CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre una nueva crisis financiera que pone en riesgo su operación, ya que se le destinaron 6 millones de dólares menos de los requeridos para su funcionamiento.
En un comunicado, destacó que luego de que en 2016 logró superar la crisis de financiamiento y comprometer a los Estados parte a fondear sus operaciones, presentó a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) su estimación para ejecutar acciones este año, evaluada en 11.5 millones de dólares.
Sin embargo, la Asamblea General destinó a la CIDH sólo 5 millones 643 mil dólares, lo que representa un déficit de casi 6 millones de dólares, que “implica un nuevo riesgo para su operatividad este año”.
Recordó, asimismo, que la asignación presupuestal se contrapone con la declaración del pasado 15 de diciembre firmada por 21 países del continente, entre ellos México, donde reconocían “la importancia y la labor que desarrollan los órganos independientes y autónomos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)”.
A partir de ese pronunciamiento pidieron a todos los Estados miembros “generar a la mayor brevedad un marco de consultas amplio e incluyente que nos lleve a alcanzar soluciones para asegurar el pleno financiamiento de los órganos del Sistema, evitando repetir las situaciones de crisis que pongan en peligro su operatividad”.
Destacó que en la resolución de junio de 2016, la Asamblea General de la OEA resolvió “reafirmar su compromiso de lograr el pleno financiamiento de la CIDH a través del Fondo Regular de la OEA, sin que ello vaya en detrimento del financiamiento para los otros mandatos de la organización”.
Fue a partir de esa asamblea que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos “acordaron una propuesta conjunta para el financiamiento adecuado y sostenible del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)”, misma que fue enviada al secretario general de la OEA, Luis Almagro, el 30 de septiembre de 2016.
No obstante, el 31 de octubre del año pasado, la Asamblea General de la OEA determinó mantener “el mismo nivel insuficiente de recursos para los dos órganos del SIDH”.
Luego de señalar que en el Consejo Permanente de la OEA para definir las directrices presupuestales de 2018 se espera que se atiendan las propuestas de la CIDH, el presidente del órgano, James Cavallaro, consideró que la declaración de 21 Estados “es un gesto de oportunidad en busca de una solución de urgencia para evitar una nueva crisis”.
En ese sentido, confió que en el Consejo Permanente de junio próximo (en México) la OEA “atienda la situación y autorice el refuerzo de los recursos asignados para 2017 y que (…) lleve a alcanzar soluciones estructurales para asegurar el pleno y sostenible financiamiento de los órganos del Sistema a partir de 2018”.
Por lo pronto, la CIDH espera contar con las contribuciones voluntarias de Estados miembros de la OEA, países observadores y otros donantes por montos similares a 2016, por 3 millones de dólares.
De acuerdo con la información proporcionada por la CIDH, hasta el momento se han comprometido 2.1 millones de dólares por parte de Estados Unidos, 750 mil dólares de Canadá y 150 mil dólares de Panamá, en tanto que Uruguay y Argentina se ofrecieron como anfitriones para organizar periodos de sesiones.
De igual manera, se informó que sin fijar montos, se prevén donaciones de países como Holanda, España, Suiza, Irlanda, así como las organizaciones Trust for the Americas y Pan American Development Foundation (PADF).
Según el comunicado, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, señaló que el organismo ha tomado las medidas necesarias “para evitar una nueva crisis”, pero ello no depende del organismo “sino también de los donantes”.
Explicó que “el hecho de que la mitad del presupuesto provenga de donaciones voluntarias compromete parte de nuestra capacidad de sostenibilidad y previsibilidad”, por lo que llamó al “diálogo para fortalecer nuestra autonomía e independencia”.
La CIDH manifestó que tiene la aspiración “histórica y legítima” de tener un presupuesto “más amplio y adecuado que le permita fortalecer su capacidad de trabajo y cumplir con su mandato integral de promoción, defensa, monitoreo y protección de derechos humanos en el hemisferio, centrado en la atención a las víctimas”.
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