El Congreso, un candado para el magnate

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WASHINGTON (proceso).- Los deseos e impulsos de Donald Trump de castigar a México en sus primeros 100 días como presidente –en los asuntos de migración, seguridad y comercio– estarían acotados por el Congreso federal y las leyes estadunidenses. “Cuando asuma la presidencia y se entere de lo que la ley le permite hacer, modificará sus ideas y promesas de cambiar radicalmente la relación con México”, sostiene a Proceso James R. Jones, exembajador de Estados Unidos ante el gobierno mexicano.

De la amplia gama de temas en la relación bilateral, tres de ellos –el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como los de migración y seguridad– podrían causar daños serios a la economía mexicana si Trump cumple las amenazas y promesas que hizo durante su campaña.

Revisar o renegociar el TLCAN –que incluye a Canadá y entró en vigor en 1994– es un asunto complicado; para ser anulado, si Trump así lo quisiera, requeriría de la aprobación del Capitolio.

La Constitución autoriza al presidente a ordenar revisiones y renegociaciones de cualquier acuerdo o tratado internacional de intercambio comercial suscrito por Estados Unidos.

Según una ley aprobada en 1992 por un Capitolio dominado por los republicanos y promulgada por el expresidente demócrata Bill Clinton, el Poder Ejecutivo está obligado a enviar al Congreso federal una “notificación”, con seis meses de anticipación, antes de que se inicie el proyecto de revisión o renegociación de un acuerdo comercial.

Jones, quien durante 14 años fue representante (diputado) federal demócrata, presidente del Comité de Apropiaciones y uno de los integrantes de más alto rango en el de Medios y Arbitrios, considera que la ley de 1992 dificultará las intenciones de Trump de sacar a Estados Unidos del TLCAN.

“No podría abrogar el tratado”, afirma en la entrevista con Proceso. “Lo puede enmendar en las áreas que aprueben los comités y subcomités del Congreso, y reconozco que aun este escenario, que no es tan malo para México, podría tener efectos negativos para su economía”, matiza el exdiplomático y actual presidente de Estrategias Globales de la firma de cabildeo y negocios Manatt, Phelps & Phillips.

De acuerdo con varios integrantes del equipo de transición del presidente electo de Estados Unidos, esta semana Trump comenzará a recibir a grupos de expertos en cada una de las áreas de política exterior y comercio, que lo actualizarán sobre el tema. La relación bilateral con México es uno de los primeros tópicos en esa agenda y, según las fuentes, el exembajador Jones es uno de los expertos a quienes se pidió asesoría.

Entre los planes de Trump sobre el TLCAN se cuenta la modificación a los compromisos laborales. El presidente electo se queja de que por la mano de obra tan barata que ofrece México, las empresas y los empleos de los estadunidenses se trasladan al sur.

“Trump no tiene alianzas con los sindicatos de Estados Unidos, que en términos generales se oponen al TLCAN; pero si lo quiere renegociar, no le será difícil conseguir el apoyo gremial”, considera Jones, embajador en México de 1993 a 1997, durante el mandato de Bill Clinton.

El problema es que el Congreso federal con el que gobernará Trump los próximos dos años está dominado por los republicanos, más afines que los demócratas a la apertura comercial y a consumar acuerdos de libre comercio.

“Éste podría ser un impedimento para enmendar a su gusto los mecanismos laborales en el TLCAN”, apunta Jones.

La ley de 1992 sobre enmiendas a los acuerdos comerciales autoriza al presidente de Estados Unidos a incrementar las tarifas arancelarias a las importaciones de cierto país sin tener la venia del Capitolio. Trump, en el caso de las exportaciones de México, prometió subirles 35% el arancel. Pero el gobierno mexicano tiene el derecho soberano de actuar en reciprocidad respecto a las importaciones estadunidenses, y de hacerlo desataría un conflicto comercial que potencialmente requeriría de la intervención de la Organización Mundial de Comercio.

“Es complicado un escenario de esa naturaleza. No lo aceptaría el Congreso. El efecto laboral inmediato en Estados Unidos de una guerra comercial con México dañaría a Arizona, Texas, Nuevo México y California y causaría implicaciones políticas futuras para Trump y los republicanos”, advierte Jones.

Una disputa arancelaria México-Estados Unidos paralizaría a la industria del transporte de carga estadunidense, que genera cientos de millones de dólares al año en los estados que colindan con el territorio mexicano.

Pasados los seis meses de la notificación al Congreso, y en caso de que Trump quiera renegociar el TLCAN, el mandatario está obligado a entregar a los comités y subcomités del Capitolio proyectos de ley para enmendar los incisos y aspectos del acuerdo suscrito con México y Canadá.

Con las propuestas en sus manos, los comités y subcomités tendrían que llevar a cabo audiencias públicas para analizar los proyectos. Si los avalan y no hay objeciones o cambios que hacerles –el Congreso tiene la prerrogativa de modificar las enmiendas propuestas por el Ejecutivo–, las iniciativas se someten a votación; si son avaladas, pasan a consideración del pleno de las dos cámaras, donde nuevamente pueden ser radicalmente redefinidas. Al terminar el proceso de aprobación de dichas enmiendas, se envían a la Casa Blanca para ser promulgadas o anuladas por el presidente.

El TLCAN es un acuerdo tripartita. Estados Unidos puede actuar bajo sus leyes pero no imponer medidas unilaterales. De hacerlo, México y Canadá tendrían que responder, de acuerdo con sus intereses, con un acto impositivo de la misma naturaleza. Una guerra comercial de esta envergadura sacudiría al sector empresarial y laboral estadunidense con implicaciones globales.

“Sólo el Congreso, y no el presidente, tiene la autoridad para anular un acuerdo de comercio internacional”, enfatiza Jones.

Deportaciones “fast track”

Los deseos de Trump respecto al problema de la inmigración indocumentada  en Estados Unidos y su correlación con México tiene una complejidad similar a la del TLCAN.

“Claro que puede deportar a todos los inmigrantes indocumentados que hay en el país. La pregunta es si el Congreso le daría el dinero para hacerlo, ya que un programa para sacar a más de 10 millones de personas costaría miles y miles de millones de dólares”, explica el excongresista federal.

El plan de la fuerza de deportación que promete Trump consiste en duplicar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza para expulsar a todos los inmigrantes indocumentados.

En términos concretos, la presidencia de Trump quiere un ejército de 42 mil 740 agentes de la Patrulla Fronteriza. El presupuesto actual para sufragar los costos que implican las operaciones y salarios de sus 21 mil 370 agentes –que actualmente vigilan los 3 mil 100 kilómetros de la frontera sur– es de unos cinco mil millones de dólares anuales.

El presupuesto correspondiente al año fiscal 2016 para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), que dependen del Departamento de Seguridad Interior, fue de 13 mil 560 millones de dólares.

Con el plan de Trump para la fuerza de deportación, el presupuesto anual tendría que incrementarse en por lo menos cinco mil millones de dólares para poder cubrir el costo de la contratación de otros 21 mil 370 agentes de la Patrulla Fronteriza.

 

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