Exentos del pago de impuestos médicos y arrendatarios en Gro

El gobernador Héctor Astudillo Flores en complicidad con diputados de la LXI legislatura local, decidieron exentar del pago del impuesto por el ejercicio de la profesión a los médicos y arrendatarios de casas habitación en la entidad, sin justificación alguna.

 

Ello a pesar de que el artículo 28 de la Constitución federal indica que “quedan prohibidas las exenciones de impuestos” para evitar favorecer intereses de un sector determinado de personas pues de lo contrario se establece “un verdadero privilegio”.

 

En la Ley 110 de Ingresos del gobierno estatal, avalada el año pasado por el Congreso local, se facultó al gobernador Astudillo emitir un acuerdo para establecer reglas de “exención del pago del impuesto por el ejercicio de la profesión médica en 2016”.

 

Este mismo acuerdo que privilegia a los médicos, se ratifica en el proyecto de Ley de Ingresos para 2017 que envió Astudillo el mes pasado al Congreso local, indica el documento oficial consultado por Apro.

 

No obstante, se desconoce el contenido del acuerdo y las reglas para exentar del pago de impuestos al sector médico en la entidad.

 

Ahora el gobernador Astudillo contempla beneficiar a los arrendatarios de bienes inmuebles con la exención de impuestos, según el proyecto de Ley de Ingresos del gobierno estatal para 2017.

 

El artículo 19 del proyecto de Ley, dice textual: “Se concede la exención al Impuesto Cedular por Arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles como un apoyo económico que el gobierno del estado brindará en el año 2017 a aquellos contribuyentes sujetos del impuesto que se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales estatales y federales y que por ende contribuyan al fortalecimiento de las finanzas públicas y con ellos al desarrollo del estado, ya que la actividad que se grava, el arrendamiento, sostiene o apoya económicamente a un importante número de familias en el estado por consiguiente no se considera necesario la emisión de un acuerdo del Ejecutivo”.

 

Este hecho, no solo contraviene disposiciones constitucionales sino que exhibe la opacidad del gobierno de Astudillo que administra una de las entidades que se ha caracterizado por la escasa recaudación de impuestos a nivel nacional.

 

Actualmente, los diputados de la LXI legislatura local, donde el PRI es mayoría, analizan el paquete fiscal que envió Astudillo y se espera que sea aprobado como tal a pesar de que contempla por segundo año consecutivo exentar del pago de impuestos a la profesión médica, así como a los arrendatarios de casas habitación y un pacto de impunidad para beneficiar a sus antecesores acusados de desviar recursos públicos.

 

El pacto de impunidad de Astudillo

El 20 de octubre, Apro dio a conocer la intención de Astudillo para solventar, con las participaciones federales del próximo año, un millonario desvío de recursos de sus antecesores.

 

El pacto de impunidad beneficia a los exgobernadores Ángel Aguirre y Rogelio Ortega Martínez, acusados de desviar más de 6 mil millones de pesos correspondiente a la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y un adeudo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), desde 2013 y que ahora reclama la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

 

En el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 enviado por Astudillo al Congreso local, además de privilegiar el gasto corriente burocrático y contemplar un donativo de 47 millones de pesos para la fundación Teletón, también plantea solventar el millonario desvío de recursos públicos atribuido a sus antecesores, mediante recortes a las participaciones federales

 

El documento oficial advierte que, para enfrentar el problema de los créditos fiscales que exige la Federación, Astudillo está “concertando una estrategia” con el presidente Enrique Peña Nieto y funcionarios de la SHCP con el propósito de “establecer convenios para liquidar de forma diferida, incluso con quitas (recorte a las participaciones federales) al nivel del saldo deudor”.

 

Con esta acción, el gobernador Astudillo exhibe públicamente su intención de proteger a Aguirre y Ortega, en lugar de fincar responsabilidad administrativa o penal contra los responsables de este millonario desvío de recursos públicos que ahora pretende ser solventado con los recursos de las participaciones federales destinadas para el próximo año.

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