Colombia ha visto un aumento alarmante en la deforestación después de que los rebeldes de izquierda abandonaran el control de vastas áreas del país como parte de un acuerdo histórico de paz.
El área de deforestación saltó 44% en 2016 a 178.597 hectáreas en comparación con el año anterior, según cifras oficiales publicadas este mes – y la mayor parte de la destrucción fue en zonas de selva remota controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El ejército rebelde era un violento grupo armado ilegal, pero durante décadas la guerrilla impuso límites estrictos a la tala de civiles, en parte para proteger su cobertura de los ataques aéreos de los aviones de combate del gobierno.
Pero el año pasado, cuando las Farc comenzaron a moverse hacia la desmovilización, grupos criminales se movieron, aprovechando el vacío que quedaba para promover la tala ilegal y la explotación minera y ganadera. Los civiles que habían sido ordenados por las Farc para mantener el 20% de sus tierras con cubierta forestal comenzaron a expandir sus granjas.
“Las FARC limitarían la tala a dos hectáreas al año en el municipio”, dijo Jaime Pacheco, alcalde de la ciudad de Uribe, en la provincia oriental del Meta. “En una semana [el año pasado], 100 hectáreas fueron despejadas y hay poco que podamos hacer al respecto”.
A lo largo de sus 53 años de existencia, las Farc estaban lejos de los ángeles ambientales. Mientras que en algunas zonas la presencia guerrillera ayudó a mantener los bosques, en otros los rebeldes promovieron cortes claros para dar paso a la planificación de la coca, materia prima utilizada en la cocaína o minería ilegal de oro, fuente de ingresos para el grupo.
Los bombardeos de oleoductos arrojaron millones de galones de petróleo en vías fluviales y selvas. Entre 1991 y 2013, el 58% de la deforestación en Colombia se observó en zonas de conflicto, según un informe de 2016 del Ministerio de Planificación de Colombia.
“No eran ambientalistas, pero sí regulaban la actividad y -dado que tenían las armas- la gente cumplía”, dice Susana Mullohand, activista ambiental que realizó un estudio diagnóstico de los riesgos ambientales del retiro rebelde.
“Le dijimos al gobierno que necesitaría establecer control en estas áreas rápidamente, pero no lo ha hecho”, dijo. “Es como el oeste salvaje ahora, una fiebre de la tierra.”
Colombia, que tiene la octava capa forestal más grande del mundo, comprometida bajo los acuerdos climáticos de París a alcanzar una deforestación neta nula en 2020 y detener la pérdida de todos los bosques naturales para 2030.
Con información de The Guardian
