CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fiscal general Jorge Winckler Ortiz dijo que solicitó al Congreso de la Unión el desafuero del diputado federal priista Tarek Abdalá Saad por delitos como desvío de recursos y peculado, entre otros.
En el gobierno priista de Javier Duarte, Tarek Abdalá fue tesorero de la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y exdirector administrativo del DIF estatal que encabezó Karime Macías, cónyuge del exmandatario ahora prófugo.
Jorge Winckler mencionó que se cuenta con cuatro carpetas de investigación abiertas contra el legislador federal por peculado, tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal y desvíos de recursos.
Sin embargo, no quiso ahondar si en ese listado de investigación se encuentran los dos extesoreros de Duarte: Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez González, actuales diputados locales.
El titular de la FGE precisó que Tarek Abdalá estaría involucrado en el desvío de recursos estatales y federales por casi 24 mil millones de pesos de las partidas presupuestales de la Sefiplan.
También consideró que una vez que sea desaforado Abdalá Saad, podría tener una sanción de hasta 15 años de prisión.
En la Sefiplan es conocido que los extesoreros de Duarte tenían acceso a los “token” de distintas instituciones financieras para vaciar las distintas cuentas del gobierno de Veracruz.
En la entidad el presunto daño patrimonial durante el sexenio de Duarte de Ochoa asciende a 180 mil 888 millones 402 mil 510 pesos, según un diagnóstico de la Comisión de Hacienda de la pasada legislatura.
La cifra es alarmante si se considera que el ejercicio fiscal del gobierno de Duarte promedió cada año entre 95 mil y 100 mil millones de pesos, es decir, que cometió un daño patrimonial equivalente al presupuesto total de casi dos de los seis años que gobernó.
Un documento de áreas de riesgo financiero, en poder de Apro, expone que la deuda pública bancaria reconocida ante la SCHP asciende a 48 mil 183 millones, una cifra muy superior si se considera que Duarte arrancó su sexenio con un pasivo bancario de 11 mil millones de pesos.
A ello se suman más de 12 mil 877 millones de “pasivo circulante” por deudas con contratistas (obras públicas ya concluidas), proveedores (insumos ya gastados), terceros institucionales y medios de comunicación.
Además, 12 mil 775 millones de ministraciones pendientes de transferir a entes públicos, como ayuntamientos, organismos autónomos y públicos descentralizados.
La Comisión de Hacienda también incluyó en el pasivo contingente unos mil 363 millones de pesos por juicios pendientes de resolución del gobierno central; más 38 mil 300 millones por cuentas pendientes por regularizar; 3 mil 568 millones por resolución de fideicomisos, y 5 mil 549 millones por un juicio perdido con la empresa Finamed por parte de la Secretaría de Salud.
Además, 6 millones 395 mil pesos de pasivo con la empresa Airbus Helicopters; 2 mil 338 millones 700 mil pesos de adeudos con la Universidad Veracruzana; 5 mil 309 millones de adeudo al Instituto de Pensiones del Estado (IPE); más de 940 millones de pesos pagados a “empresas fantasma” que detectó la PGR, y más de 645 millones que, según el portal Animal Político, el gobierno de Duarte facturó sin que le prestaran servicios.
Ahora que ya se solicitó el desafuero de Tarek Abdalá, el fiscal Jorge Winckler hizo un llamado a los diputados del PRI y de otros partidos políticos a no protegerlo.
“Hago un llamado a todos los diputados federales para que determinen de lado de quién están: de la ciudadanía o de sus partidos políticos, si van a proteger la impunidad o van acercar a los ciudadanos a algo que se llama justicia”.
