inmueble a más de un centenar de funcionarios, trabajadores, integrantes de otro sindicato y ciudadanos que ahí se encontraban.
Además, cortaron la energía eléctrica y las tomas de agua e impidieron que les pasaran a los rehenes líquidos, alimentos y hasta medicamentos a quienes los necesitaban.
Al principio, la exigencia de los inconformes fue encarar a Gutiérrez Lazarus para exigirle la destitución del director de Educación y Cultura, Jorge Falconi, pero el munícipe estaba de gira en la zona rural. En el transcurso de las horas las exigencias se modificaron.
El trasfondo de esa movilización fue la persecución política que el gobernador priista Moreno Cárdenas desató contra el munícipe panista en cuanto asumió el cargo, el 1 de octubre de ese año. La situación arreció cuando éste se negó a ceder el control de la policía municipal y en cambio designó al exfiscal de Homicidios de la Procuraduría capital, Guillermo Zayas González.
El polémico nombramiento, explicó el alcalde en su momento, derivó de una terna de prospectos para el cargo que él mismo solicitó al comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, cuando éste aún fungía como zar antisecuestros en la Procuraduría General de la República (PGR).
Moreno Cárdenas respondió con el retiro de la policía estatal del municipio, uno de los más conflictivos de la entidad, aun cuando la municipal contaba apenas con 28 patrullas para cubrir toda la demarcación.
Fue este contexto cuando se dio la toma del Palacio Municipal y el bloqueo de calles aledañas. Durante los días siguientes, 41 víctimas denunciaron el hecho ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la CNDH.
A la postre, Urueta Moha fue ascendido a la dirigencia estatal del Sindicato de los Tres Poderes, tras el homicidio de su líder, Juan Carlos González, en enero de 2016.
La Recomendación
Cuando el asunto parecía capítulo cerrado, la CNDH sorprendió a los actores con su Recomendación. Y aunque en un principio el presidente del Congreso la negó, la desvirtuó y se mostró renuente a aceptarla, se vio obligado a convocar esta tarde a una sesión extraordinaria para atenderla. Al llamado faltaron siete de los 35 legisladores.
En la sesión se aprobó por unanimidad la habilitación de las comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y de Derechos Humanos como comisiones especiales para investigar y desahogar la denuncia y recomendación de la CNDH.
La primera de las seis recomendaciones va dirigida al gobernador y a los integrantes del ayuntamiento de El Carmen. Consiste en que “revisen, o en su caso, celebren los convenios de colaboración entre la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal de Carmen, Campeche y la Secretaría de Seguridad Pública estatal”.
El propósito: que “acuerden compromisos en materia de seguridad pública, específicamente para la atención y solución pronta y eficaz de situaciones como la que propiciaron el presente asunto, y se remita a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento”.
La segunda es para Moreno Cárdenas, para que en coordinación con la presidencia municipal de El Carmen, tomen las medidas procedentes para reparar “integralmente el daño ocasionado” a las víctimas “y se acredite su cumplimiento”.
También pide instruir al Fiscal General del Estado “para que integre y determine conforme a derecho y a la brevedad, la averiguación previa AP1 y sus acumuladas, debiendo salvaguardar los derechos de las víctimas” y se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento.
El tercer punto recomendatorio es para que “se diseñe y se imparta” a todos los agentes del Ministerio Público de la FGE cursos sobre procuración de justicia como derecho humano y el respeto, protección y garantía de los derechos de las víctimas, con el fin de prevenir hechos similares. Se deberán impartir por personal especializado en derechos humanos.
El cuarto aconseja “se colabore ampliamente” con la CNDH en la presentación y gestión de la queja que se promueva ante la Secretaría de la Contraloría estatal para deslindar la responsabilidad administrativa que en derecho corresponda, de los servidores públicos de la Fiscalía que intervinieron en los hechos.
La siguiente recomendación es para que presidente del Congreso “colabore ampliamente” con la CNDH en la presentación de la queja que se promueva ante esa legislatura para iniciar e integrar la investigación administrativa correspondiente y determinar la responsabilidad, en su caso, de AR1, por sus omisiones acreditadas.
Para los integrantes del ayuntamiento carmelita, la recomendación es tomar las medidas procedentes para que, en coordinación con el gobierno estatal, y en términos de la Ley que Establece el Sistema de Justicia para la Víctimas del Estado de Campeche, se repare integralmente el daño ocasionado a las 43 víctimas.
También que “se diseñen y se impartan a todos los empleados de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito cursos sobre seguridad pública y los derechos humanos, específicamente sobre el respeto, protección y garantía de los derechos de las víctimas”.
La CNDH sugirió que “se elabore, emita y publique un protocolo de actuación”, para los casos de tomas de oficinas o inmuebles públicos del municipio de Carmen, con riesgo de que se prive de su libertad a las personas. En él se debe considerar “la atención inmediata, la coordinación de las autoridades competentes, los medios pacíficos para resolverlos, sobre la base del diálogo eficaz y persuasión”.
De la misma forma, pidió elaborar otro protocolo de actuación, “para hacer uso legítimo de la fuerza pública como último recurso”, por parte de la policía municipal, “en el que se tome en cuenta los medios de disuasión, y no se ejerza de manera arbitraria con puntual atención de los principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia”.
Además, deberá colaborar con la CNDH en la presentación y gestión de la queja ante la Comisión Municipal de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, contra los servidores públicos que intervinieron en los hechos.
Por último, la CNDH pidió que se inscriba a los afectados en el Registro Estatal de Víctimas de Campeche, así como a aquellas personas que acrediten afectaciones directas o indirectas en los hechos, para tener acceso a la reparación integral del daño.
La CNDH solicitó respuesta dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación y, en su caso, el envío de las pruebas correspondientes al cumplimiento de la misma.
Comisiones, cuestionadas
Entrampado, presidente del Congreso, Ramón Méndez Lanz, atendió la recomendación. Sin embargo, las comisiones de Puntos Constituciones y Derechos Humanos habilitadas como especiales para investigar el caso y establecer responsabilidades, son presididas por Laura Baqueiro y Fredy Fernando Martínez Quijano.
Ambos son priistas. La primera es prima política del gobernador y el segundo ha sido por años uno de sus colabores más cercanos.
Durante la sesión se estableció que ambas comisiones “tendrán por objeto llevar a cabo todos los procedimientos de investigación, así como las diligencias necesarias para desahogar el procedimiento relativo a la denuncia” de la CNDH.
“Al concluir los trámites legales a que haya lugar, deberán rendir el informe correspondiente al pleno del Congreso, a través de la Mesa Directiva o de la Diputación Permanente, en su caso, para efecto de resolver la citada denuncia”.
Al término de la sesión, la prensa cuestionó a Méndez Lanz la razón por la que Baqueiro no se excusó para no integrar la comisión en razón de parentesco, y sobre las garantías de imparcialidad en la investigación.
Sin embargo, con la frase “volvemos a lo mismo”, el legislador eludió la respuesta.
