La Corte Suprema de Venezuela ha decidido que por sí misma puede asumir las responsabilidades asignadas al Congreso, en lo que los opositores del presidente Nicolás Maduro dicen que es parte de un intento de instalar una dictadura en el país sudamericano.
En una decisión tomada el miércoles por la noche, los magistrados dijeron que mientras los legisladores continúen despreciando las sentencias judiciales anteriores anulando toda la legislación que sale de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, la alta corte puede asumir las funciones del Congreso. Las decisiones de la corte han respaldado sistemáticamente al gobierno.
Julio Borges, presidente de la asamblea, dijo que mientras que las decisiones pasadas habían quitado poder del Congreso, este movimiento permite que Maduro gobierne por decreto. Varios líderes de la oposición pidieron una nueva ronda de manifestaciones callejeras.
Sin embargo, no quedó claro con claridad cuál sería el impacto práctico del fallo.
Maduro ha encarcelado a decenas de opositores y ha asolado los poderes de los legisladores desde que la oposición barrió las elecciones legislativas en 2015 y de inmediato se dispuso a retirar al líder socialista de su cargo a través de un referendo revocatorio. Hace un año, el Tribunal Supremo emitió una orden que anulaba automáticamente toda la legislación que salía del Congreso y, a principios de esta semana, se movió para limitar la inmunidad de los legisladores frente a la fiscalía.
Pero los gobiernos extranjeros están cada vez más desacreditando el cambio hacia un gobierno autoritario y de partido único. A principios de esta semana, diplomáticos del hemisferio se reunieron en la Organización de Estados Americanos en Washington para debatir si castigar a Maduro por romper el orden democrático y el estado de derecho.
No hubo consenso sobre una propuesta del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, de suspender a Venezuela, pero la sesión llena de tensión terminó con la promesa de 20 naciones de monitorear de cerca la situación y tomar medidas para asegurar que el gobierno entabla un diálogo.
Un grupo más pequeño de 14 gobiernos, incluyendo Estados Unidos, también han pedido elecciones inmediatas para resolver el estancamiento.
La sorpresiva sentencia del miércoles se debió a la negativa del Congreso a autorizar una empresa conjunta con empresas privadas de la petrolera estatal venezolana. El gobierno, luchando para superar la escasez generalizada y la inflación de tres dígitos, ha argumentado que los legisladores son obstruccionistas al negarse a firmar en su presupuesto y otras decisiones económicas clave.
