CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- En octubre de 2014, Adriana Rodríguez Hernández fue diagnosticada con cáncer de mama (CaMa) Her 2 Positivo, un tipo poco común e investigado en México.
La mujer fue remitida a un protocolo de investigación alemán en el Centro Oncológico Estatal de Toluca, donde el tratamiento duraría al menos cinco años.
Adriana se desempeñó durante tres años como subdirectora de Información Delictiva y Coyuntural de la Unidad de Análisis Criminal de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex), pero el pronto avance de la enfermedad la obligó a separarse de su puesto.
En su momento contó con el apoyo de la entonces jefa de la Unidad de Análisis Criminal, Beatriz Ramírez, para retirase por incapacidad, pero seguía trabajando a distancia pese a estar sometida a tratamientos dañinos para su salud.
“Debido a las quimioterapias no podía leer, ni escribir, pero pedía ayuda de mis familiares para que llamaran y siguiera cumpliendo con mi trabajo”, relata Adriana Rodríguez en entrevista.
En julio de 2015 fue retirada de su cargo y reemplazada por David Alberto Izquierdo Sánchez.
De acuerdo con la víctima, con la entrada del nuevo titular de la Unidad de Análisis Criminal, ella empezó a enfrentar una serie de hostigamientos, burlas y discriminaciones derivadas del tratamiento de CaMa que llevaba a cabo.
Poco después David Izquierdo ascendió de puesto y pidió a Adriana Rodríguez su inmediata renuncia.
La mujer se presentó en la oficina del titular y le manifestó que contaba con una licencia de incapacidad por un año emitida por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). En respuesta, éste la obligó quedarse y trabajar hasta un día antes de ser operada de una mastectomía radical donde le fue extirpado el seno izquierdo y 26 ganglios.
A lo largo de su incapacidad, Adriana recibió diversos oficios emitidos por Izquierdo y el director de Recolección de Información y Coordinación Regional, Luis Itzcoatl Mauriño Cubas, quienes insistían que presentara su renuncia.
A pesar de endeble salud, ella siguió presentando sus documentos de incapacidad en las oficinas donde laboraba, pero durante las visitas que hizo recibió malos tratos de sus jefes y compañeros, quienes se burlaban de su aspecto físico después de la mastectomía.
“Todos las organizaciones hablan de la prevención y otros aspectos del cáncer de mama, pero nadie habla de la discriminación laboral que vivimos”, lamenta.
En ese contexto, Adriana interpuso varias denuncias por abuso de autoridad, discriminación y acoso laboral ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) –número de expediente CODHEM/TLAL/786/2015– y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC) –número de expediente CI/SSC-SVMN/QUEJA/011/2016)–. Su caso sigue en investigación.
También pidió la ayuda del Ejecutivo estatal, Eruviel Ávila Villegas, quién designó al titular de la Unidad de Análisis Criminal, pero no obtuvo respuesta.
En última instancia, Adriana acudió al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y también buscó a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Diva Hadamira Gastélum Bajo.
Ninguna de esas instituciones y personas la atendió. Le argumentaron que su conflicto era laboral y no correspondía a una cuestión de género o derivada de su tratamiento por CaMa, pese a que la discriminación laboral es considerada una violación a los derechos humanos en el capítulo II, artículos 9 y 11 de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado de México.
“Nadie me hizo caso, ni la Comisión, ni los medios de comunicación, ni las organizaciones que apoyan el cáncer de mama. Mi caso no les interesa”.
La víctima relata que a partir de las denuncias fue amenazada por sus jefes, y sus compañeros de trabajo le informaron que el titular de la unidad les prohibió hablarle. Finalmente desocuparon la oficina que ocupaba y tiraron sus pertenencias a la basura.
Después de varias exigencias por parte de la víctima, la CODHEM emitió un comunicado a la Unidad de Análisis Criminal de la CES para que cesara el hostigamiento y se tomaran medidas de precautorias para proteger a Adriana cuando regresara a su puesto.
“El 5 de diciembre de 2016 regresé a las oficinas para reincorporarme en mi puesto y funciones como subdirectora de Recolección de Información Delictiva y Coyuntural”, cuenta Adriana, pero se le impidió el ingreso y fue atendida hasta el día siguiente, cuando se le notificó que sus funciones cambiarían.
Rodríguez fue colocada al frente del Programa Operativo Anual (POA) de la CES. La instalaron en una oficina sin ventilación y no le entregaron equipo ni personal para llevar a cabo dicha tarea.
El pasado lunes 19, Adriana finalmente fue destituida de su cargo, sin que le dieran las razones. “No me despidieron por mi trabajo, me despidieron por mi condición de salud”, argumenta.
Su preocupación es clara: está sin trabajo y sin derecho a seguridad social, por lo tanto es imposible que siga con el tratamiento contra el cáncer de mama que hasta la fecha le ha costado al ISSEMYM 12 millones de pesos.
“El tipo de cáncer que tengo es muy invasivo (…) Si no continúo con el tratamiento corre riesgo mi vida”, dice Rodríguez, quien actualmente se encuentra en proceso de emitir un amparo.
Sostiene que le faltan tres años de tratamiento, pero ante la situación en que se encuentra corre el riesgo de que le sea suspendido.
“No pienso morir por cáncer de mama”, dice Adriana, y comparte su sueño de crear una fundación para atender a mujeres con CaMa discriminadas en sus trabajos.
Hasta ahora la mujer no ha logrado tener contacto con sus jefes inmediatos, David Alberto Izquierdo Sánchez y Luis Itzcoatl Mauriño Cubas.
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