CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Decenas de organizaciones sociales consideraron “injustificable” que no se haya aprobado la ley general contra la tortura, pese a que hace más de un año venció el plazo constitucional para concluir el proceso en la Cámara de Diputados.
El pronunciamiento de las organizaciones ocurre cinco días después de que el relator de Naciones Unidas sobre tortura y malos tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, Nils Melzer, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe de seguimiento al realizado por su antecesor, Juan Méndez.
En un comunicado, las firmantes –80 de ellas integrantes de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los para todas y todos (RED TDT)— demandaron a los legisladores concluir el proceso de discusión y aprobación de la Ley General, así como incluir las recomendaciones al respecto hechas por el relator.
Las organizaciones resaltaron que en su informe de seguimiento, el relator Melzer da cuenta de que la tortura “sigue siendo generalizada en México”, tal como lo señaló su antecesor tras su visita en 2014, cuando corroboró que esa práctica “es comúnmente usada para la obtención de confesiones o como método de castigo”.
De acuerdo con el informe, en nuestro país los métodos de tortura incluyen “la asfixia, la violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura psicológica”.
Las agrupaciones firmantes resaltaron la preocupación del relator por “el uso de la violencia sexual en forma alarmante en las investigaciones” contra mujeres, sobre todo “de bajos recursos y de bajo nivel educativo”.
El relator también consideró preocupante que, “a pesar de los pronunciamientos de autoridades públicas, no se observan investigaciones imparciales e independientes”, apuntaron los activistas.
Los firmantes añadieron que ante la realidad que describe el relator Melzer, los diputados deben atender las observaciones que hizo sobre la iniciativa de Ley General, anunciada desde hace dos años.
Entre los apuntes que el relator realizó sobre la legislación –y que son retomados por los defensores de derechos humanos en su pronunciamiento– están la eliminación de “las excepciones a la regla de exclusión de las pruebas obtenidas mediante tortura; contemplar claramente la responsabilidad de los superiores jerárquicos; y fortalecer el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura”.
Otras de las observaciones del relator, destacaron los inconformes, se refieren a las “regresiones introducidas por la Cámara”, que pretenden “restringir los alcances del registro nacional de tortura; limitar las denuncias de tortura por parte de algunas autoridades; acotar la facultad de atracción de las autoridades federales y reducir las garantías de no intervención de servidores públicos presuntamente involucrados en actos de tortura en las investigaciones”.
Para las organizaciones no cabe duda de que, “tanto el diagnóstico de la crisis de tortura que vive el país, como las fallas señaladas en el dictamen, hacen eco de la conclusiones de otros organismos de derechos humanos que han visitado el país en los últimos años”, así como de aquellas a las que han llegado las propias agrupaciones mexicanas que defienden casos de tortura.
“Ante el consenso sobre la necesidad de aprobar la Ley General corrigiendo los puntos señalados, consideramos injustificable demorar más el proceso e instamos a las y los diputados a enfocarse de manera urgente en la perfección y votación de la ley, recordando su obligación ineludible de respetar y garantizar los derechos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales”, remataron las agrupaciones.
Entre quienes emitieron el pronunciamiento están: Asociadas por lo Justo, Asistencia Lega por los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
Además, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Fundar Centro de Análisis e Investigación; el Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz de la Universidad Iberoamericana, y aquellas agrupaciones que integran la Red TDT.
