XALAPA, Ver. (apro).- Empresarios afiliados a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), así como micro y medianos independientes le dieron la espalda a Javier Duarte al exigir la intervención del presidente Enrique Peña Nieto para detener el paquete de iniciativas que el gobernador priista envió al Congreso local para “blindar” su salida.
La solicitud la hicieron a través de un desplegado publicado en medios locales y nacionales, firmada por medio centenar de empresarios y delegaciones regionales de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dirigido al presidente, al secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, y a los diputados locales de todos los partidos políticos del Congreso Local.
En el texto, los firmantes llamaron a “detener” el paquete de iniciativas que Duarte de Ochoa envió a los legisladores para donar la Casa Veracruz a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así como aeronaves a la Fiscalía General del Estado (FGE).
También se oponen al nombramiento del Fiscal Anticorrupción y al próximo Comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) por un periodo de cinco años, así como la intención de “blindar” sus cuentas públicas, estados financieros y posibles sanciones, y dotar de 4% de presupuesto anual a la Universidad Veracruzana –aproximadamente cuatro mil millones de pesos–, cuando en promedio recibe dos mil millones.
En una extensa carta, los diversos grupos empresariales fustigan que los diversos compromisos económicos que tiene Javier Duarte y los que pretende endilgar al nuevo gobierno electo, solo “hipotecan” el futuro económico y social de Veracruz.
“Se afecta la generación de empleos y con ello, se incrementa la inseguridad que padece nuestro estado”, atajan.
En una especie de pliego petitorio, los empresarios de Veracruz rechazan que el recurso de 3% a la nómina se destine al pago de deuda, pues su propósito original es la creación de infraestructura y obras, en aras de reactivar la economía.
Los líderes empresariales exigen también que cese la intención del gobierno de basificar a los empleados de confianza de la actual administración estatal, pues aseguran que dicha medida comprometería las finanzas de Veracruz.
En el último punto de la misiva, los distintos organismos empresariales piden que sea el nuevo Congreso Local –el cual será integrado en tercios por PAN, Morena y PRI–, quien elija al nuevo Fiscal Anticorrupción y al nuevo Comisionado del IVAI, para que en dichos cargos pueda quedar gente imparcial que no tenga compromisos con el actual gobierno de Duarte de Ochoa.
En Veracruz, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) tiene deudas con contratistas, empresarios y terceros institucionales por tres mil 468 millones 700 mil pesos, según el último reporte público entregado en noviembre del 2015.
Durante los últimos seis meses, el llamado pasivo revolvente ha sido ocultado por el gobierno del priista.
A través de la solicitud de información número 00292616 hecha a la plataforma Infomex Veracruz, la Sefiplan contestó que la tesorería del gobierno priista se ampara en los artículos 3 y 12, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz para justificar que por el desahogo de la Cuenta Pública 2015 y en aras de no entorpecer la fase de comprobación de dichos estados financieros, no puede dar a conocer la situación financiera que guarda el estado.
