CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Junta General Ejecutiva del INE formalizó la reducción en 10% en las percepciones salariales de consejeros y funcionarios del organismo y la suspensión de la nueva sede y el reintegro a la Tesorería de la Federación de mil 70 millones de pesos, así como la renuncia a prestación de telefonía celular.
Aunque en 2016 la suma de sueldo base y compensación garantizada para el consejero presidente, consejeros electorales y secretario ejecutivo de 151 mil 891.71 pesos como mínimo y 177 mil 466.84 pesos como máximo al mes, este año será de 145 mil 108 pesos como mínimo y 160 mil 182 pesos como máximo.
En el caso del contralor general, directores ejecutivos, jefes de Unidad Técnica, contralores y “homólogos” su ingreso era en 2016 de 117 mil 132.55 pesos como mínimo y 154 mil 598.12 como máximo, y con la reducción este año será de 114 mil 810 pesos como mínimo y 142 mil 532 pesos como máximo.
Asimismo, la Junta General Ejecutiva del INE ordenó hacer efectiva la cancelación de la construcción de las instalaciones proyectadas en Viaducto Tlalpan y reintegrar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Tesorería de la Federación, los mil 70 millones 49 mil 35 pesos destinados a la nueva sede.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, explicó que el próximo 2 de febrero, cuando vence el plazo de inversión de los recursos del fideicomiso, se realizará la transferencia a la Tesorería de la Federación para que esos recursos puedan ser dispuestos a áreas socialmente prioritarias.
“Siendo una institución que no solamente tiene un fin social de garantía de derechos políticos, sino además, una institución que para cumplir con ese fin requiere del acompañamiento y compromiso democrático de las y los ciudadanos, asumimos que no podíamos ser insensibles frente a las circunstancias actuales”, dijo.
Córdova aclaró que el instituto concluirá la etapa de planeación, consistente en la elaboración del proyecto ejecutivo de las nuevas instalaciones, con el fin de que, junto con el plan maestro finalizado en 2016, constituyan un insumo disponible para cuando, en un contexto económico favorable del país, se realice la edificación.
