Japón ha aprobado una polémica ley que apunta a conspiraciones para cometer terrorismo y otros crímenes graves, a pesar de una advertencia de la ONU de que podría utilizarse para acabar con las libertades civiles.
El gobernante Partido Liberal Democrático y su coalición junior impulsaron el proyecto de ley a través de la cámara alta del parlamento japonés, mientras miles de personas protestaban afuera.
La votación del proyecto de ley, que se ha retrasado tres veces en medio de una amplia oposición pública, se produjo después de que un experto de la ONU calificó la legislación de “defectuosa”, provocando una respuesta enojada del primer ministro japonés, Shinzo Abe.
Funcionarios de Tokio insisten en que se necesita la ley para ratificar un tratado de la ONU de 2000 dirigido contra el crimen organizado mundial y para mejorar las medidas antiterroristas de Japón mientras se prepara para albergar la copa mundial de rugby en 2019 y los Juegos Olímpicos del año siguiente.
“Es sólo tres años hasta los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y por lo tanto me gustaría ratificar el tratado sobre el crimen organizado lo antes posible para que podamos cooperar firmemente con la sociedad internacional para prevenir el terrorismo”, dijo Abe a los periodistas. “Por eso se promulgó la ley”.
La legislación criminalizaría la conspiración y la preparación para cometer 277 “crímenes graves”.
Pero la Federación Japonesa de Asociaciones de Abogados y otros críticos señalan que los delitos comprendidos en la ley incluyen a aquellos que no tienen conexión obvia con el terrorismo o el crimen organizado, como las sentadas para protestar por la construcción de edificios de apartamentos o copiar música.
Los opositores ven a la legislación como parte de la misión más amplia de Abe de aumentar los poderes estatales, y temen que los ciudadanos comunes puedan ser blanco, a pesar de las seguridades del gobierno en contrario.
Renho Murata, líder del partido opositor demócrata, dijo que el gobierno de Abe había empujado una ley “brutal” que violaría la libertad de pensamiento.
Los críticos temen que la ley, combinada con una ampliación de las escuchas telefónicas legales y la renuencia de los tribunales a limitar los poderes de vigilancia de la policía, pueda disuadir a la oposición popular a las políticas gubernamentales.
Para intentar acelerar la aprobación de la ley, el bloque gobernante tomó el raro y contencioso paso de saltarse un voto en un comité de la cámara alta y pasar directamente a una votación en la cámara alta,
Con información de The Guardian
