CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La coordinadora de la fracción perredista en el Congreso local, Erika Alcaraz Sosa, calificó de “falsa” la información sobre el amparo que solicitaron los integrantes de la LXI Legislatura para mantener en la opacidad el monto del salario acumulado que reciben mensualmente.
Incluso señaló que el punto no ha sido discutido en el pleno, y aseguró que la información dada a conocer por Apro tiene el propósito de “confundir a la sociedad, porque se trata de un tema tan trillado que causa molestia y que por lógica se lleva aplausos de lectores, pues no tienen el pulso de lo que hacen los políticos que sí trabajan”.
El resto de representantes y coordinadores parlamentarios en el Congreso local hicieron mutis y evadieron el asunto, que exhibe la resistencia de la clase política para transparentar el uso de recursos públicos y la opacidad de la estructura gubernamental en el estado.
Ayer, Apro dio a conocer que a principios de mes los diputados de la LXI Legislatura local solicitaron un amparo para negarse a cumplir una resolución emitida por el Instituto de Transparencia estatal (Itaigro), que ordenó revelar el monto total de su salario neto y bruto, que junto a otro tipo de prestaciones y bonos suman más de 200 mil pesos mensuales.
En su alegato, el apoderado legal externo del Poder Legislativo, Ciro Rubio Alvarado, aseguró ante el Juzgado Décimo de Distrito, con sede en esta capital, que esa decisión “traería efectos perniciosos en las garantías fundamentales” de los diputados locales.
En tanto, la coordinadora de la fracción perredista, Erika Alcaraz Sosa, calificó de “falsa” la información difundida, con el argumento de que el tema no ha sido abordado en el pleno del Congreso.
Afirmó que su bancada “nunca ha tenido inconveniente alguno” para revelar el monto de su salario acumulado, así como los apoyos sociales que reparte.
Ayer se realizó en el Juzgado Décimo de Distrito con sede en esta capital la audiencia incidental relacionada con el juicio de amparo 110/2017 que interpuso el Congreso local en contra de la resolución del Itaigro.
En la diligencia judicial, el área jurídica del Instituto señaló que la resolución no causa agravio a los diputados locales porque se trata de garantizar el derecho fundamental del acceso ciudadano a la información pública.
Además planteó que esta acción constituye una obligación legal de todas las dependencias y servidores públicos que ejercen recursos del erario.
Por ello, solicitó la declaratoria de improcedencia de la suspensión provisional que beneficia al Congreso, con el argumento de que los diputados locales tienen “la obligación ineludible” de transparentar el ejercicio de los recursos públicos.
En su argumentación jurídica, el Itaigro recordó que la ley 207 de Transparencia –aprobada por los propios legisladores en mayo pasado– indica que las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados deben estar a disposición del público a través de su portal de internet, incluso sin mediar solicitud.
La fracción VIII del articulo 81 de la Ley de Transparencia en la entidad precisa que entre esas obligaciones destaca la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base y confianza, y todas las percepciones, incluidos sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dieta, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.
Después de la audiencia incidental, en los próximos días el juez federal Jacinto Figueroa Salmorán deberá resolver en definitiva el juicio de amparo para determinar si protege la opacidad del Congreso o se obliga a los diputados locales a cumplir con la legalidad y hacer público el monto de su salario y prestaciones que reciben mensualmente, como lo indica la norma vigente.
