CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó diversas propuestas que fueron planteadas por organizaciones civiles para exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto que mejore la forma de ejercer el gasto público, aumentar su vigilancia y sancionar a los funcionarios y particulares que han desviado recursos.
No sólo eso, en rueda de prensa el líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, señaló que uno de los principales objetivos es la necesidad de cambiar la forma y fondo en la manera en que se construyen los acuerdos en el país.
“Es fundamental que exista una amplia participación, que se incluya a la sociedad. México requiere de grandes acuerdos que sean resultado de consultas ciudadanas que reflejen a cabalidad y a profundidad el sentir y pensar de los mexicanos”, subrayó.
Semanas atrás la Coparmex se negó a firmar el Acuerdo para la Mejora de la Economía Familiar lanzado por el gobierno de Peña, al que calificó de “mediático” y “sin propuestas de fondo”.
Luego hizo un llamado abierto a todos los sectores de la sociedad para que participaran en una amplia consulta con el objetivo de generar propuestas para México.
El organismo realizó foros en todo el país, con la participación de 273 organizaciones, entre ellas Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Causa en Común, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos Primero, Mexicanos Contra la Corrupción, México Evalúa, OXFAM y Transparencia Mexicana.
Este martes, acompañado por el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, de Hoyos Walther detalló que se obtuvieron 517 propuestas, cada una de las cuales fue planteada por mexicanos de a pie, empresarios y miembros de la sociedad civil.
De esas 517 propuestas, agregó, 20 son valoradas de gran impacto y conformadas en cuatro ejes generales, el primero de los cuales tiene que ver con las reglas claras en el sistema recaudatorio.
En este punto se sugirió identificar con precisión y dar seguimiento a los ingresos excedente del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) de combustibles, además de publicitar los recursos recaudados por cuotas obrero-patronales de la Seguridad Social.
Sobre el segundo eje, que tiene que ver con la mejora del gasto, la iniciativa privada pidió cumplir el compromiso presidencial de crear un Sistema Nacional de Programas Sociales y un Padrón Único para todo el país como vía de acceso a los programas de beneficiarios.
Asimismo, definir una ruta crítica que asegure la operación de la Clave Única de Identidad antes de que termine la presente administración federal.
Con base en el inventario del Sistema Nacional de Programas Sociales y las evaluaciones de impacto de los mismos, propuso eliminar aquellos que no funcionan o están duplicados, para poder incrementar el gasto social en los que sí funcionan.
Respecto del gasto operativo de los gobiernos federal, estatal y municipal, consideró necesario identificar y transparentar todas las prestaciones que reciben los servidores públicos y suprimir privilegios que no corresponden a un gobierno eficiente, basado en el buen desempeño y la rendición de cuentas.
También mencionó la necesidad de ubicar aquellas partidas de gasto operativo que puedan resultar excesivas o superfluas, asegurar que los recortes anunciados se efectúen, habilitar una herramienta para dar seguimiento a los recortes y verificar que sean efectivos.
De igual manera, ordenar y depurar la nómina de servidores públicos para evitar contrataciones (en todas las modalidades) o pagos irregulares o ilegales.
En el tercer eje, relacionado con la fiscalización, la Coparmex propuso que el procurador general de la República informe mes a mes de los casos contra altos funcionarios y exfuncionarios federales, estatales y municipales, así como contra particulares, involucrados en actos de corrupción que han lastimado profundamente al país.
Consideró necesario asegurar que antes de que termine el gobierno de Enrique Peña Nieto, el conjunto de los 33 sistemas anticorrupción estén constituidos legalmente y sus comités coordinadores operando, con una política nacional anticorrupción adoptada y con evidencia pública del cumplimiento de sus facultades y obligaciones.
Por otra parte, agregó, debe garantizarse que los sistemas anticorrupción tengan las plataformas digitales necesarias para su funcionamiento, evitando los errores cometidos en el diseño, contratación y operación de la plataforma nacional de transparencia.
También insistió en la obligación de informar periódicamente sobre el estado que guardan las contrataciones públicas en los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, así como el establecimiento de un Consejo Fiscal Independiente para garantizar un manejo responsable de las finanzas públicas.
Por último, en el eje cuarto se consideraron diversos lineamientos para mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas, donde se incluya la recuperación gradual del salario mínimo para que supere el monto de la canasta básica para una persona en el corto plazo.
Además planteó Tasa Cero para personas asalariadas que ganen entre siete mil 500 y 14 mil pesos y estén debidamente registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Y de la mano de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) –añadió– debe buscarse un plan para asegurar condiciones de competencia en gasolinas, a fin de que los precios sean lo más competitivos posibles.
