Sin duda alguna los automovilistas somos los enemigos públicos número 1 de todo el país y en el caso de Baja California, esta afirmación se agrava si se consideran una serie de aspectos.
Mientras que en el centro del país portar un carro nuevo es casi prohibitivo, en Baja California manejar un carro importado se ha convertido no en un delito, sino en un pecado.
Alguna vez afirmé que mientras que en los últimos sexenios las ventas de carros nuevos se habían desplomado, en el de Enrique Peña Nieto estas repuntaron hasta un 20 por ciento, pero estos porcentajes crudos y cifras frías que esgrimen con toda tranquilidad mentes perversas como la del secretario de Hacienda Luis Videgaray, no corresponden necesariamente a que el 20 por ciento de los mexicanos contemos con un carro de agencia.
Muchas de esas unidades han sido compradas por los mismos detentadores del transporte -ahí está Enrique Ochoa que declara ser dueño de 50 taxis-, y muchas otras más forman parte de los activos de políticos y empresarios favorecidos por el sistema.
No hay mejor estadística que voltear a nuestro alrededor y ver si nuestros familiares, vecinos, amigo, cuentan con un carro nuevo.
Por otro lado, las unidades nacionales 2016 no compiten frente a un carro importado 2003: la diferencia de la calidad es abismal y aunque el carro nuevo sea precisamente eso, un carro nuevo, bastan unos cuantos años para ver que se convierte en una chatarra por la mala calidad de sus componentes.
Verificación, seguro obligatorio -ambos rubros en manos de amigos de los gobernantes-, placas que hasta hace poco tenían que renovarse cada pocos años -otro pingüe negocios y si no, pregúntele a Claudio Ruffo, hermano del ex gobernador Ernesto.
El primer mandatario panista de la República nunca desmintió la versión del ex presidene de la XX Legislatura, David Lozano Pérez, quien dice que ” cobró 500 mil dólares al empresario José Susumo Azano como “comisión” por haberle otorgado la concesión para la impresión de placas de vehículos”.
Todos esos miles de millones de pesos de negocios turbios, de enjuages, de transas, son facturas que se le pasan al automovilista a manera de impuestos, cobro de derechos y muchos rubros más.
Esta es la primera parte de nuestras entregas sobre el enemigo público número 1, los automovilistas.
