CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Congreso del Estado de México tiene la posibilidad de modificar o derogar la llamada Ley Atenco sobre el uso de la fuerza, promovida por el gobernador Eruviel Ávila.
Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al desechar la acción de inconstitucionalidad promovida por una mayoría de congresistas mexiquenses.
Sin embargo, el pleno de ministros del máximo tribunal aún está por resolver los recursos promovidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (CDHEM) en contra de la ley, por considerar que viola derechos fundamentales.
En una sesión caracterizada por el desencuentro entre los ministros, por una mayoría de seis a cinco el pleno de la SCJN dio por cerrada la petición de juicio de inconstitucionalidad solicitado por 51 de los 78 diputados del Estado de México.
El procedimiento para interponer una acción de inconstitucionalidad establece que se requiere un mínimo de 33% de los integrantes del Congreso, por lo que la mayoría de ministros consideró que los diputados que firmaron el recurso (68%) están en condiciones de modificar la ley.
Ese fue el razonamiento del ministro ponente Alberto Pérez Dayán, quien subrayó que esa mayoría está en contra de una ley que ella mismo aprobó.
Pérez Dayán recibió el respaldo de los ministros Alfredo Gutiérrez, Margarita Luna, Jorge Mario Pardo y el presidente Luis María Aguilar. La Corte determinó que esa mayoría en el Congreso puede derogar, modificar o reformar la ley.
En contra votaron los ministros José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar, José Francisco Franco, Norma Lucía Piña y Eduardo Medina.
Pérez Dayán también es ponente en las acciones de inconstitucionalidad de los organismos de derechos humanos.
El ministro propone declarar inconstitucional el artículo 40 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, según el cual las policías pueden recurrir a la fuerza “como primera opción” por parte de los cuerpos policiales.
La Ley fue iniciativa del gobernador Eruviel Ávila y aprobada por el Congreso estatal en marzo del año pasado, pero después la mayoría de los congresistas pretendió que la Corte revisara los vicios constitucionales del ordenamiento.
