Fustiga CNDH “burocratización” del Mecanismo de protección a activistas y comunicadores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, creado hace cuatro años para detener la ola de agresiones –muchas veces mortíferas– a quienes dedican su vida a informar y abogar por la justicia social, beneficia a 486 personas, sin embargo, tiene debilidades estructurales que limitan este apoyo institucional.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, enumeró una serie de falencias en el mecanismo: su “burocratización”, los “fondos insuficientes” –“protección sin recursos es una pobre protección”, aseveró–, la “falta de interlocutores a nivel estatal” y el hecho de que pocos periodistas y defensores de derechos humanos conocen del mecanismo.

Del 2000 hasta la fecha han sido asesinados 119 periodistas, otros 20 fueron desaparecidos y se reportaron 50 atentados contra medios de comunicación, según González.

El ombudsman nacional también señaló que 29 defensores de derechos humanos fueron masacrados –el Comité Cerezo reportó 47 sólo durante los primeros tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto– y cuatro fueron desaparecidos, según datos oficiales.

“El incremento en el número de agresiones pone en evidencia la situación de riesgo a la que están sometidos”, observó el funcionario, al lamentar que el esfuerzo de las autoridades para investigar los casos “ha sido insuficiente”, lo que generó “un ambiente de desaliento y temor entre los miembros de esos colectivos”.

González Pérez señaló que el gobierno federal aún no cumple con la recomendación de realizar una campaña pública para reconocer el trabajo de los defensores de derechos humanos, que la CNDH emitió en marzo pasado, ya que los activistas sufren campañas de desprestigio “con afirmaciones falaces, como el señalamiento de que defienden delincuentes, distrayendo e invisibilizando con ello las violaciones de los derechos fundamentales”.

Un informe sobre el mecanismo fue presentado esta mañana en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por un amplio panel de funcionarios, cuyas dependencias –Cancillería, Segob, Procuraduría General de la República (PGR) o Policía Federal (PF), entre otros– integran la junta de gobierno del mecanismo.

De acuerdo con ése, entre 2012 y el 31 de agosto de 2016, el mecanismo recibió 430 solicitudes, de las cuales admitió 356 y desechó 74. Dispone de un fondo, operado a través de un fideicomiso público, que contaba con 290 millones de pesos hasta el pasado 31 de mayo.

En los últimos cuatro años, el mecanismo enfrentó varias polémicas, desde las denuncias a la “insensibilidad” y la mala gestión de su extitular, Lía Limón, hasta las repetidas críticas sobre su ineficiencia, que llevaron a Miguel Ángel Osorio Chong, el titular de Segob, a admitir el “fracaso” de esta institución en 2014 .

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, reconoció los “retos que nos quedan por adelante” en el mecanismo y aseguró que el Estado mexicano “rechaza de manera categórica cualquier agresión y acto de intimidación” contra periodistas y defensores de derechos humanos.

De acuerdo con los datos presentados hoy, “ninguna de las personas que reciben protección del mecanismo ha sido víctima de homicidio o desaparición”.

El informe reconoce “la importancia de reforzar su capacidad para generar políticas públicas a largo plazo, a fin de lograr que eventualmente sean las respectivas autoridades encargadas de la procuración de justicia las que prevengan e investiguen de forma efectiva los delitos cometidos en contra de esta población”.

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