Exjuez ligado a Los Zetas busca ser fiscal general de Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).- El exsubprocurador Jorge Yunis Manzanares, ligado a Los Zetas según la investigación ministerial 947/2012 VER-FIEAFTVS-10 –en poder de Apro– apareció hoy en una lista de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) como aspirante a la Fiscalía General del Estado (FGE).

En esa misma investigación ministerial aparece como “alfil” de Los Zetas para auxiliarlos en sus trámites, liberar a sus reos y otras facilidades jurídicas el exsubprocurador Marco Antonio Lezama Moo, quien en junio de 2014 fue ungido magistrado del Tribunal Superior de Justicia por el gobierno del entonces priista Javier Duarte.

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En el caso de Yunis Manzanares, a quien la FGE impuso el “término de funciones” el año anterior, pero sin responsabilidad penal alguna, el Congreso local, integrado en su mayoría por PAN, PRD, Morena y PRI, validó que cumple con los requisitos para ser aspirante al cargo de fiscal general.

Los otros nueve aspirantes son Guillermo Beck Chiquini, quien trabajó en el gobierno de Veracruz cuando Miguel Angel Yunes Linares era secretario de Gobierno en la década de los noventa; Jorge Winckler Ortiz, abogado panista con apenas dos años de haber obtenido su cédula profesional, y Agustín Hernández Virues, quien actualmente es juez de control.

A ellos se suman Ricardo López Henaine, catedrático de la Facultad de Derecho; Ignacio Paz Serrano, exdirector de la Policía Judicial, y Rafael Ramos Maldonado, abogado del partido Movimiento Ciudadano (MC).

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En el listado sólo figuran dos mujeres: Tania Vázquez Muñoz, actual consejera electoral y exfuncionaria del Tribunal Electoral, y Dulce Silvia de la Miyar, de profesión litigante.

De entre los diez aspirantes, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares propondrá una terna al Legislativo y, aunque será el pleno el que haga la votación al respecto, diputados señalaron que en próximos días el propio mandatario estatal habrá de dictar “línea” para elegir al titular de la FGE.

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En la edición 1881 de Proceso (noviembre de 2012), se informó que la captura de tres presuntos integrantes de Los Zetas permitió a las autoridades federales (Marina y Ejército) detectar la existencia de una red de complicidades entre sicarios y transportadores de droga de ese cártel con subprocuradores de Justicia, policías ministeriales, empresarios y políticos asentados en la región de Córdoba, en la zona montañosa de Veracruz.

En la publicación se aludía a José Yunis Manzanares y Marco Antonio Lezama, de acuerdo con la investigación rubricada por el fiscal investigador especializado Pedro Huesca Barradas, funcionario de la extinta, Procuraduría General de Justicia (PGJE), quien al día de hoy se encuentra desaparecido, luego de que en la cabecera municipal de Cardel fuera “levantado” por un comando.

Otra decena de policías ministeriales y de agentes del MP también salieron incriminados en esa carpeta de investigación, y a la mayoría de ellos se les dio “baja definitiva” o “término de funciones” en la FGE.

En noviembre de 2012, el entonces procurador Amadeo Flores Espinoza –hoy líder estatal del PRI– admitió que se iniciaron alrededor de 10 juicios administrativos en contra de servidores públicos de esa dependencia para investigar sus posibles lazos contra el crimen organizado; sin embargo, ni él ni sus sucesores en el cargo deslindaron responsabilidades.

El exprocurador argumentó que, en el marco del operativo Veracruz Seguro, la PGR atrajo el caso de corrupción en la Procuraduría local, luego de la detención y consignación de Cristopher Fuentes Letelier, “El Chuletón”; Gerardo Trejo Cruz, “El Trejo”, e Ignacio Valdez Ramírez, “El Chilango”, quienes se identificaron como Zetas y admitieron que trabajaban en coordinación con servidores públicos de Veracruz, entre ellos Lezama Moo y Yunis Manzanares.

En aquella ocasión Flores Espinoza se quejó de que era “muy lamentable” que en ocasiones la prensa dé más valor a lo que “los delincuentes hablan y dicen” que al actual de las autoridades.