OULAD SEBATA, Marruecos ⎯ Durante la mayor parte de su vida, los días de Saida Soukat los llenaron las rutinas de la granja: trabajar en los campos y atender al ganado. Sin embargo, un martes reciente se encontraba haciendo algo muy diferente: hablando ante un grupo de mujeres durante sus protestas bisemanales para demandar la suspensión de la privatización aprobada por el Estado de las cooperativas tribales tradicionales, llamadas tierras Sulaliyyate.
“Un pie arriba, un pie abajo. Por mi tierra, se derramará mi sangre”, entonó en un megáfono.
Las Sulaliyyates, como se conoce a las mujeres, iniciaron sus protestas hace 10 años y desde entonces se han unido en una poderosa organización que pelea no solo por las tierras tribales, sino también por los derechos de propiedad igualitarios en un país donde las mujeres, por ley, heredan menos que los hombres.
“Este es realmente el primer movimiento que está sacudiendo a los cimientos patriarcales de la sociedad”, dice Zakia Salime, profesora asociada en la Universidad Rutgers que ha estudiado extensamente el movimiento. “Están diciendo no, no pueden dar las tierras a los hombres, y están también están pidiendo que, en caso de que privaticen las tierras, necesitamos recibir nuestra parte igualitaria”.
Todo esto está sucediendo ante un telón de fondo de un cambio económico y social en Marruecos que figura de manera prominente en el movimiento de las mujeres.
Después de que el rey Mohammed VI sucedió a su padre en 1999, uno de sus logros distintivos fue la promoción de los derechos de la mujer, mientras el país ha tratado de posicionarse como líder regional. En 2004, un nuevo código familiar garantizó más derechos a las mujeres en el matrimonio y el divorcio, elevando la edad mínima para casarse y restringiendo la poligamia.
En 2011, después de las revoluciones en Túnez y Egipto, el país adoptó una nueva Constitución que estableció la igualdad de género. Aun así, dicen las activistas de los derechos de la mujer, las mujeres están significativamente ausentes de la fuerza laboral y, en cuestiones legales, a menudo en una fuerte desventaja ante los hombres.
Aunque Marruecos ha estado liberalizando su economía desde los años 90, vendiendo activos gubernamentales y reduciendo las barreras a la inversión extranjera, la amenaza para las tierras comunales se intensificó en 2004 cuando firmó el Tratado de Libre Comercio de Marruecos con Estados Unidos. El acuerdo incrementó el incentivo económico para privatizar y desarrollar las tierras tradicionales.
Un 35 por ciento de las tierras de Marruecos tiene la designación de Sulaliyyate, afirma el Ministerio del Interior. En 1919, mientras Marruecos seguía siendo un protectorado francés, la gestión de la tierra fue transferida de las autoridades tribales al ministerio, con la idea de desalentar la migración de las áreas rurales a las ciudades.
Bajo este sistema, aunque las personas no eran dueñas de las tierras, se les concedía el derecho a trabajar parcelas designadas y a tomar su parte de la cosecha. La participación en las tierras comunales solo podía ser pasada de padres a hijos mayores de 16 años de edad.
Según la ley tribal, las mujeres solteras, viudas, divorciadas y aquellas sin hijos no podían heredar la tierra, lo cual significaba que el Estado podía confiscarla sin compensación. A lo largo de los años, miles de mujeres ⎯ nadie sabe realmente cuántas ⎯ fueron obligadas a abandonar sus casas y mudarse a los barrios pobres que rodean a los poblados y las ciudades.
El movimiento nacional empezó en 2007 cuando una mujer en la ciudad de Kenitra, cerca de la capital, Rabat, demandó igualdad en la propiedad de la tierra.
Saida Idrissi, presidenta de la oficina en Rabat de la Asociación Marroquí para los Derechos de la Mujer, ayudó a las mujeres a organizarse, capacitándolas en derecho constitucional y guiándolas en las negociaciones con el Ministerio del Interior.
“La mayoría de ellas son analfabetas del mundo rural que tenían miedo de hablar, así que elaboramos una estrategia muy específica para esta categoría de mujeres”, afirmó.
