El gobierno de Trump se está alejando de su extraordinario intento de reunir datos electorales e información personal de los votantes, después de una avalancha de desafíos legales, una protesta de funcionarios del estado y una serie de cancelaciones de registro de votantes por parte de personas preocupadas por su privacidad.
Grupos protectores del derecho al voto han presentado al menos seis demandas en respuesta a una carta enviada el 28 de junio por Kris Kobach, vicepresidente de la comisión presidencial para la integridad electoral, pidiendo a los funcionarios estatales que proporcionen los nombres de los 150 millones de votantes del país. Además, la carta buscaba datos electorales de los votantes, como sus direcciones, números de seguridad social, historiales de votación, afiliación partidaria, antecedentes penales, estado militar y más.
Kobach ha dicho que la solicitud está diseñada para ayudar a prevenir la votación fraudulenta en persona. Pero sus detractores dicen que está buscando una solución a un problema inexistente y sospechan que su verdadero interés está en encontrar razones para negar a los votantes legítimos sus derechos, y conseguir una ventaja partidista.
Tanto Kobach como Trump han lanzado la noción de que entre 3 y 5 millones de personas votaron ilegalmente en noviembre pasado, una noción que ha enfurecido tanto a los republicanos como a los demócratas porque no hay evidencia para apoyarla.
La carta de Kobach le indicó a los estados que cumplan con su solicitud antes del 15 de julio, pero la Casa Blanca ya ha pospuesto ese plazo pendiente de una sentencia del tribunal de Washington DC sobre una de las demandas. Esa decisión no se tomará hasta la próxima semana como muy pronto.
La comisión también ha abandonado los planes para almacenar la información en una computadora temporal del Pentágono y prometió tener un servidor dedicado de la Casa Blanca listo para recibir los datos electorales la próxima semana.
Ningún estado, ni siquiera Kansas, donde Kobach es secretario de Estado y encargado de las elecciones, ha aceptado cumplir plenamente con la petición. Muchos han citado preocupaciones de privacidad y otras restricciones legales. Sólo tres estados, Colorado, Missouri y Tennessee, han indicado cualquier entusiasmo sobre el cumplimiento. Muchos más han respondido con furia, incluyendo a Mississippi, cuyo secretario de Estado republicano le dijo a Kobach que “saltara al Golfo de México”.
El procurador general de Maryland, Brian Frosh, calificó la solicitud de “repugnante”. “Parece diseñado sólo para intimidar a los votantes”, escribió, “y para complacerse con la fantasía del presidente Trump de que ganó el voto popular”.
Según las demandas presentadas por el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (Epic), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros, la solicitud de Kobach evitó los claros requisitos legales sobre la protección de la privacidad -la cuestión que llevó a la Casa Blanca a retrasar su fecha límite.
Los pleitos también acusan a la comisión de trabajar a un nivel de secreto constitucionalmente intolerable, y el propio Kobach de borrar las líneas legales entre su posición como vicepresidente y su candidatura en las elecciones para gobernador de Kansas el próximo año.
Con información de The Guardian
