YAKARTA Indonesia _ Hace 16 años, Zulfigar Ali salió de su nativo Pakistán con rumbo a Indonesia, buscando una vida nueva. El mes pasado, esa vida estuvo a punto de terminar frente a un pelotón de fusilamiento.
Ali ha estado en el corredor de la muerte de Indonesia desde el 2005, después de que lo encontraron culpable de traficar con heroína. Una indagatoria ordenada por el gobierno encontró, después, que era probable que fuera inocente. No obstante, en julio, fue uno de 14 sentenciados, en su mayoría extranjeros, a quienes llevaron a la isla prisión de Nusakambangan frente a la costa sur de Java, para ejecutarlos.
Minutos antes de que los fueran a ejecutar el 29 de julio, a Ali y otros nueve convictos los condonaron por razones que el gobierno todavía no explica. Sin embargo, ejecutaron a tiros a cuatro como estaba programado, incluido un nigeriano cuyos defensores dicen que lo incriminaron. Y Ali sigue condenado, como los demás a los que no ejecutaron.
Más de un año después de que Indonesia atrajo la censura internacional al ejecutar a 12 extranjeros condenados por crímenes relacionados con las drogas, el país ha reanudado una guerra contra los narcóticos por medio de ejecuciones, y, de nuevo, ha puesto en el centro de la atención a su sistema de justicia profundamente defectuoso.
Críticos en Indonesia y otros países dicen que esas fallas son tan profundas que el país no debería utilizar para nada la pena capital. Los investigadores han encontrado que la policía torturó a muchos condenados para que confesaran, no tuvieron acceso a abogados, y, de otras, formas se les negó un juicio justo.
La reanudación de las ejecuciones significa “que el gobierno ha ignorado que existe algo gravemente mal con nuestro poder judicial y con las fuerzas del orden”, dijo Robertus Robet, un conferenciante e investigador en el departamento de sociología de la Universidad Estatal de Yakarta. Caracterizó al gobierno como “uno que dispara ante la más mínima situación”.
“Cuando ejecutas a alguien, ejecutas la posibilidad de averiguar la verdad”, dijo.
Amnistía Internacional ha denunciado “la evidentemente defectuosa administración de la justicia en Indonesia que tuvo como resultado violaciones flagrantes a los derechos humanos”. Naciones Unidas y la Unión Europea han planteado inquietudes similares, la cual envió a una delegación para tratar de persuadir a Indonesia para que no ejecutara a los internos condenados a morir el año pasado.
Indonesia ha tenido la pena de muerte de tiempo atrás, pero la usaba en forma esporádica en los años previos a que el presidente Yoko Widodo asumiera el cargo en octubre del 2014. Al declarar a la drogadicción como “una emergencia nacional”, Yoko rechazó las solicitudes de clemencia presentadas por 64 internos en el corredor de la muerte, a quienes se había sentenciado por crímenes de drogas, en su mayoría extranjeros, y el gobierno estableció la meta de ejecutarlos a todos para finales del 2015.
Eso no sucedió, pero sí ejecutaron a cinco sentenciados por drogas en enero de ese año y ocho más en abril. (También ejecutaron en enero a un indonesio acusado de asesinato.) Entre los convictos ejecutados en abril, siete de los cuales eran extranjeros, estuvieron Andrew Chan, de 31 años, y Myuran Sukumaran, de 34, australianos a quienes detuvieron en el 2005 por tratar de meter heroína de contrabando a Bali, la isla vacacional.
Los hombres se declararon culpables, pero sus abogados dijeron que el juez de la causa era corrupto, y ofreció una sentencia menor a cambio de un soborno. Indonesia rechazó las apelaciones del gobierno australiano para que no los ejecutaran y, en protesta, retiró a su embajador.
También ejecutado en abril, a Rodrigo Gularte, de 42 años, un brasileño condenado por narcotráfico, le habían diagnosticado esquizofrenia y trastorno bipolar en repetidas ocasiones. Indonesia prohíbe la ejecución de convictos mentalmente enfermos.
Dave McRae, un investigador sénior en el Instituto Asia de la Universidad de Melbourne en Australia, quien ha investigado el uso de la pena capital en Indonesia, dijo que las deficiencias en el sistema de justicia aquí también se pueden encontrar en la mayoría de los países que todavía usan la pena de muerte.
