CIUDAD DE MEXICO (apro).- La revista Proceso publicó el siguiente reportaje el 19 de febrero de 2012, donde se da cuenta que organizaciones civiles, abogados y familiares de los primos José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, detenidos en diciembre de 2009 en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, insisten en que fueron militares quienes se llevaron a las víctimas. Ahora la CIDH ha anunciado que presentó el caso a la consideración de la Corte Interamericana. A continuación el texto íntegro:
Después de casi dos años de recibir impugnaciones contra la competencia del fuero militar en investigaciones por violaciones a los derechos humanos de civiles, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cedió a las exigencias de los representantes de las familias de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, detenidos el 29 de diciembre de 2009 por una partida militar en el municipio de Buenaventura, Chihuahua.
La desaparición forzada de los primos ocurrió en el contexto de la guerra contra el narcotráfico lanzada por Felipe Calderón en diciembre de 2006, apenas inició su mandato. De hecho es el primer caso de esta naturaleza llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal que ya condenó a México en cinco ocasiones por violaciones a las garantías individuales, en cuatro de ellas por abusos cometidos por tropas de la Sedena en administraciones anteriores.
El litigio ante la Corte es llevado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHM), la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, cuyos abogados exigieron desde el principio a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar las indagatorias correspondientes para la localización de los tres jóvenes.
Ante la falta de respuesta, los litigantes de esas organizaciones acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que inició una indagatoria y el 30 de junio del año pasado emitió una recomendación –la 43/2011–, en la que sus visitadores confirman la participación de miembros del Ejército, así como de agentes de la Policía Federal, en la desaparición de José Ángel, Nitza Paola y Rocío Irene.
La triple desaparición también formó parte de los expedientes que el Grupo del Caso de los Jóvenes Alvarado entregó al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) de las Naciones Unidas durante su visita a México en marzo del año pasado, que se prolongó durante tres días.
El GTDFI evaluó la información de las autoridades federales y locales, así como la que le proporcionaron activistas de derechos humanos y la propia Sedena, y elaboró un informe sobre los tres casos, que presentó el 20 de diciembre último durante el 19 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. El organismo concluye: “parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas”.
La devolución del expediente
El jueves 9 de febrero, en una reunión efectuada en la Secretaría de Gobernación en torno al tema del cumplimiento de la recomendación de la CNDH relativa a la desaparición de los primos Alvarado, la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) optó por delegar el caso a la PGR, según relatan familiares de las víctimas y los abogados que llevan el caso.
