Las dos órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump el pasado miércoles 25 –la primera, sobre el control fronterizo; la segunda, relativa a la seguridad interna– auguran tiempos oscuros para los migrantes en Estados Unidos: el magnate ordena una cacería de indocumentados, convierte a los policías en agentes de “La Migra”, fomenta las campañas de odio contra los migrantes e instruye el arranque de las deportaciones masivas.
Ambas órdenes ejecutivas plantean una serie de medidas que, con el pretexto de la “transparencia”, articulan una agresiva estrategia mediática, la cual asociará la inmigración con la criminalidad, fomentará el odio y el miedo hacia los indocumentados, y debilitará el discurso de las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes.
Una instrucción ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicar cada semana una “lista exhaustiva” de las acciones criminales perpetradas por indocumentados.
Esta medida se ve agravada con la sección 14 de la orden ejecutiva relativa a la seguridad interna, que pide de manera expresa a las agencias no respetar la privacidad y la protección de la identidad de los migrantes en situación irregular. Trump incentiva así el señalamiento público, con nombre, apellido y fotografía, de las personas que se encuentren en tal situación.
El magnate ordenó además la creación de una oficina en el DHS que tendrá el único propósito de proveer asistencia a “las víctimas de crímenes perpetrados por migrantes indocumentados”, así como a sus familiares.
En otras palabras: cada tres meses la oficina expondrá los casos de los estragos psicológicos causados a los familiares y –en su caso– a las víctimas de violaciones, homicidios y otras agresiones cometidas por indocumentados.
Otra medida obliga al DHS y a la Procuraduría General a recolectar los datos sobre la población en las cárceles y publicar reportes trimestrales acerca de la situación migratoria de la población encarcelada en el país y también de los detenidos en prisión preventiva.
El mensaje de Trump es claro: las personas que entraron de manera ilegal a Estados Unidos, o que permanecieron en el territorio estadunidense después del vencimiento de su visa, “representan una amenaza significativa para la seguridad nacional y el orden público”, estipula la orden ejecutiva relativa a la seguridad interna.
Estigmatización y fomento del odio
Trump añade a su campaña antiinmigrante una cacería en territorio estadunidense. Para ello, no sólo anunció el reclutamiento de 10 mil agentes adicionales en la Oficina de Detención y Deportación (coloquialmente conocida como “La Migra”), sino que confirió a los policías estatales y locales “las funciones de agentes de migración dentro de Estados Unidos”.
Cualquier policía tendrá entonces la facultad de investigar, identificar y detener a los indocumentados, asumiendo así el papel de “La Migra”. Para concretar esta orden, la administración de Trump tendrá que pactar con los gobiernos estatales; algunos de ellos –el de California, entre otros– ya anunciaron su rechazo a las medidas del presidente.
La orden ejecutiva sobre seguridad interna establece las “prioridades” en materia de deportación de migrantes. Emplea fraseos ambiguos, que amplían la definición de “delincuentes” o “criminales” a personas que no fueron sentenciadas.
Además de las personas condenadas, la prioridad abarcará a los “acusados” de un delito, a quienes “cometieron actos que constituyen un delito acusable” –es decir, una persona que, a consideración de una autoridad, violó una ley–, a los que mintieron ante una institución o a quien “abusó de cualquier programa relativo a la recepción de beneficios públicos”.
De manera más general, la orden considera “prioritaria” a cualquier persona que “en la opinión de un agente de migración, representa un riesgo al orden público y a la seguridad nacional”.
Para llevar a cabo su política antiinmigrantes, Trump otorgó mayores poderes al DHS y a su secretario, el general retirado John Kelly, quien en el pasado dirigió el Comando Sur, la división militar que se enfoca principalmente a la guerra contra el crimen y el narcotráfico en los países de América Latina.
Además Trump colocó a la activista antiimigrante Julie Kirchner en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Es ésta la instancia de mayor importancia en el DHS, que controla el acceso al territorio estadunidense, persigue la migración irregular y tiene a su cargo a la Patrulla Fronteriza.
Por el momento Kirchner funge como asesora del comisionado de la CBP, según el portal Político.
Durante más de 10 años Kirchner fue directora ejecutiva de la Federación para la Reforma de Migración Estadunidense (FAIR), un grupo de cabildeo antiinmigración fundado en 1979 por el supremacista blanco John Tanton.
