CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A nombre del Frente Vecinal Poniente, el abogado Ricardo Galván presentó un juicio de amparo colectivo en contra de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.
Los inconformes impugnaron la autorización que dio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la construcción de dos Vasos Reguladores y la perforación de un túnel en el Desierto de los Leones, en la Delegación Cuajimalpa, sobre el río Tacubaya y la presa Tacubaya,
De acuerdo con Galván, del despacho Gama Abogados & Consultores, los vecinos se ampararon contra la edificación del referido proyecto porque no se realizó la consulta respectiva para cambiar el uso de suelo en términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 50 de la Ley Ambiental y de Protección a la Tierra de la Ciudad de México.
En su tramo 3, el proyecto ferroviario incluye la colocación de 88 zapatas (estructuras para soporte de columnas) sobre el Río Tacubaya y encima del Acuífero cuya manifestación es el manantial Santa Fe, en la delegación Álvaro Obregón, que dota de agua al pueblo originario del mismo nombre.
Esas aguas potables tienen comunicación con la vegetación y las aguas subterráneas de la Sierra de las Cruces, donde actualmente se construye el tramo 2, por lo que proveen de servicios ambientales a la capital del país.
El abogado destacó que lo más grave es que la SCT pretende construir su proyecto sobre la presa Tacubaya y el drenaje de Tacubaya, además de que la vía férrea esta proyectada para edificarse a escasos metros de las viviendas y no existen dictámenes de Protección Civil que avalen la movilidad de la zona.
Al justificar el trazo ante la Semarnat, la empresa que realizó el proyecto, Senermex Ingeniería y Sistemas S.A. de C.V., señaló que el Parque Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, mejor conocido como La Marquesa, que abarca territorios de Huixquilucan y Cuajimalpa, no es objeto de protección porque la Semarnat no ha hecho una nueva valoración de ese Parque Nacional para determinar si conserva cualidades ambientales y, por lo tanto, no se requiere del cambio de uso de suelo.
“Es increíble que la Semarnat haya aceptado esa interpretación de la normatividad ambiental para aprobar el proyecto”, dijo el abogado, y precisó que las fianzas que pagaron las empresas contratistas Caabsa e ICA fue para garantizar posibles daños durante la construcción de la obra, no para garantizar el cumplimiento de condicionantes, una de las cuales es el resarcimiento del daño.
“Es un proyecto que fue planeado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno del Estado de México, como lo acreditamos con las actas de las licitaciones, sin la participación del Gobierno de la Ciudad de México ni de los pueblos originarios”, indicó.
