COLIMA, Col. (apro).- El gobierno del estado aceptó la recomendación 08/2016 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), que le sugirió establecer lineamientos claros y criterios objetivos, imparciales y transparentes a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial en favor de los distintos medios de comunicación.
El presidente de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores Arias, informó que luego de la aceptación, el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez tiene como plazo límite el próximo 6 de marzo para presentar pruebas de su cumplimiento, aunque tiene la posibilidad de pedir una prórroga de 30 días hábiles más.
Emitida el pasado 19 de diciembre, la recomendación respondió a una queja presentada cuatro años antes por Juan Gabriel Moctezuma Castellanos, director del periódico Avanzada, quien denunció que con motivo de la línea editorial de ese medio, el entonces gobernador Mario Anguiano Moreno violó su libertad de expresión al cancelarle el contrato de publicidad e instrumentar un boicot publicitario en su contra.
En su recomendación, dirigida al secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, el organismo humanitario pidió además supervisar la asignación de publicidad por parte de las dependencias y organismos públicos estatales, con una evaluación adecuada para que la contratación se realice conforme a procedimientos y criterios claros, imparciales y transparentes.
En su investigación, la CDHEC consideró acreditada “la violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a libertad de expresión y a la información, en agravio de todos los medios de comunicación que operan en la entidad, entre los que se encuentra el periódico ‘Avanzada’, por los actos del gobierno del estado de Colima, puesto que no existen ordenamientos jurídicos para la asignación de publicidad oficial”.
En entrevista, el ombudsman estatal consideró trascendente el asunto abordado en esta recomendación, pues se trata de la primera relativa a la censura a través de la asignación de la publicidad oficial.
Flores Arias advirtió que la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos para publicidad gubernamental constituye un mecanismo que afecta a la libertad de expresión, por lo que se necesitan reglas claras para que todos los medios tengan oportunidades de acceso a la contratación de publicidad oficial.
