Tijuana, BC.- El gobierno municipal de Tijuana exigió este miércoles la destitución y el juicio político contra la magistrada Flora Arguilez, por considerar que actuó irregularmente al permitir la reinstalación de los taxistas amarillos en la zona de la línea internacional de donde fueron removidos tras su último ataque en contra de turistas.
Al respecto, Raúl Felipe Luévano Ruiz, secretario general del XXII Ayuntamiento precisó que “el día de hoy presentamos una solicitud de juicio político porque ha malinterpretado el derecho, por desconocimiento o por conveniencia o por corrupción…
“Estamos solicitando al Congreso del Esto su destitución porque debo aclarar que no es la primer a vez que actúa en contra de los ciudadanos, todo lo que esté mal hecho y que el Ayuntamiento pretenda poner orden ella da el revés en contra de los ciudadanos” concluyó.
A su vez el consejero jurídico Leonardo Martínez Delgado aseveró que al cobijar al Sindicato de Taxis Amarillos que encabeza el líder Oscar Morales, la magistrada cerró los ojos a los abusos cometidos por esta agrupación que más que transportistas semejan más un ramal del crimen organizado.
Por su parte, Leonardo Martínez Delgado, consejero jurídico del Ayuntamiento de Tijuana, aseveró que “es por ello que este gremio de taxis que agredieron a ciudadanos, apedrearon a unidades, se excedieron en el número de vehículos lo que dificultó la circulación en dos carriles, además de que las autorizaciones que tenían estaban vencidas desde hace 2 anos, contra esa revocación el gremio de taxis amarilos presentó una demanda en la segunda sala presidido por la magistrada y en base a esa demanda la magistrada les concede una suspensión para que ni la Secretaría de Seguridad ni Vialidad y Transportes ni el Ayuntamiento podamos poner orden ni tocarlos con el pétalo de una rosa, a estos señores la magistrada debe ponderar entre el interés de la ciudadanía y el interés de un gremio de taxis amarillos que prácticamente son delincuentes vestidos de amarillo”.
En Palacio Municipal ya hay antecedentes de que la magistrada Arguilez Robert ha favorecido a particulares por encima del interés ciudadanos, como en el caso de un bar rechazado por los vecinos de un fraccionamiento residencial, y del relleno sanitario del Jibarito al cual otorgó un nuevo permiso de operación pese a que ya estaba clausurado.
Sobre este punto, Luévano Ruiz indicó que “lo que entendemos es que prevale ce el poder económico porque no tenemos otra explicación que pueda pasar por encima de los intereses y derechos de los ciudadanos y de quien quiera poner orden en la ciudad.
-Se sabe si recibió algo?
-Hablamos de posiblemente corrupción de que otra forma te explicas una decisión de ese tamaño en contra de 2 millones de habitantes en contra de la autoridad municipal no tiene otra explicación.
Con información de Juan Arturo Salinas