De acuerdo con un artículo que publicó el New York Times en abril de 2011, Tanton cree en la superioridad genética de los blancos, apoya la eugenesia, fustiga la “arremetida latina” contra Estados Unidos y durante un tiempo tuvo una relación epistolar con un abogado del Ku Klux Klan.
Kirchner renunció a la dirección ejecutiva de la FAIR en 2015 para incorporarse, como asesora, a la campaña del entonces candidato Trump.
Trump también ordenó al DHS reclutar cinco mil agentes adicionales en la Patrulla Fronteriza y desplegarlos en la frontera sur.
Acompañó su instrucción con la orden de construir “inmediatamente” centros de detención de migrantes en la zona fronteriza –sin precisar cuántos– para “repatriar a los migrantes ilegales de manera rápida, constante y humana”, incluyendo a los niños.
Pagar el muro
Conforme a sus promesas de campaña, Trump firmó este miércoles 25 la orden ejecutiva que instruye al DHS “planear, diseñar y construir de inmediato un muro físico a lo largo de la frontera sur”, e insistió en repetidas ocasiones en que México pagará por su construcción.
No existe ninguna barrera legal que impida la ampliación del muro, que ya mide mil 123 kilómetros: la Ley de Responsabilidad Migratoria y de Reforma a la Migración Ilegal de 1996 insta al DHS a la construcción de “por lo menos” 700 millas (mil 126.5 kilómetros) de muro fronterizo, por lo que nada se opone a la “instalación de cientos de millas adicionales de muro”, asevera un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) publicado el pasado 18 de noviembre. El obstáculo principal de Trump es el financiamiento de la obra.
La orden ejecutiva pide al DHS “identificar y, en la medida permitida en la ley, destinar todas las fuentes de fondos federales para la planeación, el diseño y la construcción” del muro, así como elaborar “solicitudes de presupuesto al Congreso para el año fiscal actual y los futuros”.
El republicano Paul Ryan, vocero de la Cámara de Representantes, adelantó que el muro costaría entre 12 y 15 mil millones de dólares. En julio pasado, la firma de analistas Bernstein sostuvo que el precio final de la obra podría alcanzar hasta 25 mil millones de dólares.
Trump aún no determinó la estrategia que empleará para obligar a los mexicanos a reembolsar el costo del muro. El pasado jueves 26 anunció que pedirá al Congreso imponer 20% de aranceles a las exportaciones mexicanas; sin embargo, con esta medida los consumidores estadunidenses terminarían pagando, no los mexicanos.
Otra opción consistiría en congelar todas las ayudas financieras que el gobierno de Estados Unidos otorga a su contraparte mexicana. En la orden ejecutiva, Trump emplazó a las agencias federales para que entreguen, en 30 días, un estudio sobre “todas las fuentes de ayuda o asistencia federal directa e indirecta destinadas al gobierno de México en los últimos cinco años” al Departamento de Estado.
La cancillería estadunidense tendrá entonces otros 30 días para dar al presidente un informe detallado sobre los apoyos de Estados Unidos a México, incluyendo “todas las ayudas bilaterales y multilaterales, la asistencia económica, la ayuda humanitaria y la ayuda militar”.
Otro problema al que se enfrentará Trump para concretar la realización de su muro será de naturaleza técnica. La topología de la franja fronteriza volverá extremadamente difícil la edificación, sostuvo Bernstein en su informe: la obra tendrá que atravesar las montañas de Nuevo México, el desierto de Arizona y las orillas del río Bravo, así como resistir a los deslaves en las planicies aluviales.
Además, amplios territorios fronterizos están protegidos por su estatus de reservas naturales, territorios indígenas o simplemente tierras privadas. Y ello, sin mencionar el rompecabezas que implica llevar siete millones de metros cúbicos de concreto y 2.4 millones de toneladas de cemento a zonas remotas. Bernstein estimó que estos obstáculos podrían aplazar 10 años la construcción del muro.
La Oficina de Washington para América Latina advirtió que, además de ser costoso, el muro es inútil. Sus argumentos: las drogas ingresan a Estados Unidos “a través de las garitas legales” –en vehículos, sobre todo–, mientras que el número de detenciones de migrantes se redujo de manera constante desde 2005. El año pasado fueron detenidos 400 mil de ellos –más de la mitad, centroamericanos–, una cifra cuatro veces menor que la del año 2000.
Mathieu Tourliere
