BOGOTÁ (apro).- El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC anunciaron hoy en La Habana, Cuba, que concluyeron las negociaciones de paz que mantenían desde noviembre de 2012 y que lograron un acuerdo final que pone término a una guerra interna de 52 años.
Los textos del acuerdo final fueron suscritos por los jefes de los negociadores del gobierno, Humberto de la Calle, y de las FARC, Iván Márquez.
“La guerra ha terminado”, dijo De la Calle, pero advirtió que ahora inicia el camino de la transformación de la sociedad colombiana para hacerla más justa e inclusiva.
Márquez, por su parte, destacó la trascendencia “histórica” de estos acuerdos y dijo que debe abrirse espacio a un gran acuerdo político nacional que garantice una paz estable y duradera.
En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el plebiscito para ratificar los acuerdos de paz se llevará a cabo el próximo domingo 2 de octubre. En esa consulta, los colombianos deberán votar por “Sí” o por el “No” a los acuerdos con las FARC.
“Queda en manos de ustedes, de todos los colombianos, decidir con su voto si apoyan este acuerdo histórico que pone fin a este largo conflicto”, aseguró el mandatario.
También dijo que este jueves 25 entregará los acuerdos finales al Congreso para cumplir el trámite legislativo de convocatoria del plebiscito, además de que el gobierno divulgará los textos por todas las plataformas disponibles con el propósito de los ciudadanos los conozcan en detalle.
Los pactos de paz anunciados en el Palacio de las Convenciones de La Habana establecen que las FARC se convertirán en partido político una vez que hayan concluido el proceso de dejación de armas, lo cual deberá ocurrir en el primer trimestre del año próximo.
Además, el gobierno garantizó a esa guerrilla que tendrá una representación mínima de cinco senadores y cinco representantes (diputados) en los próximos dos periodos legislativos (que inician en 2018 y 2022). Esto, aunque no alcance la votación necesaria para obtener esas 10 curules.
Según los acuerdos, integrantes de las FARC que hayan dejado las armas y no tengan una condena penal o sanción disciplinaria, podrán participar con voz, pero sin voto, durante los debates legislativos que se realizarán en las próximas semanas para implementar los acuerdos de paz.
En un comunicado conjunto leído por los representantes de los países garantes del proceso de paz, Rodolfo Benítez, de Cuba, y Dag Nylander, de Noruega, las partes señalaron que tras tres años y nueve meses de negociación, “hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado”.
Esto, agregaron, supone la apertura de un nuevo capítulo en la historia de Colombia, donde más de medio siglo de conflicto armado ha dejado 7 millones de víctimas –desplazados en su mayoría— y 220 mil muertos.
Los acuerdos constituyen, además, “el inicio de una fase de transición para buscar una mayor inclusión social, en especial de quienes están al margen del desarrollo y han padecido la guerra, y el fortalecimiento de la democracia para que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales”.
“Se trata de construir una paz estable y duradera”, señaló el comunicado conjunto divulgado durante una ceremonia presidida por el canciller cubano Bruno Rodríguez.
El acuerdo final de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla más grande y antigua de América Latina incluye seis pactos, entre ellos una reforma rural que aspira a contribuir a la transformación estructural del campo, y condiciones para la participación política de fuerzas tradicionalmente marginadas del sistema democrático-electoral.
Además, un acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de las armas de la guerrilla; la reincorporación de las FARC a la vida civil, en lo económico, lo social y lo político; la solución al problema de las drogas ilícitas mediante la sustitución de cultivos ilícitos en zonas tradicionalmente dominadas por esa guerrilla.
El presidente Santos aseguró que las FARC se comprometieron “a poner fin a cualquier vínculo que hayan tenido con el narcotráfico y a colaborar con el combate de este delito”.
El quinto acuerdo, sobre víctimas, prevé la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, así como la puesta en marcha de tribunales especiales para juzgar a los jefes guerrilleros, militares y civiles que hayan cometido delitos atroces durante el conflicto armado.
