CIUDAD DE MEXICO (apro).- Con 15 votos a favor y dos abstenciones, de legisladores de Morena, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados avaló este martes la minuta de la Ley General de Víctimas que le envió el Senado.
La minuta con proyecto de decreto aprobada establece un esquema flexible para usar y comprobar los recursos; eso asegurará que el fondo económico de reparación del daño se utilice de forma eficiente, ágil y transparente.
Además, la ayuda podrá ser comprobable cuando se entregue por adelantado y estará sujeta a comprobación posterior. Este esquema, se apunta en el documento, apoyará a las víctimas cuando tengan que trasladarse a diferentes lugares para conocer el avance del proceso jurídico.
También se fortalece la facultad de atracción de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a fin de determinar su intervención en la atención y eventual reparación del daño en casos del fuero local, cuando en los estados no se haya concretado ésta; si no paga la entidad, se descontará del presupuesto del año siguiente ante la falta en la creación de comisiones ejecutivas y fondos estatales.
Los afectados podrán recibir ayuda de instituciones privadas con cargo al fondo de reparación del daño; incluso, se podrá contar con peritos expertos extranjeros cuando no haya en el país.
No es todo, pues además se modifica la estructura de la CEAV, así como su integración y funcionamiento; dejará de ser un órgano colegiado para estar a cargo de un comisionado ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos.
Igual establece un Comité Interdisciplinario evaluador de la CEAV, con facultades reguladas para elaborar los proyectos de dictamen, de acceso al dinero del Fondo para el Otorgamiento de los Recursos de Ayuda, de reparación integral y, en su caso, la compensación, que habrá de determinarse conforme a la ley, así como para la creación de fondos de emergencia. Con todo esto, se subraya en el documento, se logrará la atención más ágil de las víctimas.
Y de define el interés superior de la niñez como un conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.
Además, se reconoce la necesidad de atender y proteger, mediante un enfoque diferencial, a las personas que enfrentan desplazamiento interno, como un hecho victimizante autónomo que representa o se deriva generalmente de una violación grave, continuada o múltiple de diversos derechos, y que amerita un tratamiento diferenciado para permitir a este sector contar con medidas de ayuda y asistencia particulares que coadyuven a garantizar el ejercicio de los derechos que le hayan sido afectados.
Asimismo, señala que debe otorgarse atención inmediata a las poblaciones víctimas de desplazamiento para cubrir sus necesidades prioritarias, y de esta manera fortalecer la protección de los derechos vulnerados con ese motivo.
El legislador Alfredo Basurto Román, de Morena, refirió que de los 2 mil millones de pesos del fondo de reparación del daño, no se han ejercido ni 100 millones, ya que prevalece el burocratismo, con lo que no se satisfacen las expectativas de la sociedad civil, cuyas propuestas deben considerarse prioritariamente para atender a las víctimas del delito.
También resaltó la necesidad de que la Comisión Ejecutiva se integre por víctimas, sociedad civil y académicos con facultades para decidir sobre el programa anual de trabajo y las prioridades para ejercer el presupuesto; cuestionó el esquema para designar al titular de dicha comisión, y planteó que sea apartidista y no un exfuncionario, sino alguien de la sociedad civil con el perfil idóneo, que reconozca el desplazamiento interno como la violación de múltiples derechos humanos, ya que es un hecho revictimizante.
La diputada Lía Limón García, del PVEM, destacó la importancia de esta reforma, ya que abre la posibilidad de atender verdaderamente a las víctimas del delito mediante una ley operativa y con eso resarcir la deuda que se tiene con este sector.
Luego dijo que “hoy el fondo económico de reparación del daño tiene más de mil 536 millones de pesos, del cual se ha erogado sólo 3% por las trabas existentes para ejercerlo. Lo que se hace con esta reforma es eliminar esos obstáculos en beneficio de las víctimas, que podrán ejercer esos recursos, y que hasta ahora no lo han hecho por distintas trabas burocráticas, además de que se les revictimiza”.
Arturo Santana Alfaro, del PRD, sostuvo que con estas modificaciones se tiene la oportunidad de dar a México una ley de avanzada y de vanguardia para atender a un grupo de mexicanos que no gozan de la restitución de sus derechos fundamentales, ya que por limitaciones legales no se han ejercido casi 2 mil millones de pesos a favor de las víctimas.
Igual apoyó los cambios a la normatividad de la CEAV para que los recursos sean ejercidos debidamente. “Aunque el organismo sea unipersonal, no es sinónimo de que no va a funcionar; por el contrario, puede avanzar. Ya le dimos seguimiento a un cuerpo colegiado que no funcionó que, por el contrario, puso barreras para aplicar los recursos del fondo que hoy ascienden a cerca de 2 mil millones de pesos y que no han podido ser ejercidos. Es una gran oportunidad para establecer con precisión que se tiene que atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos”.
María Gloria Hernández Madrid, del PRI, destacó la importancia de los servicios de un abogado victimal, en caso de que los agraviados no cuenten con un especialista legal que los oriente y apoye en el proceso judicial, lo cual permitirá una atención más oportuna ante una situación vulnerable.
También indicó que la posibilidad de solicitar el apoyo de peritos nacionales y extranjeros, cuando no haya en el país, contribuirá a facilitar a las víctimas el acceso a diversas opiniones para garantizar su derecho a la verdad, a la justicia y reparación integral del daño.
El diputado panista Ulises Ramírez Núñez refirió la preocupación de organizaciones civiles sobre los montos de reparación, ya que en los últimos meses se han ejercido 80 millones de pesos del fondo, de los cuales 72 millones se han destinado a reparar agravios de delincuentes, quienes arguyeron el no respeto al debido proceso y a derechos humanos, y los 8 millones restantes fueron para las víctimas de delitos. Además, hay burocratismo para ejercer esos recursos.