“Muchas de las objeciones para que Indonesia utilice la pena de muerte _ sentencias incoherentes y arbitrarias, y aplicaciones de la pena capital, alegatos de corrupción y condenas erróneas, cuestionamientos sobre el acceso a un abogado o un intérprete, y la idoneidad de la representación _ son cuestiones que se plantean en todo el mundo”, explicó.
Tales inquietudes se han planteado en los casos en contra de algunos condenados a los que no se ejecutó el mes pasado, así como algunos a los que sí mataron, incluido el nigeriano Humphrey Jefferson Ejike Eleweke.
A Eleweke lo aprehendieron en el 2003 después de que la policía encontró heroína en un restaurante que él manejaba en Yakarta; él dijo que un empleado la había sembrado. Sus abogados dicen que la policía lo golpeó hasta que confesó.
También dicen que, por ley, debió haberse suspendido automáticamente su ejecución debido a una apelación de clemencia, de último momento, dirigida a Yoko. La semana pasada, unos activistas presentaron una querella ante un comité de vigilancia judicial en contra del fiscal general de Indonesia en la que dicen que la ejecución de Eleweke y la de otros dos debió haberse detenido debido a esas apelaciones, según artículos periodísticos locales.
“No podemos tener la pena de muerte aquí debido al sistema judicial; es problemático, es disfuncional”, notó Ricky Gunawan, el director del Instituto de Ayuda Legal a la Comunidad, una organización no gubernamental que representó a Eleweke.
Otro alegato de corrupción surgió justo antes de las ejecuciones el mes pasado, cuando se mencionó que uno de los hombres, el indonesio llamado Freddy Budimen, había dicho que les había pagado más de 40 millones de dólares a funcionarios del orden para que permitieran que continuara con sus operaciones de narcotráfico antes de que lo detuvieran.
Esa acusación se incluyó en un informe dado a conocer por Haris Azhar, un activista por los derechos, quien había entrevistado a Budiman en la prisión. Poco después de eso, la policía, el ejército y el consejo antinarcóticos de Indonesia, todos implicados en el informe, presentaron una demanda por difamación criminal en contra de Azhar. El jueves, Yoko ordenó a esas dependencias que investigaran los alegatos de corrupción.
El caso de Ali, el paquistaní a quien no ejecutaron, también planteó inquietudes.
A Ali, quien inmigró a Indonesia en el 2000, su amigo Gurdip Singh, a quien habían atrapado con heroína, lo acusó de ser narcotraficante en el 2004. Después, Singh dijo que la policía lo había presionado para que diera nombres de cómplices y le ofrecieron reducirle la sentencia. Los abogados de Ali dicen que a su cliente lo aprehendieron en su casa sin la orden correspondiente, no encontraron ninguna droga y él firmó una confesión después de que lo golpearon tanto cuando estaba bajo custodia que requirió de dos operaciones.
Aun cuando Ali se retractó de su confesión y Singh retiró su acusación, a ambos los sentenciaron a muerte en el 2005. Sin embargo, la gravedad de la golpiza propinada a Ali atrajo atención hacia el caso y el gobierno ordenó una indagatoria insólita, con la que se concluyó que era probable que fuera inocente.
El gobierno nunca actuó en relación a esa conclusión, y Ali y Singh estuvieron entre quienes casi se enfrentan al pelotón de fusilamiento.
“Nunca estuvo involucrado en las drogas”, dijo en una entrevista Siti Rohani, la esposa de Ali, quien vive en la provincia de Java Occidental con sus tres hijos.
Johan Budi, un portavoz de Yoko, negó que el sistema judicial sea disfuncional, cuando dijo que se habían seguido procedimientos legales en las ejecuciones.
Ali, junto con Singh y varios de los otros convictos a quienes les otorgaron aplazamientos, sigue en la isla prisión de Nusakambangan, donde se llevan a cabo las ejecuciones en Indonesia. Siti dijo que la familia de su esposo en Pakistán y ella se encuentran en un limbo tortuoso.
“Solo estamos confundidos porque no hay ninguna certeza sobre el destino de mi esposo”, dijo.
M. Rum un vocero de la oficina del fiscal general, declinó explicar por qué se les habían otorgado aplazamientos a Ali y a otros convictos, y solo dijo que se debió “a razones judiciales y no judiciales”. Sin embargo, dijo que, al final, se llevarían a cabo las ejecuciones.
Joe Cochrane
© 2016 New York Times News Service
