CUAUTLA, Mor. (apro).- Familiares de personas desaparecidas y asesinadas en Morelos confirmaron una vez más que el gobierno de la entidad hizo todo lo posible por desaparecer cuerpos de personas que habían sido reportadas como desaparecidas e inclusive negó la posibilidad a sus familiares de revisarlos.
La familia de Arturo Adame Estrada es un caso más. En 2011, este hombre fue asesinado en la región oriente de Morelos y aunque sus familiares lo habían reportado como desaparecido y luego sospecharon que su cuerpo había sido encontrado y levantado por las autoridades estatales, éstas nunca permitieron a su familia ver el cuerpo.
“Nosotros venimos por Arturo Adame Estrada, mi hijo. Nosotros lo peleamos y lo peleamos y nunca nos permitieron verlo. Siempre me dijeron que no nos lo iban a entregar. Pedimos que nos lo enseñaran y nos dijeron que no, que no tenían permitido eso. ¿Por qué? Si uno pedía los cuerpos era porque lo estábamos buscando. Pero yo sí estoy en contra de eso, de lo que hicieron. ¿Por qué después de tantos años está pasando esto?”, dijo en medio de sollozos Margarita Estrada, madre de Arturo Adame.
“A mi hijo lo mataron en el 2011. Nosotros sabíamos que era él. A deshoras de la noche andábamos en la Semefo de Cuautla. Al otro día volvimos a venir. Pero dijeron que no nos lo iban a entregar. Les dije que me lo enseñaran al menos, pero me dijeron que no tenían permitido enseñar los cuerpos. Y ya después nos trajeron vueltas y vueltas, y vueltas. Y ya luego nos dijeron que se llevaron el cuerpo a las fosas comunes de Cuernavaca”, sostuvo.
En tanto, Apolinar Delgado desapareció desde el 1 de noviembre de 2013, según cuenta su hermana Corina Delgado. De acuerdo con la familia, fue atropellado por una ruta del transporte colectivo en la avenida Plan de Ayala de Cuernavaca. Sin embargo, las autoridades también se negaron a entregar el cuerpo.
“El cuerpo de mi hermano siempre estuvo identificado desde que estaba en el Semefo pero no lo quisieron dar por falta de papeles. Ahora fue por Derechos Humanos que me enteré que aquí estaba mi hermano y ahora me lo van a dar”, sostuvo en medio de lágrimas su hermana.
A pesar de ser buscados por sus familiares, los cuerpos de Arturo Adame Estrada y Apolinar Delgado fueron inhumados el 28 de marzo de 2014, hace casi tres años, en las fosas clandestinas de Tetelcingo, al norte de Cuautla. La lucha de las familiares de las víctimas, acompañadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y otras organizaciones nacionales, pugnaron durante varios meses hasta lograr que las fosas se abrieran en mayo pasado.
Entonces, fueron exhumados 117 cuerpos. Dos cuerpos más habían sido entregados a regañadientes a sus familias en diciembre de 2014. Se trataba de una maestra, cuya identidad ha sido guardada por su familia; y de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, joven comerciante secuestrado y asesinado. La familia de este último fue vital para que el caso se conociera públicamente.
De junio pasado hasta la fecha, han sido entregados cuatro cuerpos de los 119 en total: el de Israel Hernández, de Cuernavaca; y de María Dolores Juárez, de una comunidad del estado de México, quienes en su momento fueron secuestrados y luego asesinados; hoy también los de Arturo Adame y Apolinar Delgado fueron entregados a sus familiares en una diligencia que duró menos de una hora en el panteón Jardines del Recuerdo de Cuautla.
Por el caso de las fosas clandestinas de Tetelcingo sólo hay dos funcionarios menores que están bajo proceso judicial, mientras que el entonces fiscal de Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado, apenas fue llamado hace unos meses a declarar, no obstante sigue desempeñando el cargo de delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado de Durango.
En relación a las fosas de la Fiscalía de Morelos en el panteón municipal de la colonia Pedro Amaro, en Jojutla, aunque el propio fiscal Javier Pérez Durón declaró la semana pasada que este lunes se abrirían para la exhumación de cuerpos y su identificación, hasta el momento la información es que es posible que la diligencia se retrase al menos una semana más.
Detrás de este nuevo retraso estaría el hecho de que falta “afinar detalles” de coordinación entre las autoridades locales y las federales, además de que algunos familiares de víctimas han manifestado su demanda por ser tomadas en cuenta para participar en las diligencias.
