PUEBLA, Pue. (apro).- El diputado priista Javier Jiménez Huerta pidió al Congreso local derogar una reforma aprobada durante el sexenio de Rafael Moreno Valle que permite, al ahora exmandatario panista, contar con el servicio de escoltas personales pagados por el erario durante al menos 12 años.
El diputado estimó que este servicio de seguridad personal costaría alrededor de 2 millones de pesos anuales, basado en un sueldo de 10 mil pesos mensuales a 16 escoltas, por lo que se tendrían que destinar alrededor de 24 millones de pesos en los siguientes 12 años.
Sin embargo, de acuerdo con el título décimo de la Ley de Seguridad Pública del estado, aprobado en 2012 precisamente durante el sexenio de Moreno Valle, el ahora exgobernador tiene derecho a contar con ocho escoltas por turno, es decir, hasta un total de 24 elementos para su seguridad por día.
Aparte, el tiempo por el que podría contar con este servicio es ilimitado, pues la ley establece que se le proporcionará mientras lo pida por escrito.
“El servicio de seguridad personal se proporcionará al exgobernador del estado a partir de la fecha en que deje el cargo y será por el tiempo que el exgobernador lo solicite por escrito”, señala el artículo 138 de esa ley.
Sobre el número de escoltas con los que podrá contar un exmandatario, el artículo 139 indica que serán ocho por turno durante un período de 12 años, es decir, hasta 2029 –en lo que corresponde a Moreno Valle— y, después de ese lapso, el número de elementos será disminuido a seis por turno.
“El servicio de seguridad personal se proporcionará a través de una escolta que será de ocho elementos por turno, los cuales podrán ser revisados y disminuidos a seis una vez que haya transcurrido un plazo equivalente al doble del periodo por el que se ejerció el cargo”, menciona la ley.
La reforma que adicionó los artículos del 136 al 143 de la Ley de Seguridad Pública del estado fue propuesta en 2012 por el diputado de Nueva Alianza, Héctor Alonso Granados, cercano a Moreno Valle.
El diputado Jiménez Huerta argumentó que esos elementos policiacos que están destinados a la protección personal de Moreno Valle hacen más falta para que combatan la inseguridad que ha estado a la alza en la entidad.
Igual, indicó, aplica para el caso del presupuesto que se destinará a pagar este servicio, cuando los recursos hacen falta para atender demandas sociales y “no de una sola persona”.
“No se puede tener un servicio de escoltas dotados por el Estado, cuando la prioridad en estos momentos es salvaguardar la seguridad y la vida de los poblanos”, reclamó el legislador priista.
Desconfían de Javier Lozano
En la misma sesión el diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Julián Peña Hidalgo, propuso al pleno un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Antonio Gali Fayad a que reconsidere el nombramiento de Javier Lozano Alarcón como coordinador de transparencia.
Según el escrito presentado por el diputado, el nombramiento del senador panista con licencia no garantizaría una adecuada rendición de cuentas del gobierno entrante.
Peña Hidalgo también censuró los numerosos cargos que fueron asignados a Lozano Alarcón como vocero de la administración estatal, jefe de la oficina del gobernador y enlace o representante con la Conago y otros entes políticos.
Esto da muestra, acusó, de la concentración de poder en un solo individuo y “hace poco creíble y poco transparente el ejercicio del poder de la actual administración”.
