CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por considerarlos “notoriamente improcedentes”, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones desechó 50 demandas de amparo promovidas contra el nuevo esquema de precios de gasolinas por regiones.
La Judicatura federal informó que la juzgadora del caso –con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República— determinó que “esta clase de reclamos no pueden ser dirimidos por el Poder Judicial, porque el juicio de amparo no es la vía idónea para decidir si es correcta la política pública en materia económica, implementada por uno de los Poderes de la Unión”.
Al respecto, Manuel Granados, consejero Jurídico y de Servicios Legales del gobierno de la Ciudad de México, –y uno de los promotores de dichos amparos–, consideró que la decisión de la mencionada autoridad “es incongruente a la naturaleza del argumento que busca revertir el alza a los combustibles en el país”.
El abogado y exdiputado acusó que la juzgadora “se está saliendo por la tangente”, pues su decisión “no está ajustada a derecho”, por lo que en las próximas horas anunciará la ruta legal a seguir.
Este viernes, la Judicatura federal emitió un comunicado para informar que el juzgado citado comenzó a desechar 50 demandas de amparo “promovidas en contra del nuevo diseño de la política económica en materia de determinación de precios de las gasolinas”.
La determinación de improcedencia, agregó, está basada en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 77 del mismo ordenamiento legal.
Según la Judicatura, la decisión se tomó “en cumplimiento del derecho humano de pronta y expedita impartición de justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución, pues los motivos de improcedencia no podrían ser desvirtuados, ni aun con la tramitación del juicio”.
Según la autoridad, la sentencia precisa que “las políticas de Estado solo pueden ser instrumentadas por una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental; y que ello constituye un obstáculo jurídico que impide instruir a los órganos de Estado, señalados como autoridades responsables, para adoptar ciertas políticas públicas o medidas de carácter económico, pues sería tanto como sustituirse en la competencia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo”.
La Judicatura aclaró que no le corresponde al juzgado federal imponer una obligación a los expendedores de gasolina, para realizar el cobro del combustible bajo determinados precios. Esa, agregó, “es una decisión regulatoria discrecional que corresponde a las autoridades rectoras de la economía nacional”.
Incluso, dijo que se apoya en un criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que “un control estricto en el caso de normatividad con efectos económicos… llevaría al Juez constitucional a sustituir la competencia legislativa del Congreso -o la extraordinaria que puede corresponder al Ejecutivo-, pues no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias”.
De hecho, estimó que jurídicamente no sería factible ordenar a las autoridades responsables que legislaran de nuevo en materia económica y de política pública y “rediseñaran” un nuevo esquema de fijación de precios.
Según su argumento, “con ello se ocasionaría que se le diera a un posible fallo protector, efectos generales, contrarios al principio de relatividad que rige al juicio de amparo”, además de que “la Constitución no contemplaba garantía alguna que permitiera al gobernado encauzar la política económica del Estado hacia una medida específica”.
“Decisión incongruente”: Consejería
El pasado 16 de enero, el consejero Jurídico y de Servicios Legales del gobierno capitalino, Manuel Granados, encabezó la presentación de 12 amparos en el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación contra el establecimiento de las tarifas diferenciadas de la gasolina.
Acompañado de reconocidos juristas, académicos y activistas, el funcionario argumentó que la medida es “inconstitucional” y exigió regresar al costo operativo que funcionó hasta diciembre de 2016.
Tras conocer la determinación del juzgado de desechar 50 amparos, este viernes Granados Covarrubias aseguró que la decisión de esa autoridad “es incongruente a la naturaleza del argumento que busca revertir el alza a los combustibles en el país”.
En un comunicado, argumentó que “en ningún sentido” la estrategia impulsada por el gobierno de Miguel Ángel Mancera solicita nuevas legislaciones en materia económica y de política pública, ni modificar la rectoría económica del Estado, como lo señaló en su determinación el Juez Federal.
“Es una resolución que carece de firmeza y lo que queremos y exigimos es que la autoridad nos explique la metodología sobre la cual definió establecer costos diferenciados por zonas para el diesel y la gasolina que, lamentablemente, sigue afectando el bolsillo de los mexicanos”, explicó.
El exdiputado local añadió: “sentimos que se están saliendo por la tangente; a la fórmula que nadie entiende y que define los precios de los combustibles, se suma un criterio que no corresponde al fondo de nuestro amparo”.
A criterio de los abogados de la Consejería Jurídica, afirmó que la notificación del Poder Judicial de la Federación “no está ajustada a derecho”, por lo que en las siguientes horas anunciará la ruta legal a seguir.
En tanto, dijo que “seguiremos dando la lucha porque es inadmisible que siempre la paguen quienes menos tienen. La decisión del Poder Judicial de la Federación no es definitiva y como lo ha reiterado Miguel Ángel Mancera, iremos hasta el final y hasta donde tope”.
El funcionario recordó que los juicios promovidos por la administración local buscan dejar insubsistentes los acuerdos que crearon las modificaciones en los precios de las gasolinas y el diesel y volver a los que se tenían en 2016.
Luego, reiteró la convocatoria a los capitalinos que deseen interponer amparos contra el precio diferenciado de los combustibles, para recibir asesorías en el Módulo de Atención que instaló la Consejería en la explanada del Zócalo capitalino.
