Damien Cave contribuyó con información.
© 2016 New York Times News Service
(Diario de Tulum)
TULUM, México – Cuando Renaud Jacquet iba llegando a este complejo de villas playeras en alquiler, había invasores recorriendo todo el lugar.
Estaban lanzándose a través de los edificios, vaciando habitaciones y tirando mobiliario y provisiones en pilas afuera. Uno de los hombres estaba caminando por ahí con una botella de vino de Jaquet.
Escenas similares se desarrollaron de arriba debajo del codiciado litoral caribeño en Tulum, México, en junio. Cientos de hombres trabajando para una empresa de seguridad – llevando consigo palos, tubos de metal y machetes, dijeron testigos – atacaron 17 propiedades, incluyendo hoteles, residencias particulares, boutiques y un club de playa. Desalojaron a todo aquel que estuviera en las instalaciones, incluyendo turistas, algunos de los cuales habían sido levantados de la cama.
“Era como una turba”, recordó Jacquet. “Es la Revolución Francesa”.
Sin embargo estas tomas de lugares, que al parecer tomaron desprevenidos a los dueños de propiedades, al parecer fueron legales, autorizadas por la orden de un juez. Varios oficiales de policía estuvieron ahí, parados y observando; estaban ahí, todo parecía indicarlo, para proteger a los oficiales del juzgado que habían entregado la mala noticia.
Los desalojos fueron los más recientes, y por mucho los mayores, en una serie de expropiaciones ordenadas judicialmente que han sacudido este poblado turístico, así como manchado su imagen como un relajado retiro eco-chic que se ha vuelto sumamente popular entre turistas, particularmente aquéllos de Estados Unidos y Europa Occidental.
Algunos aquí, incluidos muchos de los propietarios de negocios que fueron afectados directamente por los decomisos de propiedades, dicen que los desalojos y sus amargas consecuencias han expuesto una ominosa verdad sobre Tulum: que este tramo a todas luces edénico de costa en la península de Yucatán difícilmente es inmune al tipo de problemas que plaga al resto de México.
Corrupción, regulación inconsistente del gobierno y un opaco sistema legal, argumentan estos residentes, están amenazando con arruinar un paraíso mexicano.
En el corazón de la disputa están reclamos de la tierra en competencia que se remontan varias décadas. Propietarios de negocios que han sido desalojados dicen que están siendo despojados de su propiedad frente al mar mediante un elaborado sistema de fraude que involucra escrituras falsificadas de la tierra, contratos falsos y violaciones al proceso debido, facilitado por corruptos funcionarios gubernamentales y jueces. La escasez de registros públicos, dicen los propietarios de negocios, ha dificultado incluso más la defensa de sus propiedades.
“Turistas estadounidenses necesitan saber realmente qué está ocurriendo por acá”, dijo Ken Wolf, empresario estadounidense que perdió su hotel en Tulum en una redada similar, varios años atrás. “No hay estado de derecho”.
Cuando Jaquet, quien es francés, compró su primer lote de tierra aquí en 2004, larga playa conocida como Punta Piedras, estaba vagamente al tanto de que su propiedad pudiera no ser irrefutable.
“Fue asombroso encontrar un lugar como ese: tan poco desarrollado, tan cerca de Nueva York”, dijo Jaquet, de 52 años de edad, en una entrevista reciente; vestía una camiseta y pantalones de algodón rosas siguiendo el estilo de piyamas.
Él y su esposa habían estado considerando comprar un apartamento en Nueva York, pero decidieron más bien construir una casa en la playa. “No fue necesario pensarlo”, dijo.
A comienzos del 2000, la playa de Tulum no estaba desarrollada en su mayoría sin empresas de servicio público y nada de servicio de telefonía celular, pero atrajo empresarios y recompensó su espontaneidad. Hoteles sencillos – algunos inspirados en las palapas, las chozas tradicionales creadas a partir de ramas de árboles y techado con palmera – empezaron a surgir de las dunas. Abrieron boutiques y restaurantes. La atmósfera era relajada, despreocupada y divertida.
“Era lujo primitivo”, dijo Nicolás Malleville, modelo argentino que abrió en 2003 Coqui Coqui, hotel que se convirtió en uno de los destinos favoritos para el mundo de la moda y fue incautado en los desalojos de junio. “Pudimos jugar a Robinson Crusoe”.
Cuando compró su primer lote de tierra, Jacquet entendía que este había formado parte de un tramo de poco más de 10,500 hectáreas que había sido reservado a comienzos de los años 70 para miembros de un ejido, como parte de un esfuerzo del gobierno por formalizar derechos de propiedad para agricultores sin tierra y fomentar el asentamiento en áreas escasamente pobladas.
Sin embargo, al poco tiempo se enteró de que una familia del distante estado norteño de Nuevo León alegaba que tenía un título de parte de tierra del ejido, conflicto que se había activado durante años.
Jacquet no dejó que eso lo disuadiera.
“Vi a todos los demás, y no estábamos preocupados porque nadie había perdido su tierra”, dijo.
Pero, para finales de la década de 2000, Tulum había despegado como destino vacacional. Los precios de las habitaciones se dispararon, haciendo más atractivas propiedades en la playa como objetivos para ocupaciones forzosas.
Una de las primeras advertencias significativas para propietarios de negocios llegó el 30 de noviembre de 2009.
Esa mañana, dos docenas de oficiales de policía y un juez llegaron al Ocho Tulum, hotel perteneciente a Wolf, el empresario estadounidense. Yacía en tierra sobre la playa que él había alquilado desde 2005 bajo un contrato por 30 años. En 2006, antes de que él empezara a construir, se había enterado de que había un reclamo en competencia sobre una porción de la tierra, pero decidió seguir adelante con el proyecto.
“Escuché que eso probablemente no llegaría a nada”, dijo. “Nunca creí que estuviera en riesgo de perderlo”.
Desafió su pérdida ante un tribunal, pero fue derrotado tras años de litigio.
Los desalojos continuaron. Hubo algunos en 2011, y otro alrededor de 2013.
En mayo de 2014, cuatro hoteles más fueron incautados con la orden de un juez en un caso laboral. Dos hombres habían demandado la herencia de un ex terrateniente, alegando que les adeudaban millones de dólares en salarios no pagados, y un juez les otorgó las cuatro propiedades como pago.
La Asociación Hotelera de Tulum no encontró registros de que los dos hombres hubieran trabajado en Tulum. Lo que es más, los dueños de hoteles dijeron que nunca les habían notificado que sus propiedades estaban sujetas a una acción legal.
En ese punto, dijo Jacquet, “Supe que cualquier cosa era posible”.
El mes pasado, las embajadas de cuatro países europeos – Francia, Italia, Países Bajos y Portugal – enviaron una carta conjunta a la secretaría de Relaciones Exteriores de México expresando su “gran inquietud” con respecto a los desalojos y pidiéndole a las autoridades que conduzcan “una investigación profunda y seria”. (Un portavoz del Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, el estado donde está Tulum, no respondió a peticiones para comentar sobre los desalojos.)
Mario Cruz Rodríguez, el director general de turismo para Tulum, dijo que los desafíos legales se habían acelerado en años recientes debido a que Tulum es “una joya”; es una mina de oro”.
Kirk Semple
© The New York Times 2016
