domex, Sonora y Oaxaca, los más peligrosos para defensores ambientales: CEMDA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los estados de México, Sonora y Oaxaca son los más peligrosos para defensores de los derechos humanos ambientales, aseguró el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), como parte de su tercer informe sobre la situación de quienes defienden agua, aire, tierra, flora y fauna en el país.

En su informe 2016, representantes de esa asociación civil informaron que en total, en México se registraron 63 ataques a defensores ambientales, uno de ellos de consecuencias mortales, como fue el caso del homicidio en Chihuahua de un opositor a la tala clandestina.

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Del total de agresiones, en territorio mexiquense y sonorense ocurrieron 12 casos en cada uno. Le siguieron Oaxaca con seis casos, Puebla con cinco, Colima y Campeche con cuatro cada uno, Veracruz y Chiapas con tres; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur con dos, mientras que en Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México sólo se registró un caso en cada entidad.

Según el reporte, las agresiones más comunes fueron contra activistas (139), aunque también las hubo contra organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas y campesinas que se oponían a la construcción de megaproyectos en su territorio. De éstos, 17 son hidráulicos, 10 mineros, ocho de infraestructura y siete hidroeléctricos.

El Centro detalló que los ataques más comunes fueron amenazas en 24%, intimidación 19%, criminalización 18% y agresiones físicas un 15%. No obstante, también se registró hostigamiento con 11%, difamación 6%, privación ilegal de la libertad, desalojo forzoso, allanamiento y robo en 2% cada uno.

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Respecto a los agresores, el Informe 2016 de la organización revela que 43% fueron funcionarios o fuerzas de los tres órdenes de gobierno; 14% particulares; 7% personal de las empresas involucradas; el 3% por parte de la gente de la misma comunidad y 2% por grupos del crimen organizado. En el 31% restante no se identificó al victimario.

Ante este panorama, Alejandra Leyva, experta en Derechos Humanos del Centro, aseguró que el Estado mexicano debe “realizar un papel eficaz para prevenir y sancionar las agresiones contra los defensores ambientales y evitar a toda costa que puedan ser las propias autoridades quienes cometen las agresiones”.

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Agregó que la corrupción y la impunidad son factores que generan las agresiones, además del aumento de conflictos socio-ambientales por intereses económicos implicados.