CANCÚN, Q. Roo (apro).- El litigio por la posesión de una marina puso al descubierto la venta irregular de un albergue para jóvenes de escasos recursos — ubicado frente a la playa en la zona hotelera de esta ciudad– que hizo el exgobernador, Roberto Borge, a un grupo empresarial ligado al senador Félix González Canto.
Este entramado, que involucra también al exalcalde de Cancún, Paul Carrillo, salió a flote cuando un grupo de golpeadores pagados por la sociedad “Caveri Servicios Inmobiliarios”, de Ricardo Vega, pretendió apoderarse del predio de la marina “Chac-Chi”, colindante con las “exVillas Juveniles del CREA”, abandonadas en el sexenio de González Canto y administradas por el Consejo Estatal para la Juventud y el Deporte (Cojudeq).
Ocurrido el agosto de este año, en el ataque el grupo de golpeadores no logró apoderarse de toda marina, propiedad de Gaspar Paredes Cardeña, pero sí de un pedazo del terreno, el cual cercaron y dejaron bajo el cuidado de guardias.
“Marina Chac-Chi” presentó un interdicto por la posesión del predio y lo ganó en primera instancia, pero fue revertido por el magistrado de la Quinta Sala Especializada en Materia Civil de Cancún, Argel Ysidro Quintal, quien llegó al Tribunal Superior de Justicia del estado dentro del llamado “paquete de Impunidad”, aprobado por la anterior legislatura a iniciativa del exgobernador Roberto Borge.
Durante el juicio, “Caveri Servicios Inmobiliarios” presentó como prueba a favor, dos de las tres escrituras de la adquisición de las “exVillas Juveniles” al Instituto de Patrimonio del Estado (Ipae), el 2 de abril de 2014.
De hecho, el IPAE es señalado como uno de los principales ejes de la corrupción de la administración de Borge Angulo.
El pasado 15 de noviembre, el titular de la Secretaría de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, dio a conocer que interpuso las primeras denuncias contra el exmandatario por la venta irregular de 95 millones de metros cuadrados de la reserva territorial del Ipae.
Las denuncias fueron ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del estado de Quintana Roo, contra el exgobernador –quien además presidía el Comité del Patrimonio Inmobiliario– y la exdirectora del organismo, Claudia Romanillos Villanueva.
La venta
En conferencia de prensa, el abogado Héctor Pérez Rivero presentó los documentos de la venta de las “exVillas Juveniles del CREA” — divididas en tres lotes– a “Caveri Servicios Inmobiliarios” y que en total suman dos hectáreas a razón de mil 900 pesos el metro cuadrado.
En aquella época, apuntó, el metro cuadrado costaba mil dólares y ahora vale mil 200 dólares en esta parte de la zona hotelera.
Y subrayó: “Lo vendieron a una quinta parte de su valor”.
Pero además, “Caveri Servicios Inmobiliarios” recibió el año siguiente una fracción adicional de terreno por parte de la Dirección de Castrato del Ayuntamiento de Benito Juárez, en Cancún.
En julio de 2015, el entonces director municipal de Catastro, Heyden Cebada, -bajo la alcaldía del priista Paul Carrillo- otorgó a “Caveri” la rectificación de colindancias en dos de los tres lotes que forman toda el área de las “exVillas Juveniles”.
Con este trámite, agregó el litigante, no sólo reafirman la venta, sino que además les “regalan otras dos mil metros cuadraros” pues las mediciones no corresponden a las que amparan los títulos de propiedad.
En el primer lote, la superficie escriturada originalmente fue de mil 990.75 metros cuadrados, pero el Catastro municipal le avala dos mil 162.23 metros.
El segundo era de tres mil 905.25 metros cuadrados y les fue ampliado de manera irregular a cinco mil 702.90 metros.
De acuerdo con el litigante, los oficios de certificación de medidas y colindancias fueron formalizadas por el notario público 8, José Arjona Iglesias, que recibió su patente como fedatario en el sexenio de Félix González.
También destacó la vinculación de González Canto con Ricardo Vega, cuyo principal negocio en Cancún son las gasolineras que se expandieron en el sexenio del ahora senador.
Pérez Rivero indicó que corresponderá al actual gobierno de Carlos Joaquín iniciar los procesos para recuperar el inmueble de las “exVillas Juveniles del CREA”.
Este lunes, al darse a conocer siete nuevas denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra exfuncionarios de tres secretarías y una paraestatal de la anterior administración, el secretario de Gobierno, Francisco López Mena, acotó que la corrupción en la gestión de Roberto Borge “no solo fue de manera generalizada, sino de también organizada”.