El sexto y último punto se refiere a la creación de una comisión de implementación y verificación de los acuerdos en la que estarán representantes del gobierno colombiano y de las FARC.
Adicionalmente, anunciaron un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya a garantizar la implementación del acuerdo final y la verificación.
Las FARC y el gobierno habían alcanzado el 23 de junio anterior un acuerdo de cese bilateral y definitivo del fuego, dejación de armas y desmovilización de las tropas guerrilleras.
Luego de ese paso sólo quedaban por negociar los términos de la amnistía que se otorgará a los guerrilleros que no hayan cometido delitos atroces, las curules especiales que tendrá la guerrilla en el Congreso, y los programas para la reintegración de los combatientes a la vida productiva.
Un hito de la negociación fue el 23 de septiembre del año pasado, cuando el presidente Santos y Timochenko firmaron un acuerdo de justicia que permitirá a los jefes guerrilleros acusados de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad –como secuestro, genocidio y reclutamiento de menores— pagar con penas alternativas esos delitos.
Para ello, se creará una Jurisdicción Especial para la Paz que investigará, juzgará y sancionará con penas diferentes a la cárcel tradicional no sólo a los guerrilleros que confiesen este tipo de crímenes, sino también a los militares y civiles que haya cometido delitos atroces y los revelen de manera voluntaria a un Tribunal de Paz.
Las penas, que se inscriben en el marco de lo que se conoce como “justicia restaurativa”, podrán ser de confinamiento de entre cinco y ocho años en una zona del país donde los sentenciados deberán realizar obras en beneficio de comunidades afectadas por la guerra, como construcción de puentes, carreteras y escuelas.
Los magistrados de la Jurisdicción y el Tribunal de Paz serán 42, cuatro de ellos extranjeros, y su elección estará a cargo de una comisión que contará con delegados del papa Francisco y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, así como de la Corte Suprema de Justicia, el Centro Internacional de Justicia Transicional y los rectores de las universidades públicas del país.
Los adversarios del proceso de paz, encabezados por el expresidente Álvaro Uribe y el ultraconservador procurador general Alejandro Ordoñez, han centrado sus críticas en ese acuerdo de justicia, que según ellos garantiza la impunidad de los jefes de las FARC.
Además, deploran que los comandantes guerrilleros que hayan cometido delitos atroces participen en política.
Pero como sostuvo el presidente Santos, el fin de la guerra significa que las FARC cambien los fusiles por la política, y eso requiere darles condiciones para que estén representados en el Congreso y compitan por cargos de elección popular.
Lo que sigue, después de la terminación de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC, es que esa guerrilla realice su X Conferencia, en la cual las tropas deberán decidir si aprueban los acuerdos. Luego decidirán su transformación de organización armada a movimiento político.
Entre tanto, el presidente Santos deberá convocar a un plebiscito, para el próximo domingo 2 de octubre, a fin de refrendar los acuerdos de paz y en el cual se preguntará los electores si los apoyan o no.
Algunas encuestas muestran una ventaja de los partidarios del “Sí” a los acuerdos de paz, mientras que otras anticipan el triunfo del “No”.
El abogado Jorge Iván Cuervo consideró que existe el riesgo de que el “No” termine por imponerse en las urnas, lo que dejaría a Santos sin capital político para renegociar los acuerdos con las FARC.
Además, esta guerrilla difícilmente aceptará los términos que busca imponer el partido Centro Democrático, del expresidente Uribe: cárcel efectiva para los jefes guerrilleros que hayan cometido delitos graves, la inhabilitación de éstos para actuar en política y que las FARC indemnicen a sus víctimas con los recursos que hayan obtenido de actividades ilegales como el narcotráfico.
Los partidarios del “Sí” señalan que el entusiasmo que generarán en el país el fin de la negociación y la firma de la paz, en una ceremonia protocolar que se realizará en Colombia el mes próximo, terminarán por generar un respaldo mayoritario de los votantes a los acuerdos de paz.
