El caso del jardín de niños 3 de Mayo de 1535 en que un profesor de inglés es acusado de haber abusado sexualmente de al menos 19 menores evidencia la cadena de silencio y compicidades en Baja California.
Se trata no de una cadena de mando sino, como ocurre con los funcionarios mexicanos, de una cadena que busca echar tierra sobre las irregularidades a fin de evitar que a los directivos se les tache de incompetentes.
Como se sabe, un maestro de inglés de un plantel preescolar de Ensenada, Baja California, es acusado de haber perpetrado agresiones sexuales en contra de 19 niños, lo cuales ya fueron sometidos a exámenes físicos y psicológicos que confirman dicho abuso por parte del profesor, quien ya se encuentra prófugo.
Ante ello, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación 10/2016 a la Secretaría de Educación del estado. El organismo advierte que las autoridades responsables “incumplieron el principio de interés superior de la niñez, violaron el derecho a la seguridad jurídica y al trato digno de las víctimas y las personas quejosas, así como sus derechos como víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos”, además de que “atentaron contra los derechos de los agraviados “a la educación libre de violencia y el sano desarrollo integral”, en los hechos ocurridos entre octubre y diciembre de 2015, que fueron denunciados por 18 padres de familia.
El profesor, Luis Gerardo Lugo Cirerol, es señalado como el autor del abuso en contra de 19 menores que pese a denunciar los hechos, fueron ignorados por la dirección del plantel, el cual tomaron a fin de que trascendieran sus reclamos.
De acuerdo a sus hijos, los hechos se registraron entre octubre y diciembre de 2015 pero fue hasta el mes de marzo cuando fueron hechos del conocimiento de la directora del preescolar, la profesora Minerva Alcaliz Valenzuela.
Ese mismo mes de marzo, se interpuso una denuncia ante la agencia del Ministerio Público en contra del profesor y de otra maestra de nombre Verónica quien de acuerdo a los menores, los amenazó e incluso golpeó para que no siguiera denunciando los absusos a que fueron sometidos.
De acuerdo a la recomendación de la CEDH, el profesor Lugo Cirerol “incurrió en conductas constitutivas de abuso sexual en contra de las víctimas, algunas de quienes fueron sujetas a tocamientos, desnudos forzosos y/o exposición a presenciar los antedichos abusos”.
También asienta que el profesor “cometió diversos actos de maltrato físico y emocional de diversa índole contra las víctimas”.
Una profesora más, identificada como Verónica, se le acusa “ejercer violencia psicológica contra las niñas y los niños al buscar intimidarlos para disuadirlos de denunciar los hechos de abuso sexual cometidos”.
También la directora del preescolar, Alcaliz Valenzuela es acusada ya que “obstaculizó el acceso de las víctimas y sus familias a denunciar los hechos e incurrió en incumplimiento de la obligación de proteger la integridad y seguridad de las niñas y los niños bajo su responsabilidad”, y a la inspectora la señala de participar “en la obstaculización de las investigaciones y el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral”.
Además refiere que la inspectora está comprometida en un conflicto de intereses por un parentesco que la une con el maestro, quien, de acuerdo con el secretario de Educación Mario Herrera Zárate en entrevista previa, fue contratado precisamente por esta funcionaria escolar sin seguir los procedimientos oficiales.
Por su parte, el gobierno del estado fijó un posicionamiento a todas luces vago y difuso:
El Sistema Educativo Estatal de Baja California ha asumido, desde el primer día de la administración estatal que encabeza el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, el compromiso de respetar y cuidar irrestrictamente los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Para ello, desde enero de 2015 se iniciaron los trabajos del Programa de Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para detectar, canalizar y dar puntual seguimiento a los casos de estudiantes que presentan situación de riesgo por maltrato infantil, agresión sexual, acoso escolar y embarazos tempranos. Cabe mencionar que este programa inició sus actividades un año antes que a nivel nacional se implementara un programa similar.
En estrecha vinculación con el Sistema DIF BC, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Contraloría General del Estado se han implementado mecanismos de protección para salvaguardar los derechos y la integridad física, psicológica y emocional de las alumnas y alumnos.
Más allá de las acciones que puedan resultar plausibles, el caso que nos ocupa no mereció la debida atención por parte del gobierno que encabeza Francisco Vega, y eso evidencia la necesidad de crear nuevos canales de comunicación entre el sistema educativo y las autoridades a cargo de las investigaciones y correspondiente sanción.
No podemos darnos el lujo de que se repita un nuevo 3 de Mayo de 1535.
