Juegos Centroamericanos Veracruz 2014 Otra de Duarte: malversó $1,200 millones…

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CIUDAD DE MEXICO (proceso).- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) demandó en un juicio civil al estado de Veracruz para exigir la devolución de mil 200 millones de pesos que le transfirió para la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) de 2014.

Veracruz no destinó los recursos públicos federales otorgados a los conceptos autorizados por la Conade; no reportó, dentro de los cincos primeros días de cada mes, los ingresos, egresos y rendimientos financieros, así como su destino y saldo final; tampoco acreditó con transparencia ni rindió cuentas del origen, destino, aplicación y comprobación de los mismos.

Por ello, la Conade exige la rescisión de cinco convenios con el estado que gobernaba el priista Javier Duarte (hoy prófugo) firmados el 23 y 31 de julio de 2012, 1 de abril, 14 de mayo y 16 de octubre de 2014. Argumenta que se incumplieron las obligaciones pactadas.

Por la cancelación del convenio del 23 de julio, el organismo del deporte nacional solicita que se le reintegren 100 millones de pesos; por el segundo (31 de julio) solicita la devolución de 63.3 millones de pesos.

Por el tercer y cuarto convenios (1 de abril y 14 de mayo de 2014), la Conade pidió que se devuelvan 400 millones por cada uno. Por el quinto convenio, signado el 16 de octubre de 2014, reclama de vuelta 300 millones de pesos.

Además del dinero ministrado, la Conade demanda el pago de los rendimientos financieros que se hayan generado a partir de que el estado recibió los depósitos en el Fideicomiso de los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014 y hasta que los demandados reintegren a la Tesorería de la Federación los montos reclamados.

De los mil 200 millones de pesos, mil 100 millones (los tres últimos convenios) fueron entregados a Veracruz cuando Jesús Mena fungía como director de la Conade.

En 2014, a pesar de que ya eran públicas las irregularidades con las que Javier Duarte y su equipo de colaboradores organizaban los JCC, Mena liberó recursos federales para tal fin.

En dichos acuerdos se pactó que el dinero que la Conade entregaría a Veracruz ingresaría al Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014.

Mediante transferencias bancarias, la Conade entregó los recursos federales a la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz (Sefiplan) y ésta, a su vez, estaba obligada a depositarlos en el mencionado fideicomiso.

La Conade realizó la primera transferencia por 100 millones de pesos el 31 de octubre de 2012. La segunda, por 63.3 millones, la llevó a cabo el 19 de diciembre de ese mismo año.

El 22 de abril de 2014, después de que durante 16 meses la Conade no entregara recursos a Veracruz, le dio otros 400 millones. El 22 de mayo le transfirió 400 millones más y el 23 de octubre los restantes 300 millones.

Esto pone en evidencia que entre el 19 de diciembre de 2012 y el 22 de abril de 2014, la Conade dejó de suministrar recursos. Durante todo un año, y en la fase más importante de preparación rumbo a la justa deportiva, el gobierno federal le cerró la llave al estado que gobernaba Duarte –hoy buscado por desfalcar a la entidad.

La ruta del dinero

En agosto de 2013, Proceso publicó tres reportajes en los que dio cuenta de las irregularidades que privaban tanto en la organización de los JCC como en la “construcción” de la infraestructura deportiva, que terminó siendo, en muchos casos, un simple remozamiento de las instalaciones por falta de tiempo y recursos.

Cuando faltaban poco más de 400 días para la inauguración de las competencias sólo se había iniciado una obra y el gobierno federal se negaba a canalizar más recursos, pues el estado aún no comprobaba el dinero que se le había asignado con antelación (Proceso 1922).

A partir de que en 2008 la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) anunció que Veracruz sería la sede de la edición XXII de los JCC, cinco personas estuvieron al frente de la organización de la justa.

Primero fue Elizabeth Morales, exalcaldesa de Xalapa y presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados en la LX Legislatura.

Después fungieron como directores del Comité Organizador (Cover) y responsables del Fideicomiso las siguientes personas: Gerardo Lagunes Gallina, diputado federal por el PRI en la LX Legislatura; David Velasco Chedraui, exalcalde de Xalapa; el priista de la vieja guardia Dionisio Pérez-Jácome, jefe de la Oficina de Programa de Gobierno durante el sexenio de su amigo Fidel Herrera Beltrán, y Carlos Sosa Ahumada, quien después fue nombrado director del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) y en 2016 se convirtió en candidato a diputado local por el PRI.

Cuando fue cesado, en enero de 2011, Gerardo Lagunes informó que hasta ese momento el gobierno federal había depositado dos partidas: una en 2009 por 100 millones de pesos y otra en 2010 por 147 millones. Detalló que ese dinero estaba en el fideicomiso y que no había sido utilizado. Durante todos esos meses generó intereses.

También manifestó que el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados para 2011 era de 170 millones de pesos, y que para 2012 los recursos federales debían superar los mil millones.

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que entre 2009 y 2011 el gobierno federal transfirió, a través de la Conade, 408 millones 630 mil pesos al Fideicomiso de los JCC. Durante esos tres años, el dinero no se utilizó y sólo generó intereses (Proceso 1922).

El Fideicomiso F/550048821 fue creado el 30 de octubre de 2009 en el banco Scotiabank Inverlat con la cuenta de cheques 056016059041.

Por estas razones, el gobierno federal se rehusaba a aportar más recursos. Pero entonces Jesús Mena tomó la decisión de, a pesar de las irregularidades y la falta de comprobación, entregar las cantidades más grandes para cumplir con el compromiso de organizar la competencia.

En una de las cláusulas de los convenios firmados entre la Conade y el estado de Veracruz quedó asentado que los recursos deben ser destinados “para la construcción, remodelación, desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura deportiva para la organización y celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, previa aprobación de su Comité Técnico. Por tal motivo, en ningún caso los recursos referidos podrán ser destinados al gasto corriente del estado ni a fines distintos del objeto del presente convenio”, se lee en la demanda de la cual posee copia Proceso.

En mayo de 2014, ambas partes celebraron un convenio modificatorio para cambiar el firmado el 1 de abril de ese mismo año: el gobierno estatal podría disponer de 100 millones de los 400 millones de pesos para adquirir equipamiento deportivo, y no sólo para erigir infraestructura.

En la demanda, la Conade explica al juez que en todos los convenios antes mencionados entre Veracruz y el IVD “los demandados realizaron erogaciones por conceptos distintos de los autorizados en dichos convenios, tal y como se acredita con la observación de la Auditoría Superior de la Federación de fecha 17 de septiembre de 2015”.

La ASF determinó que 55.3 millones de pesos provenientes de intereses y rendimientos de los convenios del 23 y 31 de julio de 2012 no se destinaron para infraestructura deportiva sino a la compra de equipamiento deportivo.

El organismo fiscalizador también observó que casi 600 millones 900 mil pesos no fueron destinados para adquirir objetos deportivos sino “para equipamiento tecnológico, arrendamiento de instalaciones, actos protocolarios, transportación, servicios de energía, montaje, cableado, telefonía, seguridad, aportaciones a federaciones, derechos de autor, uniformes, equipo médico, entre otros”.

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