Poco después, las mujeres que vivían en estas parcelas empezaron a organizarse y, en 2009, unas 500 de todo el país protestaron frente al Parlamento para demandar derechos de propiedad igualitarios, y compensación si las tierras eran expropiadas. Desde entonces, cientos más se han unido al movimiento.
En respuesta, el Ministerio del Interior ha emitido varias circulares que declaran que las mujeres deberían beneficiarse de la venta de las tierras comunales y deberían participar en el proceso de negociación. Pero las circulares no son vinculantes, y los delegados designados por las tribus como representantes de los residentes pueden elegir ignorarlas.
La inminencia de la amenaza es visible desde la cima de una colina justo detrás de la casa de Soukat: un extenso desarrollo de condominios rodeados por un campo de golf, construido por un importante desarrollador inmobiliario, Addoha. Ella dijo que un delegado vendió las tierras en 2007 sin consultar o involucrar a los aldeanos.
“No estamos en contra de los proyectos de desarrollo, pero exigimos que nuestros derechos sean respetados”, dijo Soukat, de 27 años de edad y madre de dos hijos, quien abandonó la escuela a corta edad y se casó cuando tenía 16 años.
Al principio, las protestas fueron encabezadas por hombres, pero las mujeres se involucraron rápidamente. “En nuestras tradiciones, era vergonzoso que las mujeres salieran de la casa”, dijo. “Pero los hombres podían ser arrestados, así que las mujeres tomamos su lugar. Dejamos atrás a nuestros hijos”.
Souad Eddouada, profesora de la Universidad de Kenitra que se especializa en estudios de género, dijo: “En todo el país, las mujeres están al frente porque son menos vulnerables a la brutalidad policiaca y el encarcelamiento. Se volvieron muy exitosas en su lucha. Tuvieron que dejar sus casas y fueron apoyadas por los hombres”.
Aunque las mujeres han hecho algunos avances, la lucha está lejos de terminar, ya que aún no pueden transferir los derechos de su participación de las tierras a sus hijos.
“Ahora estamos demandando una ley que garantice estos derechos. Esta circular por ahora es muy frágil”, dijo Idrissi. “Las mujeres deben volverse parte total de la gestión de las tierras colectivas”.
Ni la compañía inmobiliaria, Addoha, ni el Ministerio del Interior respondieron a llamadas en busca de comentarios.
En diciembre de 2015, el rey emitió una carta demandando un cambio en el estatus legal de las tierras comunales y el fin de las prácticas actuales.
“Debemos corregir el asunto de las tierras Sulaliyyate para que puedan contribuir a los esfuerzos de desarrollo”, escribió, “integrando a los beneficiarios en esta dinámica nacional dentro del marco de los principios de la ley y la justicia social”.
Los legisladores en Marruecos, una monarquía constitucional, aún tienen que actuar al respecto.
Así que las protestas continúan y, dos veces a la semana, Fátima Soukat, pariente de Saida Soukat, toma un taxi para unirse a la protesta. Fátima Soukat no está segura de qué edad tiene, pero piensa que alrededor de 93 años de edad.
Nació cuando Marruecos era gobernada por Francia, celebró cuando el país se independizó en 1956 y vitoreó cuando las mujeres obtuvieron derechos importantes bajo el nuevo código familiar en 2004.
Cuando muchos tomaron las calles en protestas prodemocráticas en 2011, ella se les unió. Y hoy sigue peleando por el derecho a las tierras donde nació y crió a ocho hijos.
“Exijo la tierra de mis abuelos”, dijo en una protesta reciente. “Somos golpeadas. Somos oprimidas”.
Saida Soukat dijo que ella había recibido amenazas e intimidación por su papel en el movimiento. En febrero, fue duramente golpeada por un hombre mientras caminaba sola por una carretera. Pero su mayor preocupación, dijo, es que ella y su familia sean obligados a dejar las tierras y su casa.
“Tengo miedo por mis hijos, pero no por mí misma”, dijo, sentada en su sala de estar, bebiendo té de menta bajo una foto de los últimos tres monarcas marroquíes. “Lo único que me da miedo es una decisión judicial de desalojo. Me hace perder el sueño en las noches”.
Aida Alami
© 2017 New York Times News Service
