XALAPA, Ver. (apro).- Padres de los jóvenes de Playa Vicente “levantados” por policías estatales y entregados a una célula del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes los asesinaron y calcinaron en el rancho “El Limón”, ampliaron su denuncia por “desaparición forzada” contra Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Conocido al interior de la corporación como “Capitán Tormenta”, Bermúdez Zurita se encuentra actualmente en prisión preventiva en “Pacho Viejo”, acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y de tráfico de influencias.
Apenas el miércoles pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) le desechó una tercia de amparos, con los que su defensa intento sacarlo de prisión.
José Benítez Herrera, padre de uno de los cinco jóvenes “levantados” en Tierra Blanca el 11 de enero del año pasado, amplió la denuncia por desaparición forzada en la FGE contra el exfuncionario y cuatro elementos más.
“Lo que quiero es que se haga justicia sobre los hechos de nosotros nada más, lo demás no me interesa”, mencionó el padre de José Benítez de la O.
Además de los padres de los jóvenes de Tierra Blanca, colectivos de personas desaparecidas también han incriminado a Arturo Bermúdez por la desaparición de policías municipales y de otros casos.
Por su parte, Efrain Martiz, padre del cantante de “La Voz México”, Gibrán Martiz, “levantado” por policías estatales y asesinado días después en extrañas circunstancias por un comando, también ha señalado que el extitular de la policía de Veracruz tiene inherencia en el homicidio de su hijo y el de otro joven.
Celestino Espinosa, abogado de los jóvenes de Tierra Blanca, expuso que la intención de esta ampliación de denuncia es que Bermúdez Zurita sea acusado por desaparición forzada, por la cual se le podrían imputar hasta 45 años de prisión.
Actualmente, por este delito solo se encuentra en prisión Marcos Conde Hernández, exdelegado de la SSP en Tierra Blanca, según la investigación ministerial FGE/FIM/IM/01E/2016.
“Marcos Conde fue detenido antes de ser policía estatal portando armas, estuvo preso en Villa Aldama, que no pasaron los exámenes de control y confianza, que fueron cambiados de área o región junto con grupo y quien hacía los cambios era el secretario de Seguridad Pública”, explicó el apoderado legal.
La Procuraduría General de la República (PGR), acusó, ha abandonado el caso, mientras que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) ha dejado de hacer diligencias y la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) no los ha atendido.
Durante el sexenio de Duarte de Ochoa en hubo más de mil desaparecidos en Veracruz. Incluso, cifras oficiales de la FGE dan cuenta que 100 denuncias de desapariciones fueron resueltas, ya que se encontraron los cadáveres de las víctimas.
El caso de José Benítez de la O, de 24 años de edad; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25; Bernardo Benítez Arróniz, de 25, y Susana Tapia, de 16 años sacudió a la sociedad veracruzana y traspasó las fronteras del país.
En entrevista con Proceso y en encuentros con distintas televisoras, los padres de los cinco jóvenes “ofrecieron” al Cártel de Jalisco “entregarse” a cambio de que les regresarán con vida a sus hijos. Dos semanas y media después, se confirmó el hallazgo sin vida de los jóvenes oriundos de Playa Vicente.
