El gobierno de Colombia y las Farc firman un nuevo acuerdo que no será sometido a votación

El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el principal grupo guerrillero del país, firmaron un nuevo acuerdo de paz el jueves, con la esperanza de salvar las negociaciones después de que el mes pasado los votantes rechazaron un documento que se sometió a un plebiscito.

Si para muchos la ceremonia les resultó familiar es porque todo el proceso ya lo habían vivido antes. A fines de septiembre, las Farc y el gobierno prometieron un nuevo comienzo después de medio siglo de guerra en una ceremonia de firma ante diversos líderes mundiales que se celebró en la ciudad de Cartagena.

Pero el 2 de octubre, pocos días después de la firma, los colombianos acudieron a las urnas y rechazaron el acuerdo por un margen estrecho. Esa misma semana, el presidente Juan Manuel Santos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz y el jurado le instó a no permitir que el acuerdo se paralizara.

Por lo tanto, surgió la necesidad de volver a las negociaciones.

“Al firmar este acuerdo, como presidente de todos los colombianos, quiero invitarlos a que con la mente y el corazón abiertos, le demos la oportunidad a la paz”, dijo Santos en la ceremonia, en el Teatro Colón de Bogotá.

Rodrigo Londoño, el máximo comandante del grupo guerrillero, también habló en la ceremonia y le pidió a los colombianos que perdonen a las Farc por los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Además instó al gobierno a promulgar rápidamente el acuerdo de paz.

Sin embargo, esta vez el presidente Santos no convocará a los votantes para que aprueben el documento. En vez de organizar otro plebiscito, el acuerdo se examinará en el congreso, donde la coalición gobernante de Santos tiene la mayoría, lo que aumenta las posibilidades de que se apruebe.

Los adversarios de Santos lo acusaron de acelerar la firma del nuevo acuerdo sin dejar que antes lo revisara la oposición. Álvaro Uribe, el expresidente que dirigió la campaña contra el documento, dijo que los acuerdos modificados no hicieron lo suficiente para castigar a los guerrilleros, particularmente por delitos de narcotráfico.

Desde el rechazo de los votantes, el gobierno de Santos ha tenido que lidiar con líderes políticos conservadores que hicieron campaña contra el acuerdo, y los rebeldes marxistas que han pasado años negociando con el gobierno en La Habana y esperaban comenzar sus nuevas vidas como civiles.

Santos sostiene que el nuevo documento aborda las preocupaciones de ambos bandos.

El nuevo acuerdo establece protecciones más claras para los agricultores, ya que el gobierno establece una mayor presencia en las zonas rurales. También le da a los jueces mayor injerencia en los casos de narcotráfico vinculados a los guerrilleros, uno de los cambios que habían exigido los políticos conservadores. También prohíbe que los guerrilleros puedan ser candidatos en ciertos distritos recién creados en las zonas del conflicto.

Pero el acuerdo no tomó en cuenta algunas demandas de los dirigentes de oposición que querían que el gobierno le prohibiera a los involucrados en crímenes de guerra cualquier tipo de participación política. Y tampoco incluyó duras penas de prisión para los guerrilleros, puesto que el gobierno sostiene que eso impediría que los combatientes puedan volver a empezar con sus nuevas vidas.

Cynthia J. Arnson, que dirige el programa de América Latina en el Woodrow Wilson International Center for Scholars, dijo que el nuevo documento hizo concesiones importantes a los que votaron en contra de la versión anterior. Ahora el gobierno se enfrenta a la desalentadora tarea de reconstruir el posconflicto en Colombia.

“El camino del acuerdo final ha sido difícil y sinuoso pero la aplicación del acuerdo será 10 veces más difícil que la negociación real”, dijo la experta sobre el proceso que busca finalizar una guerra de 52 años que provocó la muerte de unas 200.000 personas.

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